Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de
listas restrictivas y de
consultoría Sarlaft y Sagrlaft a cerca de 200 empresas del sector financiero, sector real, sector cooperativo, sector salud y de comercio exterior en Colombia y en varios países de Latinoamérica.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó al Congreso de ese país la edición 2019 del Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés).
Este informe evalúa los esfuerzos de alrededor de 70 gobiernos extranjeros para reducir la producción, el tráfico y el uso de drogas ilícitas, así como su trabajo para contrarrestar el lavado de activos y otros delitos financieros relacionado con el narcotráfico.
Las listas vinculantes para Colombia
El Incsr se publicó por primera vez en 1986 y en esta ocasión está reseñado el año 2018.
En términos generales, el Incsr de este año subraya que la crisis de las drogas sintéticas a base de opioides que tiene afectado a los Estados Unidos representa un problema mundial que requiere una acción internacional urgente.
El informe destaca no solo los aumentos en el tráfico y el abuso de fentanilo y otros opioides sintéticos mortales en todo el mundo, sino también el crecimiento continuo en la producción de cocaína y metanfetamina en el extranjero y la producción desenfrenada de heroína en Afganistán.
“La reducción de tales amenazas de drogas requerirá compromisos adicionales de los gobiernos aliados, a veces apoyados por la asistencia de los Estados Unidos, para golpear todos los eslabones en la cadena que abarca el cultivo y la producción de drogas, los envíos, los flujos financieros y la demanda.
El
volumen I del Incsr está referido a las drogas y sus precursores químicos con el fin de proporcionar una visión general de los esfuerzos de control narcóticos durante 2018. El
volumen II está relacionado con el lavado de activos y los crímenes financieros asociados al narcotráfico.
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Los resultados de Colombia en la lucha contra el LA/FT
“
Colombia tiene uno de los sistemas de antilavado más rigurosos de América Latina, pero el lavado de dinero existe en toda su economía, especialmente en lo que se refiere al producto del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y la corrupción” (Incsr vol. I).
El informe destaca que en agosto de 2018 la administración del presidente Iván Duque anunció que apuntaría en contra del LA/FT como uno de sus "diez principales delitos prioritarios" y que aumentaría el uso del decomiso de activos. “Colombia tiene una capacidad impresionante para detectar el lavado de activos y debe continuar mejorando la interdicción, el enjuiciamiento y la cooperación interinstitucional para implementar un régimen ALA/CFT efectivo y eficiente”.
Según las autoridades estadounidenses, los fondos ilícitos en Colombia se lavan con mayor frecuencia a través del contrabando de efectivo, transacciones de bienes raíces, transferencias bancarias, remesas, casinos, juegos y loterías, ganado, minería ilegal, tarjetas de débito prepagadas, y criptomonedas.
Listas restrictivas y habeas data
El mercado negro del peso: preocupación de Estados Unidos
Según el informe, Colombia es vulnerable al lavado de activos en distintas modalidades de operaciones, aunque hay una que preocupa especialmente a Estados Unidos: las operaciones de cambio informal de divisas.
El documento describe este mercado ilegal como “uno de los esquemas de lavado de dinero más perniciosos en el hemisferio occidental que procesa miles de millones de dólares en ingresos de drogas por año solo en Colombia a través de cambio de moneda con fines de lavado”. En este mercado paralelo no sólo se encuentran operaciones de fraccionamiento de transacciones ("pitufeo"), sino también contrabando de efectivo y otros delitos financieros.
Aunque existen variaciones en los esquemas involucrados en el mercado negro del peso, en general los traficantes de drogas repatrian e intercambian las ganancias ilícitas obtenidas en los Estados Unidos de la siguiente manera: un lavador de dinero en Estados Unidos le proporciona a comerciantes en Colombia dólares ilícitos a una tasa de descuento.
El comerciante colombiano o venezolano los acepta, y utiliza los fondos ilícitos para comprar mercadería en Estados Unidos con fines de importación a Colombia. A cambio, el comerciante que importa las mercancías le proporciona al lavador un equivalente en pesos en Colombia que luego terminan en las arcas del cartel de la droga correspondiente.
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El régimen legal colombiano ALA/CFT
"El régimen legal y la estructura regulatoria de ALA/CFT en Colombia cumple de manera general con los estándares internacionales, y Colombia ha promulgado las regulaciones de debida diligencia del cliente y de reporte de transacciones sospechosas", destaca el documento. Sin embargo, Estados Unidos identificó algunos campos con oportunidades de mejora.
En particular, el informe señala que si bien la regulación del sector financiero del gobierno colombiano es sólida, su
regulación de otros sectores (en particular el comercio, las empresas de intercambio de dinero y los sindicatos privados) es inconsistente. Los impedimentos clave para un régimen eficaz siguen siendo la capacidad limitada de sanciones financieras, la falta de cooperación interinstitucional, la ausencia de recursos idóneos para investigar y procesar delitos financieros complejos y la complejidad de la debida diligencia para las Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Adicionalmente, el informe enfatizó que el presidente Duque anunció una serie de reformas de justicia planificadas que incluyen propuestas para ampliar las capacidades de decomiso de activos que, si se aprueban, le permitirían a la Procuraduría General incautar activos obtenidos de manera ilícita en casos de corrupción pública, proporcionando un elemento disuasorio y otra fuente de financiamiento para las actividades de aplicación de la ley del gobierno colombiano. Estas medidas son deseables.
Por último, en cuanto a la cooperación binacional, el informe destaca que “las autoridades colombianas y estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley cooperan estrechamente en las investigaciones de lavado de activos y decomiso de activos, y el intercambio de información se realiza con regularidad”.
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Los resultados de Colombia en materia de drogas y precursores químicos
Según el Ministerio de Justicia sobre este informe, “solo cuatro meses después de haberse puesto en marcha [la política antidrogas del Gobierno Nacional ‘Ruta Futuro’], esta política ya registra importantes avances que reconoce el último Reporte Estratégico Internacional sobre Control de Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un informe que se presenta cada marzo sobre diferentes países y que en esta oportunidad se convierte en el más positivo para Colombia en los últimos años, dado el reconocimiento que se hace de la cooperación, la asistencia y el trabajo conjunto de los dos países”.
El reporte del gobierno norteamericano de 2019 menciona que en el último año Colombia ha logrado incautar 450 toneladas de cocaína pura y 250 de marihuana, mientras que el informe de 2018 registró 390 y 197 toneladas, respectivamente. Así mismo, destaca que en 2018 el país destruyó 3.855 laboratorios de base de coca y 319 de clorhidrato de cocaína, en tanto en 2017 estas cifras fueron de 3.186 y 248.
El documento asegura, igualmente, que para luchar contra las drogas Estados Unidos seguirá proporcionando asistencia a la Polícía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y la Procuraduría, y resalta que la extradición sigue siendo una herramienta crucial contra las personas involucradas en el tráfico de estupefacientes.
“El gobierno de los Estados Unidos continuará monitoreando de cerca el desarrollo e implementación de la estrategia de Colombia para el control de las drogas con el fin de asegurar que se concreten progresos que lleven a reducir la producción y tráfico de drogas ilícitas”, concluyó el Incsr.
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La situación del lavado de activos en el mundo
“El lavado de activos, tanto a nivel nacional como multilateral, sigue siendo un importante problema de delincuencia a pesar de los esfuerzos robustos y multifacéticos para enfrentarlo”, señala el informe, para luego afirmar que no es posible llegar a una cifra precisa de la cantidad de ingresos criminales lavados globalmente, aunque se estima que
alcanzan entre el 2% y el 5% del PIB mundial.
Según el Departamento de Estado, el lavado “es un fenómeno criminal aparentemente omnipresente que facilita muchos otros delitos y que se ha convertido en una herramienta indispensable de los narcotraficantes, las organizaciones criminales transnacionales y los grupos terroristas de todo el mundo”, por lo que debe ser entendido en su totalidad para poder frenarlo.
Dentro de sus peores consecuencias, Estados Unidos destaca que “contribuye a la ruptura del Estado de derecho, a la corrupción de los funcionarios públicos y a la desestabilización de las economías, además de que amenaza la estabilidad política, la democracia y los mercados libres en todo el mundo”. Por estas razones, el desarrollo e implementación de regímenes de ALA/CFT efectivos compatibles con los estándares internacionales y la capacidad para enfrentar los desafíos en evolución es claramente vital para el mantenimiento de sistemas financieros y comerciales solventes, seguros y confiables.
El informe de este año destaca que los problemas reflejados en las Evaluaciones Mutuas de países realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) coinciden con los desafíos clave en la lucha contra el LA/FT a nivel mundial. En efecto, los retos a vences resultan ser la baja calidad en el reporte de operaciones sospechosas, las fallas en la identificación de los beneficiarios finales de sociedades y transacciones y la falta de cooperación internacional.
Asimismo destaca el informe que, a medida que las nuevas tecnologías entran en uso, son varios los delitos incluido el lavado de activos que empiezan a evolucionar en paralelo y que, así, plantean nuevos desafíos para las sociedades, los gobiernos y la aplicación de la ley.
Por ejemplo,
el rápido crecimiento de los pagos móviles globales sin necesidad de cuenta y las monedas virtuales exige una atención especial en el ámbito de la lucha antilavado pues el riesgo de que las organizaciones criminales y terroristas coopten a los servicios de pago móvil y las criptomonedas es real, especialmente porque estos servicios tienen estándares de transparencia inferiores a los vehículos tradicionales.
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