Luego de adelantar un proceso que duró aproximadamente dos años, el abogado Luis Carlos Gamboa Morales fue retirado el pasado 19 de octubre de la lista OFAC. Aquí Infolaft reproduce de nuevo este diálogo, sostenido en noviembre de 2011.
Infolaft:
¿Cómo se enteró que había sido incluido en la lista OFAC?
Luís Carlos Gamboa:
Yo me enteré el 10 de noviembre del año 2009 a través de la información que un cliente muy apreciado de la oficina le entregó a una de las abogadas de la firma.
Ese día llegué a mi oficina más o menos a las 10:00 a.m., después de comprar unos tiquetes porque pensaba visitar a mi hija en los EE.UU., cuando nuestra abogada me dijo que había sido publicada una actualización de la lista Clinton y que allí figuraba mi nombre. En pocas palabras me enteré por Internet.
Infolaft:
¿Cuál fue su primera reacción?
LCG:
Fue como un baldado de agua fría. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un error, naturalmente. Yo no lo podía creer. Primero, no sabía que era la lista OFAC, y ese es un mensaje que es importante enviar. A la gente hay que explicarle qué es la lista Clinton, pues si bien es un proceso de naturaleza administrativa bajo la dirección de la Secretaría del Tesoro de los EE.UU y no un proceso judicial, tiene implicaciones tan severas, que lo hacen sentir a uno como si hubiese sido condenado.
Cuando me enteré, hablé con un amigo de un banco y le conté lo que me había sucedido; le dije vengo a poner la cara y me acaba de pasar esto.
No tenía ni idea en qué estaba metido, y en medio de sus consejos, me recomendó una excelente firma de abogados en los Estados Unidos, especializada en asesoría legal bancaria, con la que me habría de sentir muy tranquilo porque, sabiendo que yo no había hecho nada negativo o ilegal, estas personas con seguridad eran las apropiadas, ya que habían trabajado para el sector bueno, por decirlo de alguna manera.
Así obtuve la asesoría de la firma Gunster, Yoakley & Stewart y particularmente de los abogados Clemente Vázquez – Bello, Andrés Fernández y Marina Olman, con quien empezamos a trabajar y fueron quienes me dieron el primer barniz de lo que era la lista Clinton. Con ellos hice una estrecha amistad y recibí un excelente servicio profesional.
Por iniciativa mía, hice una presentación en la Junta Directiva del Club Los Lagartos para informarles lo que me acababa de pasar. No esperé a que reventara el tema. De igual forma, me presenté a las instituciones financieras con las cuales tenía vínculos para informarles lo sucedido.
Nunca tuve conocimiento de que estaba siendo investigado, y creo que esto es un tema importante, pues en cualquier momento las personas pueden verse involucradas sin tener conocimiento previo.
Infolaft:
¿Entonces no fue notificado?
LCG:
Nunca recibí una información personal, ni de que se estaba adelantando una investigación preliminar ni de que había sido incluido en la Lista OFAC.
Infolaft:
¿Qué puertas se le cerraron?
LCG:
Se me cerraron múltiples puertas en el sector financiero y en el asegurador, y eso hay que entenderlo. La Lista OFAC es una lista que tiene unas connotaciones, en Colombia y a nivel internacional, supremamente significativas y severas.
La comunidad, en general, jamás me cerró las puertas. Simplemente se clausuraron una serie de oportunidades, o de relaciones: cuando un banco toma la decisión de no tener como cliente a una persona incluida en la Lista, hay que entenderlo. Esa entidad se está jugando un alto precio. Ocurre, no obstante, que del otro lado, sabiendo que siempre se ha procedido adecuadamente, uno se siente muy mal.
Se dificultaron, naturalmente, las operaciones financieras y de seguros; el trabajo se volvió bastante difícil, aun cuando yo tuve siempre el respaldo de mis socios y de los clientes.
Eso, para mi caso, fue importantísimo, porque los clientes a quienes hemos venido asesorando durante 30 años reconocieron, con esa conducta, que estaban trabajando con una persona que no tenía motivos para estar en esa Lista. De lo contrario la desbandada de los clientes hubiera sido masiva.
Nunca tuve cerrada la puerta social y por el contrario, recibí generosas expresiones del gremio de abogados y de mis amigos, pero, obviamente, fue un tema que desembocó en dejar de lado la presidencia del Club Los Lagartos.
Infolaft:
¿Cómo es el proceso personal que usted adelantó para que lo excluyeran de la lista?
LCG:
El proceso lo inicié con la preparación de una solicitud de remoción, que se puede presentar directamente o a través de apoderados. En mi caso, escogí la segunda alternativa. Hay que mencionar que los abogados necesitan un permiso previo de OFAC para que puedan actuar.
Con ellos hicimos un exhaustivo análisis de mi caso para determinar qué pudo haber pasado, pues como nunca fui avisado de ningún cargo, ni de la existencia de una investigación preliminar, no sabía de qué debía salir a defenderme.
Algunos meses después recibí un cuestionario general con unas preguntas puntuales relacionadas con personas, bienes o viajes que hubiera realizado a los Estados Unidos. Tenía 90 días para contestarlo pero yo me tomé 45. Al responderlo es particularmente importante no omitir ni ocultar dato alguno que requiera OFAC.
Después de responder ese cuestionario en marzo de 2010, enfrenté una etapa de silencio que es desesperante. Volví a tener noticias en noviembre, cuando me invitaron a sostener una entrevista en la Embajada de Estados Unidos con la oficina de OFAC en Colombia, donde realmente fui muy bien recibido por el representante de esa oficina. Después de esa entrevista, que fue en enero de este año, entiendo que hay un reporte y se empieza a hacer nuevamente una evaluación del caso.
Finalmente, el pasado 14 de octubre, recibí una nota a través de los abogados en que me decían que la decisión era removerme de la lista, para lo cual tenía que firmar un documento y enviarlo. Una vez lo recibieran me retirarían de la lista, lo cual afortunadamente sucedió el pasado 19 de octubre.
Infolaft:
¿Entonces cuánto tiempo pasó entre la firma del documento y la eliminación?
LCG:
La carta dice que hay 90 días para enviar el documento, pero transcurrió un plazo muy corto, porque lo envié el mismo 14 de octubre y el 19 ya había sido removido de la Lista. Ese plazo es breve, entre el 14 y el 19 de octubre, es decir 5 días. Lo que sí es largo y dispendioso, es el proceso que debe adelantarse desde la inclusión hasta la eliminación, que, en mi caso, tomó cerca de dos años.
Infolaft:
¿Cuáles fueron las circunstancias por las cuales OFAC lo incluyó en la lista?
LCG:
Yo fui invitado por una oficina de abogados española a prestar una asesoría conjunta a un cliente de esa firma para hacer una operación en Colombia de compra de unas tierras que estaban a nombre de una sociedad.
Yo había trabajado con un socio de la firma española en otro caso algunos años antes, en un proceso de adquisición de una compañía colombiana y nos fue sumamente bien, por lo que yo tenía la tranquilidad de que iba a trabajar con una firma reconocida en España y para uno de sus clientes.
Me explicaron que se trataba de un proyecto hotelero en Cartagena, es decir, en el sector turístico más importante de Colombia en el cual tendría algún interés futuro un importante empresario de un grupo económico español de primer nivel en España. La firma de abogados española me informó que su cliente contaba con varios desarrollos de esa naturaleza en la Costa del Sol, como efectivamente lo confirmaron, lo que condujo a reflexionar que unas personas que vienen de la Costa del Sol, que es el sector turístico de España por excelencia, a llevar a cabo un proyecto en Cartagena, tiene todo el sentido, máxime si eran clientes y correspondía a un trabajo exclusivamente legal conjunto con una prestante firma de abogados de España.
Un dato de especial importancia es que yo no negocié ninguna condición económica de la operación, pues todas fueron trazadas y convenidas por la firma de abogados española. Los abogados españoles resolvieron que la mejor vía de realizar la operación era comprar las acciones de la sociedad, a su turno, propietaria de ese único activo, por lo que mi trabajo de co-asesoría consistía en adecuar a la ley colombiana a las condiciones comerciales que los abogados y su cliente habían convenido.
De esa forma, yo preparé un memorando de entendimiento que fue aprobado por la firma española y debatido con la contraparte y su asesor legal, mientras hacía el due diligence jurídico de la tierra y de la sociedad. Durante el curso de las discusiones legales y en razón exclusiva de ellas, conocí al vendedor y a su apoderado.
Para la fecha de la realización del negocio ninguna de las partes se encontraba en la lista OFAC, de manera que revisarla, si bien es importante, no basta y no es lo único que hay que hacer para prevenir este tipo de situaciones. Es muy difícil. Las condiciones del proyecto, las calidades de la firma española que había solicitado mis servicios profesionales, la eventual participación del grupo empresarial español, etc., no despertaron, ni despertarían objetivamente en ningún abogado, duda alguna.
Se llevó a cabo la negociación, se hizo el memorando de entendimiento, yo hice el estudio de títulos de las tierras de Cartagena y se acordó firmar la transferencia de las acciones a principios del año siguiente (2008).
No hubo ningún giro de divisas, ni yo firmé declaración de cambio alguna. En enero de 2008 se firmó la transferencia de las acciones y quedó pendiente el pago del precio, que se sujetó a la obtención de la totalidad de los permisos para adelantar el proyecto. No volví a ver al vendedor de las acciones.
Un año después, el vendedor de las acciones, que no era mi cliente sino mi contraparte y quien tenía su propio asesor legal, fue detenido por tener vínculos con el narcotráfico.
Cuando supe de ello, inmediatamente puse fin a cualquier asesoría a los empresarios españoles y terminé de inmediato cualquier relación profesional con ellos, entregándoles la totalidad de la documentación en mi poder relacionada con la adquisición de las acciones de la sociedad propietaria de los terrenos. Eso fue más o menos en febrero de 2009. Nueve meses después fui incluido en la Lista OFAC.
Infolaft:
¿Cómo se enteró de esta situación?
LCG:
Me llamó el cliente español y me dijo lo que acababa de pasar con la detención del vendedor. Inmediatamente le advertí que ni yo, ni mi firma de abogados, podía continuar con su asesoramiento y terminé cualquier relación profesional con ellos, hasta el punto que como dije, devolví la totalidad de la documentación que reposaba en mi poder. Ahí terminó mi asesoría.
Infolaft:
¿Qué puede hacer una persona para que no le pase eso?
LCG:
Es muy difícil esa pregunta porque las causales de inclusión son muy genéricas, con el agravante que la persona no tiene la posibilidad de discutir ni defenderse previamente a la designación.
Yo considero que no solamente es revisar la lista Clinton, que naturalmente es un tema de importancia. Fíjese que para la fecha en que mis servicios fueron contratados, ninguna de las personas involucradas estaba en ella. Hay que conocer muy bien al cliente y el entorno de las operaciones, y en eso hay que mirar a la autoridad norteamericana no como un enemigo sino procurar que sea un aliado.
Considero que si uno va de la mano de ellos va a hacer mucho más productivo el efecto que se persigue con esta lista, y menos riesgoso para las personas. Indagar, acerca de la naturaleza de la operación hasta llegar a la conclusión de su razonabilidad.
Con todo ello, sin embargo, el temor es inmenso pues cualquier persona, de buena fe, puede ser objeto del engaño propio de las actividades del lavado de activos. Finalmente, se debe tener la valentía de decir, tan pronto exista alguna duda, hasta aquí llego en ese negocio, como lo hice en mi caso.
Infolaft:
¿Qué sigue después de esto?
LCG:
Yo sostengo que mi nombre sale fortalecido. Por eso seguiré trabajando, seguiré prestando mis servicios. He tenido el reconocimiento del gremio de abogados, de mis amigos y de mi familia. Esto debe servir de experiencia favorable a una persona que pasó por esto.
Académicamente y desde el punto de vista legal, hay muchos temas que analizar con respecto a la “Lista Clinton” y sobre los cuales se podría trabajar armónicamente.
Surgen interrogantes tales como sus alcances de cara a garantizar el derecho de defensa de las personas que, como yo, actuamos de buena fe, para que no se vea vulnerado, así como preguntas en torno a la extra-territorialidad de la ley, la aplicabilidad de una medida administrativa que se hace efectiva de inmediato por una publicación en internet, la omisión de cualquier trámite de exequátor que se exige para las sentencias extranjeras, etc.
Son temas que por mi formación jurídica resultan interesantes de debatir en foros académicos creyendo, además, que si eso hace, la gente va a entender que vamos a tener un propósito común en el combate al lavado de activos y el narcotráfico.
