La Contraloría General de la República publicó recientemente el segundo tomo de la investigación ‘Minería en Colombia’, en el cual señala que aproximadamente el 30% del total del lavado de activos en el país corresponde a la minería ilegal. Sin embargo, la magnitud del fenómeno es aún desconocido debido al precario conocimiento y control del sector por parte del Estado y a la ausencia de autoridad en muchas regiones del país.
Cifras
De acuerdo con el informe, ‘‘el crimen organizado podría lavar anualmente hasta $36 billones de pesos en el país, de los cuales $10 billones corresponderían a la minería ilegal, según un estudio recientemente elaborado por el Banco Mundial y 26 entidades del Estado’’. Si bien la Contraloría no dice específicamente qué estudio suministra las cifras, es muy probable que estas hayan sido extraídas del mapa de riesgo de lavado de activos en Colombia, el cual no se ha dado a conocer debido a análisis que actualmente se realizan acerca de la conveniencia de su publicación.
Adicionalmente, el documento recuerda que el Director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, ha señalado que “setenta toneladas de oro es lo que el país dice que le está vendiendo al mundo (anualmente), con una cifra de casi U$3000 millones de dólares, cuando la producción de la minería legal conocida no llega a quince toneladas”.
Vale la pena recordar que a pesar de la relación entre la denominada minería ilegal y el lavado de activos, en 2013 fue archivado el proyecto de ley 206 de 2012 Cámara que incluía a la minería ilegal como delito fuente del lavado de activos.
La voz del investigador
Infolaft entrevistó a Luís Álvaro Pardo Becerra, uno de los investigadores del proyecto, quien reconoció que uno de los grandes problemas para luchar contra la minería ilegal es la falta de coordinación entre algunas entidades del Estado.
Infolaft:
¿Cuáles son las tres grandes conclusiones del capítulo 3 escrito por usted?
Luís Álvaro Pardo:
Creo que la primera es que históricamente el Estado no ha cumplido con el mandato que le han impuesto los Decretos Supremos o las Constituciones Nacionales respecto a sus recursos naturales. El Estado, propietario de los recursos naturales no renovables, sabe muy poco o nada sobre las reservas de minerales del país, dónde están, o en qué condiciones geológicas o ambientales se encuentran. Esta ha sido una tarea que el Estado ha tercerizado y dejado en manos de los privados: el conocimiento geológico, la exploración de las reservas y su valoración. Ese es un problema muy grande.
La segunda es que como consecuencia de la debilidad de la institucionalidad minera y su falta de control y fiscalización del sector, lo que predomina actualmente en el país es la minería informal, ilegal y últimamente criminal por el ingreso de organizaciones armadas al margen de la ley. La autoridad minera ha sido muy prolífica en la expedición de normas, pero la efectividad es muy baja, pues escasamente esas normas se conocen en las regiones y tampoco hay un gran interés de algunos mineros de esos rangos por cumplirlas.
En tercer lugar, el actual modelo minero se caracteriza por la multiplicidad e intensidad de los conflictos que genera: en las regiones, por ejemplo, tenemos una lucha importante entre mineros informales, ilegales y criminales por el control de los recursos y de las rentas que esta actividad produce; en algunas poblaciones, como en Piedras, Tolima, las autoridades locales y las comunidades advierten mediante una consulta popular que no quieren minería en su territorio; decenas de alcaldes y gobernadores se quejan porque en Bogotá se expiden los títulos mineros sin consultar la voz del territorio y causan grandes impactos ambientales y sociales que son ellos quienes deben enfrentar; y no son pocos los enfrentamientos inter-institucionales que se causan, por ejemplo, entre la autoridad ambiental y la minera; y tampoco la gran minería legal escapa de este problema, pues también genera problemas ambientales, sociales y de salud de gran magnitud
No es posible que el Estado continúe diciendo que la minería es un sector de utilidad pública e interés social, cuando ella misma es fuente de conflictos y desconoce derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano.
Infolaft:
¿Qué encontraron respecto al lavado de activos?
LAP:
Por documentos e investigaciones de entidades oficiales conocíamos de los nexos entre este tipo de minería (ilegal) y el lavado de activos. Para investigar más a fondo quisimos ir a la información de fuentes primarias, pero desafortunadamente esa información sigue siendo confidencial y no tuvimos acceso, aunque entendemos que se mantenga reservada mientras concluyen las investigaciones.
Corroboramos sí, con estadísticas oficiales del sector, que existen graves discrepancias en la producción y exportaciones de oro, las cifras no cuadran, y allí hay una irregularidad muy grande, que incluye el silencio de las autoridades competentes. Pero en general, acudimos a fuentes secundarias para mostrar la conexidad entre el lavado y la minería.
Infolaft:
En uno de los apartes del capítulo se habla de connivencia entre autoridades, grupos armados al margen de la ley y mineros ilegales…
LAP:
Como consecuencia del boom de precios de los minerales a partir del 2002-2003, el mapa de la minería cambió radicalmente en el país y lo que observamos es que se generaron procesos de mutación, connivencia y de legitimación de lo ilegal en varias regiones del país.
Uno de estos aspectos tiene que ver con lo que nos denunciaron en varios sitios y que tiene que ver con la presunta corrupción por parte de la fuerza pública. Por ejemplo, en el nordeste antioqueño, varias personas nos dijeron que los extorsionaban las Farc, las ‘Águilas Negras’ y las ‘Águilas Verdes’. Al preguntar por quiénes eran las ‘Águilas Verdes’ nos contaron que son miembros de la fuerza pública. Este no es un fenómeno generalizado ni compromete a la totalidad de nuestras Fuerzas Armadas, pero sí muestra corrupción por parte de algunos uniformados que deberían estar apoyando al Estado en su lucha contra la minería criminal.
Infolaft:
De acuerdo con el estudio ¿Se debe emitir nueva normativa o se debe aplicar la existente?
LAP:
Los minerales son bienes públicos que no se renuevan, son estratégicos y de propiedad del Estado, por ello se requiere de una política macro que reconozca a este sector como un sistema complejo. La minería hoy genera impactos intensos, recurrentes y radicales sobre otros sectores, como el medio ambiente, la salud, los conglomerados sociales, las comunidades étnicas, la economía.
La minería no es por tanto una isla y el Gobierno Nacional no puede seguir regulando y administrando el sector de manera fragmentada. La nueva política minera debe comprender esta situación y avanzar en la expedición de normas para regular un macro-sector. Actualmente, en el marco de esta investigación, estamos trabajando en una propuesta en ese sentido.
Infolaft:
Ese trabajo, ¿qué alcance tendrá? ¿A través de qué instrumento se dará a conocer?
LAP:
Nuestro objetivo es darle a conocer al Gobierno Nacional y a la sociedad las señales de alerta y llamar la atención sobre las cosas graves que están ocurriendo en el sector minero. El actual modelo de minería no refleja el interés general de los colombianos y debemos avanzar hacia una política que permita transformar nuestro patrimonio natural en fuente de desarrollo económico, bienestar social y convivencia pacífica.
