En el ámbito nacional retomaremos las dificultades probatorias contra Camilo Bula, exfuncionario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por su presunta participación en un caso de corrupción. Por otro lado, en el campo internacional presentaremos la acusación de lavado de activos contra el Duque de Palma de Mallorca y las nuevas designaciones de OFAC contra presuntos miembros de una red mundial de lavado.
Fiscalía no puede imputar cargos a Bula
El pasado 11 de julio el diario El Tiempo informó que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar ante una Juez de Garantías suficiente evidencia contra Camilo Bula, exjefe de la Unidad Antinarcóticos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), para acusarlo de tres delitos.
Las conductas punibles por las cuales el ente acusador pretendía que Bula fuera judicializado eran prevaricato por acción, obtención ilegal de documentos públicos y peculado por apropiación. Según la tesis de la Fiscalía, el exfuncionario habría intentado apropiarse de millonarios recursos públicos a través de la venta de activos administrados por la DNE.
Este caso fue incluido en la edición 34 de InfoLAFT. En ese momento se precisó que el Gobierno Nacional ordenó por medio del Decreto 3183 de 2011, emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, ante las serias anomalías que se habrían presentado en el manejo de los terrenos expropiados a narcotraficantes y delincuentes bajo el amparo de la figura de extinción de dominio.
Por medio del citado Decreto se dispuso que los archivos de la actual DNE pasaran a ser manejados por el Ministerio de Justicia, y que dicha cartera también ejerciera la función de fijar la política antidrogas. Así mismo, los bienes incautados –alrededor de 76.000– serán manejados por una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Le imputan el cargo de lavado al Duque
El escándalo desatado en España por las acusaciones por presunto lavado de dinero contra el Duque de Palma de Mallorca, Iñaki Urdangarin, hizo parte del contenido de nuestra edición 34. Al respecto se confirmó que el pasado 27 de junio la Fiscalía de las Islas Baleares le imputó el cargo de lavado de activos, ante las serias sospechas que tiene sobre él por posibles irregularidades cometidas mientras ejerció como presidente del Instituto Nóos. Cabe indicar que Urdangarin también es acusado de prevaricato, fraude, falsedad documental y malversación de fondos.
Según informó la Cadena SER de España, la Fiscalía presentó ante un juzgado un escrito de acusación de cuarenta páginas, en el que solicitaba –entre otras– información a las autoridades de Suiza y Luxemburgo sobre las cuentas corrientes que Urdangarin tiene en sus territorios, ya que a través de las mismas habría intentado desviar millonarios fondos.
El caso Urdangarin se remonta a los años 2005 y 2006 cuando el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a hacer estudios de patrocinios, firmó dos acuerdos con el Gobierno de las Islas Baleares para realizar foros especializados sobre deporte y turismo, por los que recibió cerca de 2.3 millones de euros. Al parecer, una vez el Duque recibió el dinero, lo envió a paraísos fiscales para ocultarlo, violando de esta forma los estatutos del Nóos que lo obligaban a reinvertir los recursos recibidos.
También se sospecha que creó la Fundación Deporte, Cultura e Integración para niños discapacitados con el objetivo de continuar con la apropiación de dineros públicos, una vez dejó la presidencia del Nóos en 2006.
Nuevas designaciones de presuntos vinculados con Joumaa
El 27 de junio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) designó a cuatro individuos y tres entidades en la sanción SDNTK. Al parecer, estarían vinculados con la red multinacional de lavado de dinero del ciudadano colombo-libanés Ayman Saied Joumaa, designado en enero de 2011 por dicha entidad, y quien tendría operaciones en Líbano, Congo, Benín, Panamá y Colombia.
Los individuos designados en esta ocasión fueron Ibrahim Chibli, Abbas Hussein Harb, Alí Houssein Harb y Kassem Mohamad Saleh (todos ellos de origen libanés), mientras que las empresas reseñadas fueron Bodega Michigan, Importadora Silvania e Importadora Silvania C.A. (las dos primeras con sede en Colombia y la última en Venezuela).
Según la autoridad estadounidense, la amplia organización de Joumaa tiene además vínculos con el grupo terrorista Hezbolá, al cual también le estaría lavando grandes cantidades de dinero.
Este caso hizo parte de la edición No. 34 de InfoLAFT y fue publicado como una investigación propia que permitió establecer que Joumma también está relacionado con los ciudadanos colombo-libaneses Jorge Fadlallah Cheaitelly y Mohamad Zouheir El Khansa, quienes a su vez tendrían nexos estrechos con Pedro Bermúdez Suaza (alias ‘el arquitecto’), capturado en México en el año 2008 y extraditado a Estados Unidos en 2010 por lavado de activos.
