Situación del LA/FT en Perú según EE.UU.

El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que evalúa los esfuerzos de 70 gobiernos para reducir el narcotráfico y los delitos financieros, señaló que “miles de millones de dólares de fondos ilícitos del narcotráfico, la minería y la tala ilegales, y otras actividades delictivas continuaron fluyendo a través de Perú en 2018”. Según EE.UU., el gobierno de Perú estima que tan solo la minería ilegal produjo más de USD 1.000 millones en ingresos ilícitos de enero a agosto de 2018 y, aunque se tomaron medidas importantes para fortalecer aún más sus leyes y políticas antilavado, el país “aún lucha para hacer cumplir e implementar efectivamente su régimen legal ALA/CFT”, señala el informe. Según el Departamento de Estado, las falencias generales del sistema peruano son la mala coordinación interinstitucional y los obstáculos el intercambio de información, que logran impedir todos los esfuerzos de cumplimiento. “Por ejemplo, la UIF debería poder compartir sus informes con la policía y los fiscales especializados, pero no puede hacerlo debido a las regulaciones actuales”, indica el informe. Por esta razón, Estados Unidos hace el llamado para que Perú aumente los esfuerzos para asegurar que los ministerios y agencias compartan datos y coordinen mejor sus esfuerzos en el día a día. “La falta de experiencia entre la policía y los fiscales, la alta rotación, la escasez de expertos en contabilidad forense y la corrupción dentro del sector de la justicia son algunos de los factores que dificultan los esfuerzos de cumplimiento. El Perú necesita particularmente desarrollar un cuadro de profesionales del lavado de activos en el sector de la justicia”, concluyó el Incsr. Lea también: Esto dice EE.UU. del lavado de activos en Panamá  

Principales delitos fuente el Perú

  El narcotráfico, la extracción y extracción ilegal de oro, la corrupción pública y la falsificación de moneda son las principales fuentes de fondos ilícitos en el Perú. La presencia estatal es limitada fuera de las zonas costeras y los grandes centros de población dada la desafiante geografía del país, lo que permite el tránsito de grandes cantidades de bienes ilegales, contrabando y efectivo a través de sus fronteras y dentro de áreas remotas. En adición, la corrupción generalizada dificulta las investigaciones y el procesamiento de delitos de lavado de dinero relacionados con narcóticos, y más aún, impide las reformas normativas necesarias toda vez que las figuras políticas y los legisladores han sido implicados en esquemas de lavado de activos. Los individuos y las organizaciones generalmente canalizan fondos ilícitos a través de compañías de fachada, muchas de las cuales están involucradas en actividades mineras ilegales. Estas actividades está impulsadas por compradores internacionales de oro que no ejecutan procesos de debida diligencia para determinar el origen del metal, por lo que sin saberlo facilitan las actividades de lavado. Los individuos o las compañías fachada también lavan fondos ilícitos a través de bienes raíces, instituciones financieras, transferencias de dinero, cambios de moneda, moneda criptográfica y notarios. Lea también: Así es el lavado en México según EE.UU.  

Regulación

  Perú cuenta con un sólido marco regulatorio antilavado de activos que incluye la ley para la lucha eficiente contra el lavado de dinero y la minería ilegal y el crimen organizado, que establece al blanqueo de capitales como un delito autónomo, mientras que regula también los requisitos de conocimiento del cliente, de los reportes de operaciones sospechosas, y de la debida diligencia reforzada para las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Adicionalmente, en 2018 Perú fortaleció aún más su marco ALA/CFT a través de nuevas leyes y regulaciones que implementaron desarrollos legales clave que incluyen la exigencia de la divulgación de los beneficiarios reales, la extensión de la supervisión sobre establecimientos financieros cooperativos, y la obligación de que ciertas compras de propiedades raíces se realicen a través del sistema bancario. Esto en adición a una ley de decomiso de activos civiles que permite a las autoridades incautar y disponer de bienes en los casos en que el poseedor no puede justificar la propiedad legal. Lea también: Radiografía del lavado en Colombia según EE.UU.