La eventual llegada del candidato republicano a la Casa Blanca y la oposición de su partido a retirar al grupo guerrillero de la lista podrían impactar directamente las políticas de gestión del riesgo de LA/FT de todo tipo de entidades.
No es una, son dos listas
Actualmente entre los oficiales y analistas de cumplimiento de todos los sectores hay un criterio casi unánime respecto a que no podrían vincular a los exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que continúen reseñados en las listas internacionales de terroristas de Estados Unidos, esto a pesar de la eventual firma del acuerdo de paz y de su posterior desmovilización.
Vale la pena recordar que son dos las listas estadounidenses en las que ellos aparecen: la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado (FTO por su sigla en inglés) y la lista de grupos terroristas globales del Departamento del Tesoro de EE.UU. (Sdgt por su sigla en inglés).
En la primera fueron reseñados en 1997, mientras que en la segunda entraron en 2001 luego del rompimiento de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. Esta última sanción, al igual que la denominada ‘lista Clinton’, es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés).
La oposición de congresistas republicanos
Luego del apoyo que Estados Unidos ha dado al proceso –incluso hay un delegado de ese Gobierno en la mesa de La Habana– y una vez finalice el conflicto, sería de esperarse que ese país retire al grupo y a sus líderes de los listados, ya que por sustracción de materia no habría a quien reseñar si la organización terrorista se extingue y si sus cabecillas dejan la ilegalidad.
No obstante, ese apoyo político ha venido principalmente del presidente Barack Obama y de la bancada del Partido Demócrata en el Congreso. En contraste, los republicanos —representados por Donald Trump en las elecciones— en varias ocasiones se han mostrado incrédulos sobre el compromiso real de las Farc de dejar el narcotráfico y las armas.
Por ejemplo, en febrero de este año el senador republicano Marco Rubio —uno de los más influyentes de la colectividad y quien fue precandidato a la Presidencia— señaló en una columna de opinión que el proceso de paz le generaba dudas a causa de la historia criminal de las Farc, de su duplicidad de criterios, de los incumplimientos en el cese al fuego y del terrorismo que practican, algo que en su criterio los hizo merecedores ‘‘con razón, [de] la designación por el gobierno de Estados Unidos como una organización extranjera terrorista’’.
También en febrero la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo en diálogo con Noticias RCN que el acuerdo con las Farc ‘‘es una amenaza para nuestra seguridad nacional porque las condiciones no son muy estrictas’’.
La legisladora de 63 años y de origen cubano fue más allá en sus declaraciones al señalar que ‘‘ni debemos quitar a las Farc de la lista de grupos terroristas, ni debemos darle dinero a Colombia para implementar este plan de paz con las Farc’’.
Una opinión igual de crítica tiene el congresista Mario Díaz-Balart, también republicano, quien a mediados de 2015 sostuvo en entrevista con NTN24 que las Farc son ‘‘el grupo de narcotráfico más grande del mundo’’ y que el presidente Santos ha dado muchas concesiones a la agrupación guerrillera, luego de las cuales la respuesta recibida es más terrorismo.
Si bien en el mismo mes de febrero el Congreso de EE.UU. emitió una resolución respaldando el proceso de paz, la mayoría de los firmantes fueron demócratas y fue justamente en ese escenario en donde se dieron los duros cuestionamientos.
Trump no ha hablado del tema, pero…
En este análisis también es justo decir que Donald Trump no se ha referido directamente al proceso de paz ni a las Farc. Realmente lo único que ha mencionado acerca de atentados terroristas son los perpetrados por radicales islámicos en Estados Unidos.
Sin embargo, la oposición de su partido al proceso puede ejercer una gran influencia en él y en sus eventuales políticas.
Si Trump se convence de que las Farc no dejarán el narcotráfico ni su actuar delictivo, no tendrá inconveniente en bloquear —o por lo menos demorar— la salida de las Farc de las listas y echar al traste lo logrado hasta ahora en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba.
Si esa llegara a ser la decisión, y a pesar de que se termine el conflicto armado entre el Estado colombiano y las Farc, los oficiales de cumplimiento de muchas entidades con negocios en EE.UU. no tendrán más opción que hacer de cuenta que nada pasó y que todo sigue igual que antes en su trabajo.
Sin duda, parte del futuro de la prevención del LA/FT en Colombia de los próximos años se juega en las elecciones del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos.
