Infolaft entrevistó en exclusiva a Mark Samara, subdirector de Investigaciones de Crimen y Narcotráfico en el Hemisferio Occidental de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac en inglés), quien es uno de los mayores expertos en lavado de activos del continente. Samara explicó en el diálogo cómo han evolucionado los lavadores de activos en los últimos años y por qué hay personas fallecidas que siguen reseñadas en la ‘lista Clinton’.
Infolaft:
No sé hasta qué punto nos pueda contar un poco sobre su carrera en Ofac y lo que está haciendo hoy en día…
Mark Samara:
Muy bien. Pues yo llevo 16 años trabajando como investigador de Ofac, donde entré en agosto de 1999. Empecé mi carrera en el gobierno como inspector en el servicio de aduanas de Miami y allí duré un poco más de tres años. Entonces llevo casi 20 años de experiencia en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Mi trabajo en Ofac ha estado enfocado más que todo en el tema de sanciones relacionadas con narcóticos: la orden ejecutiva 12978 (que empezó en 1995 y se conoce como ‘lista Clinton’) y la ley Kingpin (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) que fue hecha en diciembre de 1999, un poco antes de que yo entrara a Ofac. Después de los eventos del 11 de septiembre yo fui uno de los pocos agentes que se quedaron trabajando en temas antinarcóticos para Colombia y México y he hecho eso hasta hoy.
Para ser más exactos: fui investigador entre 1999 y 2004, después (entre 2005 y 2008) trabajé como supervisor del grupo de sanciones antinarcóticos, y entre 2008 y 2014 me desempeñé como agregado de Ofac en la Embajada de EE.UU. en Bogotá, y regresé a Washington en julio de 2014. Y desde agosto de 2014 soy el subdirector de investigaciones de crimen y narcotráfico en el hemisferio occidental de Ofac, que significa que no solo cubro los temas de narcóticos, es decir, la ley Kingpin y la vieja ‘lista Clinton’, sino que también son de mi competencia las sanciones de Cuba y las nuevas acciones en Venezuela.
Infolaft:
Entonces, podemos decir que empezó su carrera en la primera línea de defensa, que era evitando la entrada de droga al aeropuerto de Miami, y de ahí pasó a ‘tapar’ los goles financieros, y sigue encargado de lo mismo pero a un nivel mucho más global…
Mark Samara:
Así es. De hecho me toca supervisar todos los casos de ley Kingpin alrededor del mundo (incluidos América Latina, el Caribe, Europa, Asia, Medio Oriente y África).
Como les dije antes, empecé mi carrera persiguiendo mulas que traían la droga en el estómago e investigando casos de conspiración interna para sacar maletas llenas de droga desde el aeropuerto. Comencé desde lo mas básico. En Ofac salté realmente a lo que es la parte financiera y ahora estoy en un puesto cuya finalidad es coordinar las estrategias de investigación, lo que significa determinar hacia dónde canalizar los recursos y qué casos priorizar con miras a mostrar resultados.
Infolaft:
¿Cuál ha sido la evolución en los modus operandi de los lavadores y narcotraficantes de Colombia y la región en todos estos años?
Mark Samara:
Cuando yo empecé en los 90 ya había pasado la gran época de los carteles grandes, como el ‘Cartel de Medellín’, el ‘Cartel de Cali’ o el ‘Cartel de Guadalajara. Esas grandes estructuras evolucionaron a grupos atomizados manejados por pocos capos con esquemas de financiación más especializados por la falta de un único líder.
Lo que si no ha cambiado mucho son los lavadores. Muchos casos que hemos manejado se refieren a criminales de carrera. Conocemos lavadores como Jorge Chaitelly en Panamá, la familia Rosenthal en Honduras o Pedro Mejía Salazar en Medellín. Los lavadores y los que manejan las finanzas criminales han sido personas que han estado durante 10, 15 o 20 años lavando para varios narcos, aunque ahora no trabajan directamente para un cartel, sino que son independientes y prestan servicios a varias bandas.
A los Guberek, por ejemplo, oficialmente los vinculamos con dos grupos de narcotraficantes, pero ellos tienen vínculos con más grupos del narcotráfico y eso ha hecho un poco más difíciles las investigaciones porque en vez de tener un solo ‘capo’ y las comunicaciones directas con su único lavador, tenemos que demostrar que los lavadores tenían nexos con varios narcos y para eso se requiere comunicarnos con varia agencias, con varios agentes, con la misma DEA y con varios policías en varios países para establecer ese nexo.
Infolaft:
¿A qué se debe que haya lavadores tan poderosos que logren ejercer la actividad durante 20 años?
Mark Samara:
Los casos criminales de lavado de activos que yo he trabajado con muchos fiscales de EE.UU., de Colombia, de México y Centroamérica son muy difíciles porque hay que conseguir evidencia de que la persona era consciente de que estaba lavando dineros del narcotráfico y hay que probar que ellos sí eran parte de una conspiración criminal. Además, muchos de esos casos no solo llevan un año, pueden tener 4, 5 o 6 años y muchas veces en el lapso de una investigación larga se van los investigadores, policía e incluso los fiscales han cambiado mientras la investigación estaba en curso.
Yo no le puedo decir nombres, pero en algunos casos en los que hemos trabajado en Colombia y en México hemos visto que la primera señal de alerta de grandes lavadores data de hace varios años. Por ejemplo, a finales de los 90 se detectó un lavador del ‘Cartel de Cali’, pero esa denuncia no pudo ser probada y el delincuente continuó con su actividad hasta que logramos vincularlo en otra investigación posterior.
Hay grandes casos de la DEA, del FBI o del ICE en Colombia en los que han desmantelado muchas redes de lavado. Pero ahora vemos casos de los lavadores históricos que una vez que tienen montado un sistema, saben cómo mantener un bajo perfil y así logran aparecer como empresarios exitosos. O peor, cuando empresarios que han tenido una carrera limpia durante toda la vida deciden prestar sus corporaciones para el lavado. Este es un escenario muy complejo porque ellos no tienen antecedentes criminales.
Estas dificultades son las que han justificado la ley Kingpin porque le ha permitido a Ofac acceder a la evidencia que se está discutiendo en cortes federales mientras que actúa administrativamente en contra de lavadores que no han podido ser condenados por la justicia por falta de material probatorio. Todos nuestros casos están coordinados con las autoridades criminales para ayudar a impulsar esas investigaciones.
En muchos casos las sanciones de Ofac son más rápidas, pero hemos esperado uno o dos años para no torpedear los procesos judiciales. Es más estratégico publicar las sanciones Ofac al tiempo que las acusaciones criminales para evitar expresiones como ‘Ofac tiene que estar equivocado’, ‘se han excedido en su sanción’ o ‘no es posible que este par de empresarios sean lavadores’.
Foto por NapInterrupted
Infolaft:
Eso es muy interesante y nos lleva a una pregunta que se hacen las personas que combaten el lavado de activos: ¿por qué no están todos los lavadores en la ‘lista Clinton’?
Mark Samara:
Porque mucha de la información que existe de lavadores en el sistema de investigación no es suficiente para cumplir con los requisitos para probar los vínculos con narcotraficantes.
Muchas veces cuando un dinero pasa por el sistema financiero se detecta una operación de posible lavado, pero no hay información adicional sobre la conexión de ese dinero con bandas criminales concretas y esos datos son requisito para poder sancionar. Verificar esa conexión es sumamente difícil porque los lavadores expertos nunca se han sentado a hablar con el narcotraficante, de hecho el lavado lo ponen a varios niveles y lo coordinan muy bien.
No hace muchos años todos sabían quiénes eran los lavadores de Escobar, pero hoy en día es más complicado vincular a un lavador con un narcotraficante en específico porque ni siquiera se han reunido. Los traficantes no contratan los lavadores basados en referencias profesionales. Por el contrario, han aprendido que necesitan de su anonimato para operar y que su tarea principal es ocultar el origen de los recursos.
En los últimos 10 años hemos invertido más tiempo en proyectar procesos a largo plazo que incluir al narco de moda en a lista y a sus vinculados. Muchas veces hay lavadores que hemos nombrado en la lista que lavan un poco para narcotraficantes y que también lavan recursos provenientes de evasión fiscal o de corrupción, delitos que se encuentran por fuera del alcance de la ley Kingpin.
Infolaft:
¿Cómo puede hacer un hombre de negocios en América Latina para encontrar la lista de los lavadores si en Ofac no están todos?, ¿dónde se puede conseguir información de quiénes son los lavadores?
Mark Samara:
Eso es problemático porque Ofac no empieza una investigación por un rumor. En los países, por lo general, hay habladurías de la gente acerca de los bienes de una persona y de sus vínculos con el narcotráfico, pero en general son mentira. Muchos de los casos que empezamos se basan en investigaciones criminales en EE.UU. o en otros países, pero esto también es difícil porque la información que se maneja allí es reservada.
Cuando empezamos un caso verificamos las fuentes públicas de información como lo haría cualquier oficial. Pero también trabajamos de la mano con otras agencias de investigación a las que hacemos peticiones formales de información.
Infolaft:
Pareciera que cada vez más el narcotráfico va perdiendo importancia como delito fuente del lavado de activos. ¿La Ofac no ha contemplado la posibilidad de ampliar las sanciones para que no solo pueda perseguir narcotraficantes, sino también contrabandistas o ‘piratas’ y todo este tipo de redes que son más sofisticadas que las del tráfico de drogas?
Mark Samara:
En Ofac somos una oficina de la Rama Ejecutiva del poder público y administramos las sanciones, pero nosotros no las controlamos. Hace varios años tenemos la orden ejecutiva 13581 en contra del crimen trasnacional organizado y gracias a ella hemos empezado a atacar a la mafia italiana y a la mafia japonesa, y estamos estudiando si se puede aplicar para combatir el tráfico de personas y ciertas actividades donde hay mafias trasnacionales. Sin embargo, hasta que no tengamos una orden ejecutiva concreta o una ley del Congreso no podemos empezar a emitir sanciones.
Infolaft:
Pero ustedes ven todo desde arriba, por dónde se mueve el dinero y quiénes lo mueven. ¿Ofac le ha propuesto al Ejecutivo algún tipo de iniciativa para perseguir el contrabando o la corrupción?
Mark Samara:
No. Nosotros sólo participamos cuando el Congreso o la Casa Blanca nos convocan para emitir un concepto sobre un nuevo programa. Pero nada más. Nosotros sólo los manejamos, no los proponemos.
Infolaft:
¿La designación en la ‘lista Clinton’ del Banco Continental es la acción más contundente y de mayor impacto que han emitido?
Mark Samara:
El caso salió recientemente y por eso me es difícil comentar algo. Yo diría que el caso sí tiene una gran contundencia, pero no que es el más contundente que hayamos adelantado en 20 años de investigación antinarcóticos.
En el pasado ha habido otros casos Ofac muy importantes como el de Drogas la Rebaja (Cartel de Cali, 1995 – 1997), el del grupo Grajales (Cartel del Norte del Valle, 2005) o el de los Cifuentes Villa entre 2010 y 2011.
Lo especial de este caso es que la evidencia nos permitió incluir un banco. Antes habíamos designado casas de cambio e incluso una comisionista de bolsa en Colombia, pero incluir un banco no fue una decisión ligera y por eso fue un caso que salió en conjunto con la acusación criminal de una Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de los mismos tres individuos que aparecieron en la acción de Ofac.
Esta acción manda un mensaje muy fuerte que nos impulsa, en conjunto con el sector financiero, industrial y el gobierno, para evitar este tipo de inconvenientes.
Infolaft:
Creemos que este caso no está cerrado y que vendrá una segunda parte. ¿Esa segunda etapa en la investigación buscará averiguar cuál fue el papel que jugaron otras entidades en el presunto esquema de lavado del Banco Continental?
Mark Samara:
De eso no puedo comentar porque la investigación sigue en curso en este momento.
Infolaft:
Si se tiene en cuenta que las acciones de Ofac de los últimos años se han hecho bajo el mandato de la ley Kingpin, ¿es probable en el corto plazo que la orden ejecutiva 12978 sea derogada o sea retirada?
Mark Samara:
Eso depende de la Casa Blanca porque todos los años el Presidente tiene que renovar la Orden Ejecutiva. En los últimos años hemos removido más de 1100 nombres y todavía nos quedan todavía cerca de 690. Aun estamos resolviendo esos casos y nosotros no controlamos si la Casa Blanca determina que ha terminado la emergencia que justificó la 12978.
Nuestro trabajo es seguir resolviendo los casos y estar preparados para el día que la Casa Blanca determine que debe terminar con la orden ejecutiva como lo ha hecho con otras acciones. Por ejemplo, la sanción de Libia fue terminada en 2004 y la volvieron a reactivar a través de una nueva orden en 2011.
Mientras la Orden Ejecutiva sea renovada, nuestra misión es mantener los nombres y resolver los casos.
Infolaft:
¿Por qué hay personas fallecidas que siguen en la lista?, ¿por ejemplo alias ‘Raúl Reyes’ o alias ‘Mono Jojoy’?
Mark Samara:
Muchos muertos han sido excluidos de la lista pero otros aún se encuentran allí porque tienen personas y activos vinculados a sus actividades ilícitas. Las personas permanecen en el listado, vivas o muertas, mientras exista un interés legítimo en la gente relacionada o sus propiedades.
Infolaft:
El director interino de Ofac, John Smith, vino a Colombia en julio y en una entrevista con El Tiempo dijo que su oficina evaluaría el tipo de sanciones que han emitido contra las Farc ante el eventual escenario de la firma de un acuerdo de paz. ¿Ustedes ya han comenzando a trabajar algo de eso?, ¿se han contactado con el gobierno colombiano?, ¿están al tanto de los avances en el proceso de paz para evaluar esa posibilidad?
Mark Samara:
Seguimos en conversaciones constantes con el Departamento de Estado, con nuestra Embajada en Colombia y con el gobierno de Colombia para ver a futuro qué haríamos con las acciones. Eso es algo que está en estudio y como le digo nuestro gobierno se sigue comunicando con el gobierno de Colombia para ver cómo manejaríamos a futuro las acciones que tenemos en contra de las Farc bajo la ley Kingpin.
