Bancos tienen que colaborar con la Procuraduría. Imagen El Universal
El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022.
Algo parece ocurrir al interior de algunos bancos en Colombia en los procesos de respuesta hacia las autoridades.
Resulta que hace algunas semanas la Procuraduría General de la Nación envió una queja a la Superintendencia Financiera.
La razón de esto fueron las presuntas demoras de algunas “entidades bancarias” en la entrega de respuestas a los requerimientos de información que realiza la Procuraduría.
A través del oficio 01950 la Procuraduría solicitó a la Superfinanciera que “exhorte a las entidades bancarias, para el cabal cumplimiento y entrega [de información] dentro de los términos fijados”.
De acuerdo con el ente de control, las respuestas oportunas permiten “la realización del apoyo de una manera oportuna dentro de los procesos disciplinarios”.
Debido a la queja, la Superfinanciera emitió la carta circular 60 de 2022 en la que llamó la atención de sus vigiladas.
Además, les recordó “el deber que les asiste de procurar el inmediato y correcto cumplimiento de las órdenes y requerimientos impartidos por las autoridades administrativas y judiciales”.
Dentro de la misma carta circular la Superfinanciera socializó el rol que cumple la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría General.
Se trata de una dependencia que “presta colaboración técnica y científica a los operadores disciplinarios en las investigaciones de las conductas de los servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas”.
Quejas similares por parte de la Fiscalía General
Esta no es la primera vez que una autoridad del orden nacional se queja ante la Superfinanciera por las demoras de los bancos en la entrega de información.
Quizá el antecedente más cercano es el de una sanción, por valor de 500 millones de pesos, impuesta en el año 2020 en contra de un reconocido banco.
La multa, contenida en la resolución 899 del 13 de octubre de 2020, tuvo lugar luego de un proceso administrativo sancionatorio que se originó luego de una queja de la Fiscalía General.
En esa ocasión, el entonces Delegado contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía reportó una serie de “dificultades” que se venían presentando con un banco y que habían demorado unos procesos de búsquedas selectivas en bases de datos.
Ante la gravedad del hecho, desde la Superfinanciera le solicitaron a la Fiscalía la información detallada de dichas dificultades.
Tras varias semanas de análisis, el supervisor corroboró los hechos y encontró que el banco “no fue diligente en la atención de requerimientos”.
La sanción impuesta en ese momento es una de las más altas en Colombia en relación con el SARLAFT.
