Latinoamérica debe luchar contra la trata de personas. Imagen Freestockcenter
La trata de personas no solo produce mucho dinero ilícito, sino que tiene un impacto directo, profundo y gravísimo en las personas afectadas.
Por: Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú
Nuestro foco histórico en el tráfico de drogas
En el ámbito de lo que normalmente se conoce como lucha contra el crimen organizado –concretamente contra el lavado de activos– existen focos de atención que suelen convocar no solo las miradas, sino también la mayoría de recursos y esfuerzos de los diversos actores desde sus respectivos ámbitos.
Es bastante obvio, por razones históricas y de contexto de la región, que el tráfico ilícito de drogas y los delitos asociados a la corrupción han estado en el centro de las estrategias, planes de acción, presupuestos y hasta en la cobertura de la mayoría de los medios de comunicación.
Teniendo en cuenta la realidad de países como el Perú, no podría decirse que la aludida situación carece de justificación.
Ahora bien, si enfrentar con especial énfasis estas figuras delictivas es completamente correcto, esto no debe servir como explicación para la desatención que los estados y las propias sociedades civiles registran contra otros fenómenos criminales de menor exposición visual y mediática, pero de singular presencia e impacto en las personas y comunidades que las padecen.
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Me refiero en concreto a la trata de personas y delitos conexos. Aunque es verdad que, sobre todo a raíz de los efectos de la crisis venezolana, en los últimos años se ha hecho más visible la problemática asociada a la explotación de migrantes de esa nacionalidad en ruta hacia el sur o hacia el norte del continente, también lo es que el fenómeno en general es absolutamente más amplio y dista mucho de ser novedoso.
La ENR de Lavado de Activos de Perú: elemento de referencia
Pongamos como ejemplo al Perú, empezando por la reciente Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR-LA), publicada recientemente por el país.
Como ya se ha expuesto en un artículo publicado en este mismo medio a raíz de dicha publicación, esta ENR es la tercera que el país aprueba y la primera que se centra en los riesgos de lavado, dejando para otro ejercicio los correspondientes al financiamiento del terrorismo y de la proliferación de las armas de destrucción masiva.
Adicionalmente, esta ENR tuvo como orientación principal no solo la experiencia de las dos evaluaciones anteriores de 2010 y 2016, sino también los hallazgos y recomendaciones del Informe de Evaluación Mutua aprobado por el GAFILAT en diciembre de 2018.
No quiero repetir en esta oportunidad la historia o fundamentos metodológicos de la ENR-LA 2021, sino únicamente apuntar que se trata de un análisis técnico y profundo sobre la realidad del país y los riesgos que enfrenta en materia de lavado de activos.
Ese análisis, partiendo de la información recogida de diversas fuentes, calificó la totalidad de riesgos dentro de cinco categorías: muy alto, alto, mediano, bajo y muy bajo.
Trata de personas: un fenómeno que no vemos
Hecha esa precisión, vale la pena mencionar los hallazgos de la ENR en términos de delitos asociados a la privación o limitación de la libertad individual de las personas.
De acuerdo con las conclusiones del informe, este tipo de delitos implica, para el caso del Perú, un riesgo bajo.
Asimismo, si acudimos a las estadísticas, podemos notar que, desde 2017, la UIF de Perú solamente recibió 85 reportes de operaciones sospechosas (ROS) asociados a la trata de personas, equivalentes al 0.12% del total recibido en el período, 73 de los cuales llegaron provenientes de empresas del sistema financiero.
En ese mismo intervalo, los ROS recibidos totalizaron un monto de USD 38.7 millones de dólares, que representan el 0.02% del total registrado en ese lapso.
En cuanto a las regiones de las que provienen los mencionados ROS, tenemos que la mayor parte se origina en Lima, pero con presencia marcada en zonas donde se sabe que existe vinculación con este tipo de delitos.
De igual forma, existe una clara presencia de ciudadanos extranjeros como participantes en las operaciones financieras reportadas, lo que da luces incluso de posibles casos de turismo sexual.
Finalmente, desde el punto de vista de los productos generados en la UIF, tenemos un total de 51 comunicaciones emitidas por la entidad, de las cuales solo cinco fueron informes de inteligencia financiera. El monto congelado administrativamente por casos asociados a estos delitos es de aproximadamente USD 122.000 dólares.
Si además agregamos la información sobre investigaciones fiscales en curso o sentencias judiciales en la materia, encontraremos las mismas cifras escuetas, cortas, con escasa relevancia y con un reflejo que creemos insuficiente del impacto de estos delitos en la vida de las personas.
Si nos basamos en estos datos para intentar tener un panorama definido, parecería bastante lógico concluir que el lavado de activos con dinero proveniente de la trata de personas y otros delitos contra la libertad individual no es un problema grave ni de un volumen importante en el país.
De la misma manera, se podría concluir que este tipo de delitos tampoco supondrían una amenaza seria contra las estructuras de convivencia civilizada de una sociedad como la peruana.
Aunque no es el objeto de este artículo hacer un análisis regional sobre la materia, me atrevo a decir que esta situación se replica en la mayoría de los países latinoamericanos, tal vez con algunas excepciones que, en todo caso, resultaría interesante estudiar.
Primer paso: hablemos de la trata de personas
En suma, más allá de la crisis de migrantes en ciertas zonas específicas de América Latina, parecería que los delitos de trata de personas y similares no son un problema grave para nuestros países. El problema, en realidad, es que sí lo son y mucho.
Y lo son no solo porque son actividades que producen mucho dinero ilícito, aunque no lo veamos, sino sobre todo por el impacto directo, profundo y gravísimo que generan en las personas directa e indirectamente afectadas.
El problema no es por cierto legal, sino que pasa por diversos ejes, entre ellos un nivel de tolerancia o desidia social que condiciona las respuestas del estado y la sociedad, y que genera, por ejemplo, presupuestos insuficientes para la investigación, intervención y protección de las víctimas.
Es necesario destacar el trabajo esforzado de algunas organizaciones sin fines de lucro, que en todo caso debe servir como referencia para el estado, sujetos obligados del sistema de prevención y sociedad en general.
Estos delitos afectan a personas de todo género y edad, pero fundamentalmente truncan el desarrollo de las futuras generaciones de niños latinoamericanos. Enfrentar estos crímenes no es entonces una cuestión de dinero, sino de principios.
¿Qué podemos hacer para revertir este estado de cosas? Para empezar, debemos hablar del tema, ponerlo sobre la mesa, darles rostro a las víctimas cuando sea posible, además de mejorar sustancialmente las condiciones de recuperación de las personas rescatadas (que impactará sin duda el número de denuncias), potenciar el entrenamiento para la detección de estos ilícitos, y un largo etcétera.
Comencemos entonces ese tránsito hacia la mayor visibilidad de estos delitos y de sus perpetradores.
