En su primera columna para Infolaft el director de la UIF de Perú, Sergio Espinosa, presenta un recuento que destaca la evolución del sistema regional ALA/CFT de Latinoamérica.
Por: Sergio Espinosa*
Un 8 de diciembre de 2000, en Cartagena de Indias, Colombia, nueve países sudamericanos firmaron el memorándum constitutivo que dio origen al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), con la finalidad de replicar en la región los esfuerzos que a nivel global llevaba adelante el FATF/GAFI para luchar contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).
En 2006 se sumó México y, a partir de 2012, la mayoría de países hispanohablantes de América Central y del Caribe.
Después de haber tomado la decisión de cambiar su nombre por el de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la organización tiene 17 miembros plenos, además de observadores como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Portugal, España, Francia, Italia, Reino Unido y El Salvador, a la par que organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, BID, OEA, UNODC, entre otros.
De los 14 miembros a ser directamente evaluados por GAFILAT, ya se han concluido los correspondientes procesos de cuarta ronda para 11 países, quedando pendientes únicamente Paraguay, Ecuador y Bolivia, además de Argentina y Brasil que serán evaluados próximamente por el propio GAFI.
Es sabido que las evaluaciones de cuarta ronda suponen un marcado mayor énfasis en aspectos como el conocimiento y mitigación de los riesgos, la medición de la efectividad de las acciones emprendidas por una jurisdicción para combatir eficazmente el LA y el FT, y la incorporación de previsiones referidas a la lucha contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Lea también: decreto 830 de 2021 define nuevas PEP para Colombia
En ese sentido, hacer comparaciones con los resultados de la tercera ronda puede resultar engañoso e incompleto; sin embargo, ello no debe impedirnos reconocer todo lo que se ha avanzado en esta parte del mundo en esta materia.
Los países de América Latina, en mayor o menor grado, adolecen de necesidades insatisfechas para sectores importantes de su población.
La ruta hacia el desarrollo económico y social es ardua, urgente e inconclusa y, por lo tanto, los esfuerzos que se hacen para combatir de modo eficaz el LA y el FT deben ser considerados en el contexto de los grandes esfuerzos que hacen los estados y el sector privado para cerrar las brechas que nos separan del desarrollo.
Esto no quiere decir de ninguna manera que la decisión de luchar contra el LA y el FT sea una de dimensión menor o a la que corresponda asignar menos recursos que aquellos que son destinados al financiamiento de otras políticas públicas porque, por el contrario, cada vez resulta más evidente que no hay desarrollo posible sin integridad.
Volviendo a los resultados de las evaluaciones mutuas, si hacemos un análisis que vaya más allá de las calificaciones obtenidas, podemos llegar rápidamente a la conclusión que el gran pendiente está en lograr avances más sostenidos en términos de la efectividad de las leyes y las políticas en ejecución.
Lea también: cartilla sobre cómo usar la lista Clinton
Ese es, por lo demás, un pasivo que América Latina comparte con la mayoría de regiones de la red global y es ahí donde claramente deben dirigirse los mayores esfuerzos y recursos para lograr resultados tangibles, aquí y en el resto del mundo.
Pero el panorama no es necesariamente negativo ni siquiera en este extremo, debido a que, a pesar de las deficiencias subsistentes, hasta la fecha solamente dos de las jurisdicciones evaluadas (de un total de doce) han sido derivadas al proceso de seguimiento y monitoreo del International Cooperation Review Group (ICRG) del GAFI, y se encuentran ejecutando los planes de acción que esperamos las llevarán a salir de la lista gris en el corto plazo.
Pero del mismo modo que reconocemos los importantes faltantes en términos de efectividad, debemos también apreciar el innegable desarrollo que han experimentado los países latinoamericanos respecto a contar con legislación moderna y consistente con los tratados y estándares internacionales.
Hay que destacar también el crecimiento de los recursos asignados a las agencias competentes, el mayor énfasis en el diseño de políticas públicas para enfrentar el LA y FT, el desarrollo de estudios de riesgos nacionales y sectoriales. y la mejora en la coordinación interinstitucional al interior de los estados y de éstos con el sector privado.
Además, se debe mencionar el nacimiento de una conciencia en la sociedad respecto al impacto de estos delitos en la vida de los ciudadanos y la importancia de enfrentar el LA (y FT) y sus delitos fuente.
Si acaso hacía falta un fenómeno que lo hiciera aún más evidente para todos, la pandemia nos ha mostrado descarnadamente que el lavado de dinero mata.
En todo este proceso, que lleva muchos años, han participado diversos actores nacionales e internacionales cuyo papel en esta historia es necesario resaltar.
Lea también: todo lo que debe saber sobre el SAGRILAFT
Ya a finales de la primera década de este siglo, cuando aún se encontraba en curso la tercera ronda de evaluaciones, el Fondo Monetario Internacional decidió iniciar un proyecto piloto para el desarrollo de evaluaciones de riesgo y estrategias nacionales en la región, contando con la participación inicial del Uruguay y de Perú en ese primer ejercicio.
Es menester destacar que es después de esta experiencia, recién en 2012, cuando el GAFI aprueba las nuevas 40 recomendaciones en las que se exige a los países que conozcan los riesgos que enfrentan en materia de LA y FT y que adopten medidas para mitigarlos.
El FMI, además, junto con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y otras instituciones y países cooperantes, iniciaron o continuaron con el apoyo a los países a través de asistencias técnicas focalizadas en aspectos identificados por los propios países receptores como los más relevantes en su respectiva situación.
En ese mismo contexto el GAFI, a través del ICRG, llevó adelante una política mucho más agresiva de seguimiento a la situación de jurisdicciones con serias deficiencias en sus sistemas de prevención, detección y represión del LA y FT, lo que a su vez trajo como consecuencia que diversos países latinoamericanos resultaran incluidos en las listas de tercera ronda que el propio GAFI publicó.
Más allá de los evidentes perjuicios que esta situación les generó a los países listados, este hecho sirvió –indudablemente– como un incentivo poderoso y eficaz para que los planes de acción aprobados se llevaran a efecto y se superaran importantes brechas, sobre todo, en términos de aprobación de legislación.
A este impulso inicial se sumó el esfuerzo del GAFI para garantizar la existencia de una verdadera red global, con parámetros de calidad y consistencia equiparables para todas las regiones y todos los organismos regionales estilo GAFI (conocidos como FSRB).
Podríamos tal vez caer en el error de pensar que la combinación de todos los factores antes enunciados es suficiente para explicar los grandes avances que se han dado en la región, especialmente en términos de desarrollo de la legislación y, en general, de cumplimiento técnico respecto a los estándares de GAFI; aunque también en menor medida respecto a la efectividad de las políticas y acciones ejecutadas.
Y sería un error porque significaría no reconocer el papel que el GAFILAT ha desempeñado en el acompañamiento de sus miembros y en su propio posicionamiento como un organismo eminentemente técnico y de primer nivel en la comunidad internacional.
*Director de la UIF de Perú.
