En el mundo del compliance nos guiamos por un conjunto de reglas cuyo origen se encuentra en una serie de convenciones internacionales y, de manera compendiada y específica, en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera o Financial Action Task Force (GAFI/FATF).
Por: Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú
En el marco de las mencionadas Recomendaciones, los países deben conocer los riesgos que enfrentan en materia ALA/CFT y establecer políticas para mitigarlos. Y es con respecto a ellas que los estados y jurisdicciones son periódicamente evaluados, con resultados que son publicados y con acceso libre para cualquier público interesado en el tema.
En el esfuerzo de todos por acercarnos al cumplimiento de los referidos estándares, los países constantemente aprueban e implementan leyes y otras disposiciones legales que tratan de recoger más o menos el contenido de los mismos.
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Este es un proceso que ha sido especialmente dinámico en la región latinoamericana en los últimos años, fundamentalmente por la toma de conciencia y la decisión de las autoridades nacionales, pero también por la indudable influencia de la labor del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG en inglés), y de los esfuerzos por alcanzar la calidad y consistencia de los informes de evaluación mutua en el ámbito de GAFI y de la comunidad global.
Vale la pena recordar que el ICRG es el grupo de trabajo en el que, básicamente, se decide si un país ingresa o es retirado de las listas del GAFI.
En síntesis, en los últimos años hemos vivido un proceso de mejora continua y generalizada en los sistemas ALA/CFT de la región, especialmente en lo que tiene que ver con lo que se conoce como cumplimiento técnico de las recomendaciones de GAFI.
La importancia de la efectividad
Ahora bien, en términos de efectividad, evidentemente no es suficiente con que cada país tenga aprobadas las leyes y demás normas que se desprenden de las Recomendaciones de GAFI y otros instrumentos internacionales.
Específicamente en términos de cooperación internacional, se requiere también que los países que van a trabajar en conjunto tengan aterrizado ese marco normativo en un sistema que cuente con un cierto nivel de eficacia operativa, de modo que permita alcanzar los resultados buscados.
En consecuencia, la existencia de un adecuado marco legal, así como de un mínimo nivel de efectividad, son circunstancias necesarias, aunque no necesariamente suficientes, para una exitosa cooperación internacional en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva.
¿Cuál es entonces el ingrediente que falta para que dos o más países decidan y puedan llevar adelante a buen término la cooperación activa en casos concretos vinculados con el LA y el FT? Tomemos como ejemplo la situación en este aspecto en Europa y comparémosla con la que existe en América Latina.
La necesidad de fortalecer la cooperación en Latinoamérica
En Europa, a partir del intenso camino de integración que dio lugar a la Unión Europea, pero sin limitarse al territorio de los estados que conforman ese pacto, se ha vivido un proceso de cooperación interinstitucional en casi todos los niveles.
Las unidades de inteligencia financiera y las autoridades del cumplimiento de la ley, como las policías y ministerios públicos, han sido parte de ese esfuerzo y hoy trabajan de manera complementaria y comparten información de una forma que, en este lado del mundo, aún nos cuesta entender.
En esa línea, la FIU net, la colaboración con Europol e incluso la reciente decisión de implementar una autoridad ALA/CFT de alcance regional, son pasos decisivos en la dirección correcta.
Por su parte, América Latina comparte raíces culturales, idiomáticas y jurídicas que constituyen una situación única a nivel global.
No existe otra región en el planeta que parta de estructuras como las descritas y, sin embargo, es claro que ello no ha bastado para asentar una cultura de trabajo conjunto y de compartir información como la que existe en otras regiones.
¿Por qué? La respuesta parecería estar en la falta de un espíritu de confianza necesario para romper las barreras que hemos construido en torno a la sensibilidad de la información que se maneja, especialmente en lo que se refiere a las UIF.
A través de mecanismos como los del Grupo Egmont o del propio GAFILAT, el intercambio de información entre las UIF ha alcanzado niveles infinitamente superiores a los que existieron antes, pero casi exclusivamente en términos de intercambios bilaterales a pedido de una de las partes.
En varias oportunidades dentro del propio GAFILAT se han propuesto iniciativas para que, dentro del organismo, los países asuman proyectos con un cariz más operativo y se exploren mecanismos para compartir información de modo espontáneo y multilateral.
Si bien es cierto que ello ha generado algunos proyectos muy importantes, los mismos no han reunido a todos los países miembros ni han comprendido información de inteligencia financiera y, por lo tanto, los progresos son limitados y la distancia que nos separa con lo avanzado en casos como el europeo sigue siendo grande.
En ese contexto, es necesario reconocer la decisión del GAFILAT de retomar las reuniones híbridas desde la plenaria de julio de 2021 en Ciudad de México.
Reuniones presenciales y su importancia para construir confianza
A la fecha, se han llevado a cabo tres plenarias post pandemia con cada vez mayor número de asistentes, lo cual contribuye no solo a construir confianza desde las relaciones cara a cara, sino también a la discusión más justa y respetuosa de los informes de evaluación mutua y demás temas que ocupan al organismo.
El Grupo Egmont, a su vez, organizó su primera reunión plenaria post pandemia en Riga, Letonia, hace unas semanas, con una asistencia muy numerosa de delegados de todo el mundo. En ese encuentro se discutieron aspectos de mucho interés y actualidad para las UIF, a la vez que se tuvo la oportunidad de restablecer lazos antiguos y construir nuevos vínculos con otras UIF.
En suma, a pesar de los múltiples beneficios aprendidos durante la pandemia en términos de la cobertura que nos brinda la conectividad remota, las reuniones presenciales generan oportunidades de desarrollo de la confianza, imprescindibles para el tipo de cooperación internacional que este esfuerzo demanda.
La construcción de relaciones de confianza, el networking y la necesidad de garantizar condiciones justas e iguales para todos los países al momento de discutir sus evaluaciones mutuas, y otros aspectos derivados de la aplicación de los estándares de GAFI, son elementos esenciales dentro del funcionamiento de estas organizaciones, y hace más necesario que nunca que sus reuniones sean fundamentalmente presenciales.
Por otro lado, la pertenencia de los estados a las organizaciones internacionales, especialmente aquellas con competencias ALA/CFT, requiere de su participación activa en las correspondientes deliberaciones.
La conexión remota puede ser un mecanismo transitorio para superar determinadas contingencias, pero difícilmente puede entenderse como la forma permanente de relacionarse correcta y respetuosamente con una organización y sus miembros.
