La administración de Barack Obama anunció una serie de medidas para luchar contra el uso ilícito de empresas fachada para evadir impuestos y lavar activos. Aunque estas son directrices internas aplicables únicamente en Estados Unidos, marcarán una tendencia global hacia un conocimiento real de los beneficiarios finales de sociedades anónimas.
El gobierno de Estados Unidos informó el 5 de mayo de 2016 que implementará una serie de acciones para acabar con el uso ilegal de sociedades anónimas como vehículo para la corrupción, el blanqueo de capitales y la defraudación al fisco.
Según informó la Casa Blanca, aunque en la actualidad existe un sistema económico mundial fortalecido como consecuencia del establecimiento de herramientas antilavado por parte de varios países en las últimas décadas (entre ellos los Estados Unidos), gracias al escándalo de los Papeles de Panamá se hizo evidente no solo este fenómeno criminal creciente y de gran impacto económico para las finanzas globales, sino también la necesidad de implementar nuevos sistemas que incrementen la transparencia en los esquemas corporativos anónimos.
La situación resulta tan grave que el 4 de abril de 2016 Transparencia Internacional (TI), la organización no gubernamental que promueve acciones contra delitos corporativos y corrupción política, publicó un comunicado en el que pidió una mayor transparencia en el sistema de sociedades anónimas en los Estados Unidos luego de que la “filtración masiva de 11.5 millones de documentos mostrara la vulnerabilidad del sistema financiero global y evidenciara lo fácil que es para funcionarios públicos la utilización de sociedades anónimas para ocultar sus identidades” (la organización hace referencia a que en las listas de los Papeles de Panamá están identificados más de 100 políticos de todas las nacionalidades).
Tal como lo señaló TI, en Estados Unidos cualquiera puede crear entidades legales sin develar quién controla la sociedad ni quién recibe beneficios económicos de estas e incluso se acepta que el estado de Delaware en sí mismo es sinónimo de empresas fantasma. “Es tiempo de que Estados Unidos acabe con el secreto que rodea las sociedades anónimas y ayude a evitar el flujo de fondos obtenidos ilícitamente hacia el país”, señaló la presidente de TI en EE.UU., Claudia Dumas.
Así, para detectar, desincentivar e interrumpir acciones ilegales de lavado, de canalización de recursos a grupos terroristas, de corrupción y de evasión de impuestos, fueron varias las medidas adoptadas por una serie de autoridades administrativas del gobierno de Estados Unidos que, en una acción coordinada y armónica, buscan aunar esfuerzos para cerrar boquetes en las normas e incrementar la transparencia corporativa.
Acciones del Departamento del Tesoro
1. Impedir que los extranjeros oculten activos o realicen transacciones financieras sospechosas en Estados Unidos a través de empresas ficticias anónimas incorporadas en el país.
Para lograr este objetivo, el Departamento del Tesoro, en conjunto con la agencia administradora de impuestos del país (IRS por su sigla en inglés), anunció que obligará a todas las empresas que sean propiedad de extranjeros y que se consideren unidas a sus dueños para pago de obligaciones tributarias, así como a las sociedades unipersonales de responsabilidad limitada, a obtener un número federal de identificación tributaria que antes no estaban obligadas a tramitar.
La importancia de esta nueva regulación radica en que este número de identificación tributaria hace parte de un riguroso sistema de rastreo y de cruce de información en bases de datos, lo que reduce las posibilidades de fraude al incrementar el cotejo de la compañía frente a otras personas jurídicas y en relación con personas naturales que figuren como accionistas y directores.
2. Presentar un proyecto de ley para fortalecer los sistemas anticorrupción y antilavado a través de la obligación a las compañías creadas en Estados Unidos de exponer ante las autoridades sus estructuras de propiedad y de reportar quiénes son los verdaderos dueños y beneficiarios finales de las sociedades.
La normatividad contiene un deber de reporte del beneficiario final de las estructuras corporativas, así como herramientas que le permitirán al Departamento tanto acceder a la información verificada acerca de la identidad de quiénes se encuentran detrás de las sociedades al momento de su creación, como sancionar a aquellos que omitan cumplir con el deber.
3. Exhortar al Congreso de los Estados Unidos a que expida leyes que permitan reducir la evasión de impuestos en el largo plazo y cerrar los vacíos legales que pueden ser aprovechados por los criminales para cumplir con sus propósitos.
Según los comunicados de prensa de la Casa Blanca, “el mal uso de las compañías para ocultar a su beneficiario final es una debilidad significativa en la transparencia de las empresas creadas en Estados Unidos que solo puede ser resuelta por una acción del Congreso”.
Adicionalmente, el Departamento del Tesoro también pidió al Senado que tramite y apruebe ocho tratados fiscales internacionales de Estados Unidos con otros países (incluidas enmiendas a los tratados existentes con Suiza y Luxemburgo) que se encuentran estancados desde hace varios años y que son necesarios para que el país se alinee con los estándares internacionales en materia de intercambio de información tributaria.
4. La UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) publicó una normatividad que exige a las instituciones financieras realizar procesos adicionales de debida diligencia sobre clientes e incluir la verificación de la identidad de las personas naturales que son dueñas, controlan o reciben dividendos de las empresas que pretendan vincular como cuentahabientes.
Esta nueva regulación, denominada Regla Final del Tesoro para la Debida Diligencia de Clientes (CDD), no solo modifica las normas existentes contenidas en la Ley de Secreto Bancario en cuanto a la definición de obligaciones ampliadas de conocimiento de clientes por parte las entidades financieras, sino que refuerza los mecanismos de judicialización efectiva haciendo asequible la información financiera necesaria para interrumpir los flujos de dinero ilegal, ayudando a la identificación de los bienes producto de delitos y colaborando en el cumplimiento de los programas de sanción del gobierno.
Acción del Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió un proyecto de ley al Congreso que busca fortalecer los esfuerzos para combatir la corrupción transnacional otorgándole mayores herramientas de recopilación de evidencias a los fiscales e investigadores encargados de perseguir conductas de cleptocracia y de lavado de activos para que el país vuelva a ser un modelo internacional anticorrupción.
Adrian Snood
Antecedentes
Aunque en la pasada cumbre del G20 (noviembre de 2015) Estados Unidos solicitó que se endurecieran los estándares antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo entre los países miembro, los esfuerzos de Estados Unidos para luchar contra los delitos financieros vienen desde antes.
Desde 2010 el país ha negociado tratados internacionales con más de 100 países para reforzar la aplicación eficiente y eficaz de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (Fatca), la mayoría de los cuales prevé el intercambio automático de información tributaria entre las autoridades estatales que administran los tributos. Asimismo, y gracias a los programas de flexibilización de sanciones, el gobierno ha logrado que desde 2009 se hayan declarado voluntariamente 54 000 cuentas offshore.
Adicionalmente, Estados Unidos fue el primer país que tipificó como delito el lavado de activos, mientras que la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) de 1977 fue la base del modelo de la Ocde para su Convención Antisoborno.
Esta regulación ha permitido que el Departamento de Justicia pudiera incrementar su capacidad de acción gracias a la implementación de seis programas anticorrupción que cobijan los escenarios más probables de corrupción: integridad pública, individuos que sobornan funcionarios públicos extranjeros, encubrimiento de cuentas en el extranjero, lavado de activos y otros esquemas de corrupción, recuperación del producto de la corrupción y asistencia en casos de corrupción en el extranjero.
Este proceso, que ha iniciado la administración de Barack Obama para modernizar sus normas y hacerle frente a las nuevas problemáticas de crímenes corporativos, es relevante no solo para el país sino para todo el mundo, pues las decisiones del gobierno estadounidense siempre han marcado una pauta que muestra hacia dónde se encamina el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en el planeta.
