Esto dice EE.UU. del lavado de activos en Panamá

El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que evalúa los esfuerzos de 70 gobiernos para reducir el narcotráfico y los delitos financieros, señaló que Panamá es una jurisdicción atractiva para ser explotada por los lavadores de activos. En efecto, el Incsr señaló que “su ubicación geográfica estratégica, su economía dolarizada, el estatus como un centro regional financiero, comercial y logístico y las leyes corporativas y fiscales laxas hacen a Panamá una jurisdicción de alto riesgo”. Como casos emblemáticos para ejemplificar esta afirmación, el Departamento de Estado expuso la designación que hizo la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) de la Organización Waked de Lavado de Activos en 2016, las filtraciones de los Panama Papers vinculada a la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, el arresto y extradición del ex presidente Ricardo Martinelli en 2018 y las numerosas investigaciones relacionadas con sobornos pagados a funcionarios públicos por el gigante de la construcción brasileña Odebrecht. El dinero lavado en Panamá proviene principalmente de actividades ilegales cometidas en el extranjero, incluido el narcotráfico, los delitos fiscales y el contrabando de personas y bienes. En especial el tráfico ilícito de estupefacientes resulta sensible en este país centroamericano dado que, por su ubicación geográfica, generalmente resulta como paso obligado en las principales rutas de tráfico o del dinero. Las principales tipologías de lavado en Panamá involucran el contrabando de efectivo a granel y las operaciones de comercio exterior falsas en aeropuertos y puertos marítimos realizadas a través de compañías fantasmas, casinos, operadores de criptomonedas y las 12 zonas francas activas. Además, señaló el Departamento de Estado, “el contrabando a través de varios puertos puede ser facilitado por la corrupción". Lea también: Radiografía del lavado en Colombia según EE.UU. “Numerosos factores continúan obstaculizando la lucha de Panamá contra el lavado de dinero, incluida la falta de capacidad para identificar envíos de efectivo, la inexperiencia con las investigaciones y los juicios de lavado, la aplicación inconsistente de las leyes y regulaciones, la corrupción y un sistema judicial sin recursos”, sentenció el Incsr. No obstante, el informe destaca que Panamá ha demostrado un mayor compromiso con la transparencia fiscal al convertirse en signataria de las Normas Comunes de Información bilaterales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en enero de 2018, y a través de su participación en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua para Asuntos Tributarios.  

La regulación ALA/CFT

  Panamá ha mejorado su cumplimiento de los estándares internacionales para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, lo que ha promovido la expedición de leyes como Ley 23 de 2015 que penaliza el lavado de activos y establece los requisitos de cumplimiento ALA/CFT para entidades en 31 sectores de la economía. En desarrollo de esta ley, el gobierno supervisa el cumplimiento a alrededor de 12 mil Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (Apnfd) incluida la Zona Libre de Colón, la segunda zona libre más grande del mundo. Dentro de las deficiencias regulatorias, Estados Unidos señala que “Panamá aún no penaliza la evasión fiscal ni lo enumera como un delito fuente para el lavado de dinero”. En enero de 2018, el gobierno de Varela presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para abordar este tema y en octubre del mismo año el proyecto de ley fue aprobado en el primer debate. Se espera que el proyecto de ley se convierta en ley durante este semestre. Otra de las deficiencias señaladas es que Panamá carece de recursos suficientes, lo que genera que haya falencias en las capacidades del personal encargado de monitorear de manera efectiva a los sujetos obligados. "El gobierno necesita mejorar las actividades de capacitación, desarrollar manuales, difundir directrices y organizar sesiones de retroalimentación con las entidades informantes y supervisores para mejorar la calidad y los niveles de los reportes particularmente entre los sectores de alto riesgo”, afirmó el Incsr. Según Estados Unidos, las entidades judiciales y de supervisión carecen de experiencia y efectividad en el nuevo sistema penal acusatorio, lo que sumado a la falta de coordinación entre estas entidades, ha dado como resultado pocas investigaciones, procesos y condenas exitosas por delitos de LA/FT. “Panamá debe demostrar que está brindando capacitación en investigación financiera a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales y que está priorizando las investigaciones financieras más allá de los casos relacionados con el narcotráfico”, instó EE.UU. al istmo. Por último, el capítulo de Panamá del Incsr lanzó una crítica contra la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, a la que pidió demostrar que los Reportes de Operaciones Sospechosas se utilizan efectivamente para identificar sujetos involucrados con el financiamiento ilícito, y que sus informes se comparten de manera eficiente con las autoridades policiales. “Además conviene elevar la UAF a la categoría de agencia independiente, lo que la protegería aún más de la influencia externa”, finalizó. Lea también: Así es el lavado en México según EE.UU.