A USD 900 millones ascendió la multa impuesta por la Fiscalía General holandesa, luego de llegar a un acuerdo con ING Groep NV por la violación de normas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La omisión de controles del banco habría permitido que sus cuentas fueran utilizadas para lavar dinero por valores no estimados, entre los años 2010 y 2016.
La Fiscalía holandesa señaló que ING había omitido controles legales como la verificación de beneficiarios finales, lo que conllevó que la institución no detectara operaciones inusuales. Igualmente, el ente investigador indicó que el departamento de cumplimiento del banco no había sido adecuadamente entrenado, ni contaba con el personal suficiente para la labor de gestión del riesgo.
ING, el banco más grande de los Países Bajos, admitió haber recortado el personal encargado de realizar el seguimiento de cuentas y no haber realizado las comprobaciones necesarias. Igualmente, la institución señaló haber encontrado fallas en la conservación de documentación de los clientes, el monitoreo de transacciones en curso, la clasificación y segmentación de clientes, entre otros.
El banco expresó arrepentimiento y anunció que tomará medidas contra aproximadamente 10 empleados y exempleados, las cuales van desde el retiro de las bonificaciones hasta la suspensión de funciones y el despido.
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