Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países reseñados en las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) tuvieron que implementar leyes que no tenían, algo que les permitió fortalecer mucho sus sistemas de prevención del LA/FT.
Infolaft:
¿Cuál es la principal amenaza para la región en temas de lavado?
Sergio Espinosa:
Yo diría que la principal amenaza tiene que ver con el desarrollo de los grupos criminales y la aparición de las nuevas tecnologías y el hecho de que estén al alcance de todos. Eso hace necesario que las UIF de los países tengamos una comunicación más estrecha tanto en Egmont a nivel mundial como en el Gafilat a nivel regional.
Estamos acostumbrados a intercambiar información cuando hay un caso, y entonces una UIF le pregunta a la UIF de otro país y esta responde, pero eso no basta. Necesitamos estar mucho más conectados en cuanto a las bases de datos que manejamos a nivel internacional y a nivel local, porque esos problemas a veces los tenemos internamente. Ocurre, por ejemplo, que una UIF no intercambia información con la oficina de inteligencia y eso es particularmente importante cuando hablamos de grupos que tienen vinculación con narcotráfico, pero también cuando hay un fenómeno de terrorismo internacional como el que esta viviendo hoy el mundo.
Infolaft:
Aparte del tema de tecnología, ¿ustedes al interior del Gafilat qué amenazas ven?
Sergio Espinosa:
La publicación de los ‘Mossack Fonseca papers’ —porque a mí me parece injusto hablar de Panamá y de hecho ese apelativo lo propuse en Egmont— creo que ha puesto en evidencia un problema que tenemos todos y es la falta de transparencia de las estructuras societarias entre los diferentes países.
Es claro que [esos problemas en] los off shore son más evidentes, pero también países como los nuestros tienen inconvenientes de ese tipo porque –por lo menos en Perú– lo que pasa es que si bien las sociedades no pueden ser al portador y todo eso está regulado en la ley hace 40 años, una off shore que esté constituida en otra jurisdicción puede ser dueña de una sociedad peruana y ese es un problema legal.
Infolaft:
Estamos en plena ronda de evaluación y ya hay varios países examinados. De forma general, ¿ustedes al interior del Gafilat cómo analizan las calificaciones que hasta ahora han obtenido los países?
Sergio Espinosa:
Bueno, es difícil saberlo en términos generales porque los resultados no son iguales. Incluso es complicado hablar de la primera evaluación, que fue la de Cuba, porque no había un antecedente. Cuba era un país que recién había entrado al sistema y no tenía contra qué comparar [sus resultados] y, dicho sea de paso, salió muy bien esa evaluación.
Sin embargo, la evaluación de Costa Rica no es buena. Es verdad que ellos estaban implementando una estrategia nacional y entonces parte de las deficiencias encontradas en ese momento se están subsanando, pero también es posible que tengan algún tipo de seguimiento por el Gafi.
Después la [evaluación] de Honduras ha salido regularmente bien y ahora vamos a discutir la de Guatemala, que es la cuarta evaluación de la región. Yo diría que los resultados están razonablemente bien.
Infolaft:
¿Es probable que varios países de la región queden reseñados en la lista del Gafi una vez termine la evaluación?
Sergio Espinosa:
Es posible, pero yo diría que la gran ventaja que tiene la región, aunque suene paradójico, es que el proceso de seguimiento del Gafi que empezó en 2010 (Icrg por su sigla en inglés) trajo como consecuencia que varios países de la región estuvieran en las listas del Gafi, entre ellos Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Cuba y Panamá. ¿Cuál fue el efecto positivo de eso? Que para salir de la lista todos esos países implementaron leyes que no tenían y entonces han tenido una producción legislativa que ha sido formidable.
Incluso en algunos casos esos países tienen mejor legislación que la que tenemos otros [que no estuvimos en la lista], por ejemplo, quienes todavía tenemos algunos pendientes porque no hemos tenido esa presión para lograrla. No obstante, la gran pregunta para esos países va a ser respecto a la efectividad.
Hasta ahora Honduras ha salido de la evaluación con una nota que lo salvará de ir al mecanismo de listas y ese es el primer caso de un país que estuvo en la lista y que ya fue evaluado, y digo hasta ahora porque una parte del informe de evaluación fue objetado por el Gafi y eso no se ha discutido, y se está trabajando en un nuevo texto. Aparentemente no habría cambios en las calificaciones y Honduras no iría a una lista, pero es un buen ejemplo porque ellos recibieron mucho apoyo técnico para subsanar todas las deficiencias que tuvieron a raíz de su presencia en las listas, y lo mismo se puede decir de los países que le he mencionado.
Más bien el problema es para los países como nosotros que no estuvimos en listas, pero que todavía tenemos problemas por subsanar. Hay que trabajar en el tiempo que nos queda antes de la evaluación para tratar de subsanar eso.
En Perú, por ejemplo, estamos trabajando en un sistema de estadísticas que no teníamos. El año pasado no podíamos contestar la simple pregunta de cuántas condenas por lavado de activos tenemos. Hoy en día no tenemos totalmente la respuesta, pero sí hay algo parcial y por eso se está construyendo un sistema de estadísticas en ese sentido.
Sergio Espinosa. Foto por Infolaft
Infolaft:
Teniendo en cuenta que Colombia será evaluada el próximo año, ¿en qué se está fijando el Gafilat en las evaluaciones a los países?, ¿cuáles son esos puntos clave?
Sergio Espinosa:
Yo creo que el caso de Colombia es muy particular y parecido, en cierto modo, al caso de Perú. Le digo esto porque probablemente estos son los únicos países de la región donde hay movimientos terroristas y eso hace que las autoridades, las leyes y la vida de los ciudadanos sean diferentes, porque hay una conciencia.
Sin embargo, en otros países hablar de terrorismo y de financiación del terrorismo se veía como algo muy impuesto, algo muy americano y poco palpable. Eso hasta que empezó Isis, ya que cuando ellos trajeron el terrorismo a la ‘puerta de la casa’ todos los países se empezaron a preocupar.
En la reunión plenaria del Gafilat en México se acordó la creación de un grupo de trabajo sobre terrorismo que tuvo su primera sesión en la plenaria de Buenos Aires [realizada a principios de agosto de 2016]. Las UIF de los países, sobre todo de la región latinoamericana, con excepción de Colombia y Perú, se han preocupado por el lavado de activos y se han hecho exámenes en ese sentido, pero la financiación del terrorismo era como la ‘hermana menor’. Sin embargo, toda esta situación de Isis ha hecho que el mundo voltee sus ojos a este problema porque se ha dado cuenta de que nadie está libre del riesgo.
Otro tema que va a entrar con fuerza en el Gafilat y que creo todavía no se ha hecho explícito es la corrupción, porque en las UIF la lucha contra el lavado no ha estado muy ligada a este delito. De hecho, cuando la Ocde habla de la criminalización de personas jurídicas hace referencia al cohecho internacional, pero no habla de lavado. El Gafi lo dice, pero la Ocde no.
La forma como tradicionalmente se combatía la corrupción a través de contralorías que hacían exámenes ex post de obras y contratos está bien, pero eso no es suficiente. Mi impresión es que las UIF y los sistemas antilavado en general van a recibir un mayor encargo y un mayor peso en cuanto a la lucha anticorrupción.
Infolaft:
En América Latina hay un boom de casos de expresidentes y políticos con problemas de lavado de activos producto de actos de corrupción. ¿Se está gestionando mal el riesgo con las PEP?
Sergio Espinosa:
Yo tengo dos lecturas de eso. Creo que ciertamente hay lecciones que aprender en cuanto a las razones de por qué pasó eso y algunas tienen que ver con gestión de riesgo.
En el caso de Perú, por ejemplo, es muy complicado construir una lista de PEP. La banca la pide y lo que nosotros tenemos es una lista de cargos, pero como la norma dice que la PEP es también el familiar y el asociado y de eso no hay listas, entonces hay dificultades en la gestión. También hay errores que son cometidos en los operadores respecto a no ver casos evidentes.
Pero hay un lado positivo: pensar que en Brasil hay un expresidente [vinculado] y una presidenta en ejercicio que ha sido suspendida por temas ligados a la corrupción, y que en Perú tenemos un expresidente que está siendo procesado por lavado procedente de corrupción y un fiscal de la nación que fue cesado de su cargo por vinculación con un grupo asociado a la corrupción permite dar una buena lectura porque estamos detectando casos y tomando medidas
Hay una mayor conciencia en las autoridades y en la gente. Ahora el tema interesa más a los ciudadanos y eso es importante porque empuja a las autoridades y a las agencias de law enforcement a tomar medidas. Los bancos también ponen atención sobre lazos familiares [de las PEP] y eso genera un efecto. Si el sistema no estuviera funcionando no tendríamos estos casos.
