Continuando con el artículo por entregas que describe la historia del delito de lavado de activos y las medidas que se han tomado en Colombia y el mundo para hacerle frente, en esta edición se presentan los hechos más significativos de la década de los años 90, donde se asestaron duros golpes a los carteles colombianos de la droga y se emitieron normas que en la actualidad tienen gran vigencia.
Convención de Estrasburgo
Durante la década de los años 80 creció en Europa la preocupación por el lavado de activos y su dimensión internacional. Para hacerle frente, el Consejo de Europa firmó en 1990 la Convención de Estrasburgo contra el blanqueo de dinero y para el seguimiento, embargo y confiscación del producto del delito.
El acuerdo también contó con la participación de expertos de Estados Unidos, Canadá y Australia, lo que permitió darle un enfoque trasnacional, toda vez que su finalidad es fomentar la cooperación entre los países para adelantar la lucha contra el lavado de activos.
La Convención consta de cuatro capítulos y 44 artículos.
Asamblea Nacional Constituyente
Tras la guerra que el narcotráfico le declaró al estado colombiano a través de sucesivos atentados, el gobierno del entonces presidente Cesar Gaviria Trujillo convocó una Asamblea Nacional Constituyente cuya función fue sacar adelante una nueva Constitución Política que reemplazara la de 1886.
La Asamblea fue instalada en febrero de 1991 y realizó durante cinco meses el estudio de la nueva Carta Magna, la cual fue firmada por los 70 delegados el 4 de julio del mismo año.
La nueva Constitución Política permitió fortalecer la institucionalidad del estado, algo que permitió enfrentar de forma más efectiva a los carteles de la droga.
Uno de los puntos de mayor controversia fue el tratado de extradición de ciudadanos colombianos a los Estados Unidos para que fueran juzgados por cortes federales en casos de tráfico de estupefacientes. Sin embargo, esta figura fue negada por la plenaria en una de sus sesiones.
Decreto 1872 de 1992
A través de este decreto las instituciones financieras vigiladas por las entonces Superintendencias Bancaria y de Valores debían implementar procedimientos con el objetivo de evitar ser utilizadas por los narcotraficantes para lavar el dinero producto del delito.
El artículo 1° del citado decreto señala que ‘‘las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas’’.
Esto constituyó un gran avance normativo en Colombia, en razón de que la obligación que se establecía a las entidades financieras para combatir el lavado de activos se configuró, en aquel entonces, como una de las decisiones más importantes para enfrentar el delito en todo el mundo.
Asesinato del juez Giovanny Falcone
Giovanny Falcone fue un juez que envió a la cárcel a decenas de integrantes de la mafia italiana; además, cuatro meses antes de su asesinato, había sido designado jefe de la Dirección Antimafia (DIA).
Falcone se convirtió en un objetivo principal de la Cosa Nostra por sus continuas investigaciones, razón por la cual sufrió varios atentados de los que salió ileso. Sin embargo, el 23 de mayo de 1992 fue asesinado junto a su esposa, sus escoltas y varios inocentes de una manera horrenda.
El modus operandi utilizado por la mafia fue enterrar debajo de la autopista que conduce al Aeropuerto de Palermo (Italia) más de mil kilos de explosivos para hacerlos estallar al paso del auto de Falcone.
Ley Annunzio-Wylie
Esta Ley, emitida en Estados Unidos en 1992, endureció las sanciones contra las entidades financieras que fueran halladas culpables de cooperar con el lavado de activos de los grupos dedicados al tráfico de drogas.
La norma en mención le permitió a la Secretaría del Tesoro de EE.UU. obligar a los bancos a implementar programas antilavado, mantener registros de las transferencias de fondos y entregar reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Esta Ley marcó muchas de las directrices que se siguen en la actualidad por parte de las entidades financieras alrededor del mundo en lo relativo a la lucha contra el LA/FT.
Caída de Pablo Escobar
El 2 de diciembre de 1993 fue abatido en la ciudad de Medellín el narcotraficante más buscado del mundo en aquella época: Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Escobar fue el jefe principal del Cartel de Medellín durante varios años, lo que le permitió obtener una fortuna que osciló entre U$9 000 y U$15 000 millones de dólares. Según la Revista Forbes, el extinto capo fue el séptimo hombre más rico del planeta en 1989.
A Pablo Escobar se le atribuyen el asesinato de aproximadamente 10 mil personas, la diseminación del negocio del tráfico de drogas y la creación de una cultura de la ilegalidad que todavía afecta a Colombia.
Captura de los Rodríguez Orejuela
La Policía Nacional de Colombia, entonces dirigida por el general Rosso José Serrano, logró en 1995 la captura de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes eran los principales cabecillas del Cartel de Cali.
Tras su captura, Gilberto Rodríguez fue condenado a quince años de cárcel; sin embargo, sólo pagó siete años tras una rebaja por buena conducta y fue liberado en noviembre de 2002. Meses después fue recapturado y en 2004 fue extraditado a EE.UU. donde cumple una pena por tráfico de drogas y lavado de activos.
Por su parte, Miguel Rodríguez Orejuela fue condenado en Colombia a siete años de prisión por narcotráfico; sin embargo, en 2005 fue extraditado a Estados Unidos donde cumple una pena por los mismos cargos de su hermano.
Después de la baja de Pablo Escobar en 1993, estas capturas y condenas se convirtieron en el golpe más duro contra las organizaciones narcotraficantes en Colombia.
Lista Clinton
En 1995 el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó la Orden Ejecutiva 12978 que creó un listado de narcotraficantes colombianos y sus respectivas empresas con los cuales las entidades que operan en EE.UU. tienen prohibido realizar negocios.
Según argumentó Clinton en su momento, ‘‘los actos de los traficantes de narcóticos extranjeros significativos con base en Colombia, la violencia y la corrupción sin paralelo que causan en Estados Unidos y en el extranjero, constituyen una amenaza desusada y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos’’.
La denominada ‘Lista Clinton’ en la actualidad es una importante herramienta para administrar el riesgo LA/FT.
Ley extinción de dominio
El 19 de diciembre de 1993 fue sancionada la Ley 333 de 1996 por medio de la cual se establecieron ‘‘normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita’’.
La norma, que constó de 33 artículos, estableció el marco a través del cual se le entregó al estado la facultad de quitarles los bienes a los narcotraficantes como un mecanismo efectivo para perseguirlos.
La Ley 333 de 1996 fue derogada en el año 2002 a través de la Ley 793.
Convenio ONU contra el FT
En 1999 la Organización de las Naciones Unidas emitió el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo ante la masificación de atentados terroristas que se perpetraban en ese momento en el mundo.
Este Convenio insta a los países miembros de la ONU a tipificar como delito la financiación del terrorismo y a imponer penas severas, además de exhortarles por el fortalecimiento de la cooperación internacional.
Llega la UIAF de Colombia
El 12 de agosto de 1999 fue sancionada la Ley 526 de 1999 por medio de la cual se creó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cuyas funciones principales son las de prevenir y detectar operaciones que puedan ser utilizadas para lavar activos o financiar actos terroristas.
Es de anotar que en ese momento la creación de Unidades de Información Financiera se vislumbraba como una estrategia vital para la lucha y represión del LA/FT, por lo que la creación de la UIAF a finales del siglo XX convirtió a Colombia en pionero a nivel regional.
La UIAF es la entidad a la que los sujetos obligados deben remitir los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para el respectivo análisis. En caso de identificar indicios de un posible delito, genera una noticia criminal que es remitida a la Fiscalía General de la Nación.
Fuentes:
http://www.felaban.com/lvdo/antecedentes_consejo_europa.html
http://www.imolin.org/doc/amlid/Colombia_Decreto%201872%20de%201992.pdf
http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/materials/spa/prevention_guide.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0333_1996.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0526_1999.html
