El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) publicó el
Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de Perú. Este informe proporciona un resumen de las medidas Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) existentes en la República del Perú a la fecha de la visita in situ, que tuvo lugar del 21 de mayo al 1 de junio de 2018.
Como resumen general, cabe decir que
el régimen ALA/CFT del Perú mejoró en forma significativa desde su última evaluación, pues cuenta con un marco legal e institucional sólido para luchar contra el LA/FT y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En efecto, en materia de efectividad
el Perú alcanzo un nivel sustancial en materia de inteligencia financiera, implementación de las sanciones financieras con respecto al FT y la cooperación internacional. En las demás áreas requiere mejoras considerables y fundamentales.
Dada la cercanía tanto geográfica como comercial y de negocios con Perú, Infolaft publica el siguiente resumen del informe de evaluación de este país con el fin de que sus clientes fortalezcan el análisis de contexto, conozcan a profundidad esta jurisdicción con la que tienen frecuente contacto.
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Comprensión de los riesgos de LA/FT y la institucionalidad
Perú identifica, evalúa y comprende “hasta cierto punto” el riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (LA/FT), señaló el Gafilat. Así, y de acuerdo con los resultados, los evaluadores comentaron que se aprecian distintos niveles de comprensión del riesgo de LA/FT dentro del sistema, lo que se ve plasmado en la Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT de 2016 y de la información recabada durante la visita.
Sin embargo, el informe comenta que
no se observa una comprensión completa de las amenazas y vulnerabilidades del sistema, lo que “puede estar limitando la capacidad de implementar acciones y/o políticas de mitigación específicas”.
En todo caso, el Gafilat destacó que los dos planes nacionales de lucha contra el LA/FT y la política nacional contra el LA/FT dan cuenta de un fuerte compromiso político del Estado de Perú ante estos fenómenos. En particular, en relación con el cumplimiento del Plan Nacional 2011, se logra visualizar un avance importante en el fortalecimiento del sistema ALA/CFT en términos de su marco regulatorio, capacitación, esfuerzos en supervisión.
“No obstante aún falta el desarrollo de formación de equipos multidisciplinarios de investigación de delitos complejos y fortalecimiento de peritos, expertos y asesores para la investigación de delitos de LA/FT, debido a que las acciones definidas en el respectivo plan se ejecutaron parcialmente”, advirtió el Gailat.
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La inteligencia financiera y ROS
Los evaluadores del Perú observaron “un importante volumen” de inteligencia financiera generada y proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las distintas autoridades competentes mediante diversos productos. Adicionalmente, encontraron que esta información es altamente valorada y tiene una cobertura completa de las necesidades operativas de las autoridades competentes, en particular para las investigaciones preliminares.
En este tema a Perú le fue mejor que a Colombia, en donde la información de inteligencia financiera entregada por iniciativa propia de la Uiaf a la Fiscalía General colombiana “ha conducido a menos casos de lavado de activos y a ningún caso de financiación del terrorismo”.
En la etapa de detección del LA/FT en Perú se ha generado, de nuevo, “un volumen importante” de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a los que se le han aplicado análisis operativo y estratégico. Los antecedentes de calidad de ROS entregados por la UIF muestran un nivel de calidad alto.
No obstante, la información provista por los sujetos obligados durante la visita in situ (bancos, notarios, casinos, plataformas de remesas y casas de cambio),
indican que existe un importante espacio de mejora respecto la calidad de los mismos, lo que podría estar sobrecargando a la UIF en términos de análisis de información y disminuyendo el tiempo disponible para realizar procesos de inteligencia financiera. La misma observación fue realizada a Colombia.
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Extinción de dominio
“Existe un marco jurídico apropiado para el decomiso de activos, instrumentos y productos criminales”, comentó el Informe de evaluación, aunque también afirmó que los resultados de decomisos y acciones por pérdida de dominio son pocos en número.
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Investigación y sanciones por FT
El tema de financiación del terrorismo suele ser uno de los más complejos de cumplir por parte de los países, como le ocurrió a Colombia en donde los llamados de atención fueron contundentes. Sin embargo, el Gafilat destacó que “
Perú cuenta con un marco normativo que le permite investigar, procesar y condenar conductas de FT y conductas asociadas”.
En efecto, en el país existe una visión y comprensión común respecto al fenómeno de FT y el nivel de riesgo presente, lo que llevó a que se implementaran Sanciones Financieras Dirigidas relacionadas con la FT y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Fpadm). Aunque todavía no se ha dado ninguna coincidencia, “se han realizado pruebas y el mecanismo parece ser adecuado y sin demora”, concluyó el equipo evaluador.
En cuanto a los sujetos obligados, el informe resalta que demuestran tener conocimiento de las obligaciones relacionadas con la implementación de las sanciones financieras y que han participado en los simulacros coordinados por la UIF. No obstante, se indicó que no midieron el nivel de exposición a dicho riesgo ni tampoco la forma en la que pueden ser abusados, lo que conllevó a la imposiblidad de realizar acciones tendientes a mitigar dicho riesgo.
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El sector financiero vs. las Apnfd
Al igual que ocurrió en Colombia Mientras que “el sector financiero (principalmente bancos, seguros, microfinancieras) demostró una mejor comprensión de los riesgos de LA/FT”, “el entendimiento que tienen las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (Apnfd) es menor”, concluye el informe.
En efecto, el grupo evaluador reconoció frente a las Apnfd que a pesar de los esfuerzos dedicados a la identificación y comprensión de los riesgos de LA/FT aún se aprecian falencias importantes en la correcta identificación de los mismos tomando en cuenta el contexto de cada uno de los sectores y de la zona geográfica donde operan.
De esta manera, el informe señala que “los distintos sujetos obligados han logrado avances en la implementación de sus sistemas de monitoreo ALA/CFT” en especial las entidades financieras. No obstante, algunas de estas entidades (en especial las Empresas de Transferencias de Fondos) y Apnfd (notarios y casinos) aun no cuentan con un sistema de monitoreo interno capaz de emitir suficientes alertas para detectar operaciones inusuales.
Adicionalmente, la comprensión de los riesgos de LA/FT de las Apfnds, en algunos casos, discrepan de lo plasmado en la Evaluación Nacional de Riesgo de 2016, como ocurre con los casinos y salas de máquinas tragamonedas que aún no han comprendido de forma integral los riesgos de LA/FT a los que se encuentran expuestos por no entender correctamente el contexto geográfico del país, la alta informalidad económica, las amenazas como la corrupción y otros riesgos de LA asociados.
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La supervisión
La identificación y comprensión de las vulnerabilidades de LA/FT a los que se encuentran expuestas las personas y estructuras jurídicas es dispar entre las autoridades relevantes. Efectivamente, si bien la UIF y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) están implementando la supervisión con enfoque basado en riesgo, el alcance de la supervisión en otras autoridades no incluye este enfoque.
En el caso de la SBS, en el marco de la supervisión que ésta realiza, se observa en general una comprensión de los riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuestos las instituciones financieras. La UIF, por su parte, ha adelantado acciones para llevar a cabo la supervisión con este enfoque y está implementando la última metodología ajustada a 2017 y 2018.
Para los demás supervisores, que son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Superintendencia del Mercado de Valores aún falta el desarrollo de la supervisión con enfoque basado en riesgo.
Para este ítem el resultado en Colombia fue mejor que en Perú, donde las autoridades principales con competencias ALA/CFT han aplicado la supervisión con un enfoque basado en riesgo.
Conocimiento del beneficiario final
En general, la información respecto de la creación y tipos de personas y estructuras jurídicas contenida en
el Sistema de Registros Públicos del Perú se encuentra disponible, sin embargo, se advierten áreas de oportunidad de mejora respecto de la automatización en el acceso a la información y en cuanto a la actualización de la misma de forma oportuna.
Durante la visita in situ, se tuvo conocimiento de los desafíos en la realización de consultas expeditas y precisas en particular sobre beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, como obstáculos al acceso oportuno a la información.
Por lo que concierne a las personas jurídicas con composición societaria compleja, se detectó que la información del beneficiario final no se obtiene a tiempo, ya que las herramientas que permitan a los actores relevantes entender las estructuras complejas societarias y la forma en la que operan no permiten identificar de forma adecuada a las personas que ejercen control sobre dichas personas jurídicas.
A Colombia le fue mal en este elemento de evaluación, pues el evaluador, en su momento, sostuvo que las autoridades colombianas “tienen dificultades para obtener información precisa y actualizada sobre el beneficiario final de las estructuras corporativas complejas”.
Esto ocurre a pesar de que la información básica de las personas jurídicas se actualiza anualmente y se puede acceder a ella en los registros públicos y bases de datos de los supervisores.
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