El Departamento de Estado de EE.UU. identificó en un informe las vulnerabilidades de Colombia para combatir el narcotráfico y el lavado de activos. El documento se da a conocer cuando falta menos de un mes para la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El Departamento de Estado dio a conocer el ‘
Informe 2018 de estrategia internacional de control de narcóticos’, un documento de dos volúmenes en el que el gobierno de EE.UU. analiza el trabajo de varios países del mundo para combatir el tráfico de drogas y el lavado de activos.
El informe se publica en marzo de cada año y allí se identifica a las “principales jurisdicciones de lavado de activos” debido a que, entre otras razones, sus instituciones financieras “(…) participan en transacciones monetarias que involucran cantidades significativas de ganancias provenientes del narcotráfico internacional”. También se tienen en cuenta las tendencias del lavado de activos y el rol de las empresas no financieras.
En la versión 2018 del informe se resalta que
existen 90 países con riesgo de lavado de activos, entre los cuales están los propios Estados Unidos y todos los países de Sudamérica, con excepción de Chile.
Teniendo en cuenta que la publicación es realizada por el Departamento de Estado, entidad que maneja las relaciones internacionales del gobierno de Estados Unidos, es muy posible que su contenido haga parte de la reunión bilateral que sostendrán los presidentes Juan Manuel Santos y Donald Trump a mediados de abril en Colombia.
No solo se debe perseguir el narcotráfico, también el dinero que genera
Quizá lo más novedoso del informe es que señala que los esfuerzos antinarcóticos del gobierno de Colombia se han centrado tradicionalmente en prevenir el narcotráfico, pero “se han dirigido menos esfuerzos operacionales o de inteligencia para rastrear y confiscar el producto de esas ventas de drogas, que utilizan las mismas rutas de contrabando u otros métodos de transferencia”.
Lo interesante es que asegura que
las rutas de tráfico de drogas y de contrabando son las mismas, y que usan similares métodos de transferencia del dinero.
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Lavado de activos: negocios de mayor riesgo en Colombia
El Departamento de Estado señala que a pesar de que Colombia tiene un régimen fuerte contra el lavado de activos, los dineros ilegales provenientes del tráfico de drogas y de la minería ilegal continúan afectando a sus instituciones financieras.
El informe sostiene que entre las técnicas más usadas para lavar activos se encuentra el contrabando de efectivo, de gasolina, de licores y de electrodomésticos; así como las transferencias electrónicas, las remesas y el uso de monedas electrónicas. El comercio de elementos falsificados es otro método usado para lavar los activos ilícitos.
Por su parte,
los sectores o negocios más afectados por el lavado de activos son los casinos, los juegos de chance, las loterías, la ganadería, los textiles, la minería de oro y las tarjetas prepago. Mientras que “las 104 zonas francas en Colombia son vulnerables debido a una inadecuada regulación, supervisión y transparencia”.
Llama la atención que, a diferencia de los informes de años anteriores, en esta ocasión no se menciona a los giros postales y a los mercados de valores como negocios de riesgo.
Falta de cooperación entre autoridades, otra gran problema
El informe sostiene que la subdesarrollada capacidad institucional, la limitada cooperación entre agencias y la falta de experiencia en investigación y judicialización de crímenes financieros complejos impiden que Colombia tenga un régimen efectivo de lucha contra el lavado de activos.
Respecto a las autoridades reguladoras, entre las cuales están las superintendencias, el informe asegura que carecen de capacidad y de herramientas tecnológicas para examinar efectivamente la gran cantidad de datos disponibles.
Sin embargo, estas observaciones no son novedosas. El Departamento de Estado las ha repetido en sus informes a lo largo de los últimos cuatro años.
¿Habrá algún impacto en el examen del FMI a Colombia?
Durante el próximo mes de julio el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) –organismo continental de lucha contra el lavado de activos al que Colombia pertenece– tendrá que analizar y aprobar un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evalúa el sistema colombiano contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).
Uno de los componentes más relevantes de esa evaluación será la efectividad de las políticas para perseguir el delito. Para hacer esa medición los expertos del FMI tuvieron en cuenta el cumplimiento de las normas emitidas en Colombia para prevenir el LA/FT, el número de sanciones y condenas existentes, y el nivel de cooperación entre entidades públicas.
Por esa razón es preocupante que el informe del Departamento de Estado mencione insistentemente que en Colombia hay una “cooperación interinstitucional inadecuada”. De hecho, se refieren al tema en cuatro diferentes apartes y señalan que se debe trabajar para fortalecer aspectos como el intercambio de información.
Si bien el Departamento de Estado no participa en la evaluación del FMI, sus informes son referentes en lo que tiene que ver con la lucha internacional contra el lavado de activos.
