En los últimos meses se ha visto en América Latina una explosión de procedimientos judiciales en contra de altos funcionarios o exfuncionarios de varios Estados por hechos de corrupción y lavado de activos. En esta primera de dos entregas, se analizarán los casos de Brasil, Perú y Guatemala.
A pesar de que muchos de los escándalos de corrupción en gobiernos latinoamericanos iniciaron dentro de los últimos 15 años, ha sido durante los pasados dos que las autoridades judiciales han procedido a acusar y a procesar a presidentes, expresidentes y a sus colaboradores para castigarlos por presuntos actos de corrupción mientras detentaron el poder.
Para observar y entender el panorama completo del creciente fenómeno de la corrupción en el subcontinente, infolaft publicará dos entregas de este trabajo periodístico en el que se reconstruyen los hechos que motivaron cada una de las seis acusaciones más relevantes a mandatarios o exmandatarios de forma concreta y los contrasta con una breve referencia a la normatividad sobre personas expuestas políticamente (PEP) de cada país.
En esta primera parte se analizan los casos de Brasil, en el que la presidenta está ad portas de ser destituida por estar vinculada a una red de sobornos descubierta en la estatal petrolera Petrobras; de Perú, en virtud del cual el expresidente Alejandro Toledo es procesado por la compra de lujosos inmuebles con plata proveniente de corrupción a través de empresas fachada en Costa Rica; y de Guatemala, cuyo escándalo llevó a su presidente a renunciar por estar ligado a una mafia de defraudación aduanera.
Caso lava jato: el peor escándalo de corrupción en la historia de Brasil
El que ha sido considerado el mayor caso de corrupción en Brasil tiene su primera raíz en una denuncia instaurada por el empresario Hermes Mangus en el año 2008 cuando una de sus compañías, Dunel Industria e Comercio Ltda, estuvo a punto de ser utilizada para lavar activos.
A partir de este momento, las autoridades iniciaron la operación lava jato (lavadero de carros) en las que no solo lograron detectar cuatro bandas dedicadas a mantener un sistema bancario paralelo que le permitía a las mafias ocultar sus recursos, sino que se identificaron a todos sus cabecillas: Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama y Raul Henrique Srour.
Dentro de los miles de documentos obtenidos en la investigación empezaron a surgir correos electrónicos en los que se relacionaban regalos cuantiosos que llamaron la atención. En una carta hallada en el correo de Alberto Youssef se hacía referencia a una camioneta Range Rover Evoque que fue entregada a Paulo Roberto Costa, director de refinerías y abastecimiento de Petróleo Brasilero S.A. (Petrobras) entre 2004 y 2012 y quien, además, estaba encargado de la gestión contractual de la compañía. De esta forma se hizo evidente una relación entre la petrolera estatal Petrobras y la red de corrupción y lavado de activos.
A marzo de 2014, casi un centenar de establecimientos habían sido allanados y 28 personas se encontraban detenidas, incluido el exdirectivo Costa, quien en septiembre de ese año y para acogerse a una rebaja de penas develó el sistema de sobornos a través del cual, entre 2004 y 2012, las más grandes constructoras del país (Odebrecht, entre ellas) pagaron millonarias coimas a directivos de Petrobras y a más de 50 políticos de diferentes partidos, incluido el Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff, para hacerse a los contratos.
Esta versión fue confirmada posteriormente por otro de los presuntos lavadores, Alberto Youssef.
El dinero de los sobornos, que oscilaba entre el 1% y el 3% del valor de los contratos y que alcanzó en ocho años la escandalosa cifra de 20 000 millones de reales (equivalentes a poco menos de U$8000 millones de dólares), iba a parar a empresas ficticias que maquillaban contablemente los recursos como pago por servicios de consultoría o a cuentas en Hong Kong.
Los meses por venir fueron calamitosos para la presidenta Roussef. No obstante haber sido reelegida el 26 de octubre de 2014, en diciembre de ese año empezó a mencionarse desde las autoridades de Estados Unidos (Petrobras cotiza en la bolsa de valores de Nueva York por lo que está sometido a la Fcpa) que Dilma Rousseff debía responder por el escándalo ya que, en el momento en que se ejecutaron algunos de los sobornos más cuantiosos, ella era presidenta del Consejo de Administración de Petrobras (2003 – 2010).
Posteriormente cuatro empresas constructoras implicadas en el escándalo (Engevix, Galvao Engenharia, UTC y Mendes Junior) se pronunciaron ante los tribunales en contra de la presidenta y su gobierno aduciendo que fueron ellos los que crearon un esquema de corrupción para favorecer a unos pocos, entre ellos a diputados y otros políticos de su propio partido.
Durante todo el 2015 la investigación no se detuvo. Además de que se buscó recuperar alrededor de U$1700 millones de dólares, se emitieron alrededor de 200 acusaciones penales entre las que se encuentran la del extesorero del Partido de los Trabajadores, João Vaccari, algunos exdirectores de Petrobras, y el expresidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión.
En lo que va corrido de este 2016 el escándalo ha alcanzado niveles que no se imaginaban años atrás: el congresista del Partido de los Trabajadores Delcidio Amaral salpicó a la presidenta y al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en el escándalo, por lo que este último fue conducido e interrogado el 4 de marzo por la Policía Federal.
Aunque Lula negó todas las acusaciones, unos días más tarde el Ministerio Público de Sao Paulo denunció al expresidente por ocultar lujosos inmuebles reseñados dentro del lava jato.
Por su parte, Dilma se enfrenta a un procedimiento de destitución ante el congreso del país que ya superó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados el pasado 17 de abril y se espera que a mediados del mes de mayo el Senado la ratifique. Si en la votación de apertura del proceso en la cámara alta, 42 de los 81 senadores vota a favor, la presidenta será suspendida en su cargo por un periodo de hasta seis meses. Y si con posterioridad 54 senadores votan para declarar la culpabilidad de Rousseff, la presidenta sería destituida y el vicepresidente, Michel Temer, quedaría investido como mandatario hasta el 2018.
Los últimos hechos del caso conocidos hasta antes del cierre de este número fueron los siguientes: el 4 de mayo el Procurador General de la República, Rodrigo Janot, solicitó al Supremo Tribunal Federal que investigue tanto a Dilma Rousseff como a Lula da Silva y a tres ministros del gabinete (Gabinete Personal, Secretaría de la Presidencia y Comunicaciones) por obstrucción a la justicia en las investigaciones del caso Petrobras. Además, el 6 de mayo el Tribunal Supremo Federal de Brasil retiró de su cargo al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por obstaculizar las pesquisas de corrupción del caso en la que él aparece como beneficiario del pago de sobornos.
La regulación de las PEP en Brasil
La Estrategia Nacional de Combate de la Corrupción y el Lavado de Dinero fue instituida en 2003 por el gobierno de Brasil con el objetivo de coordinar a los diferentes agentes gubernamentales encargados de las diversas etapas de la lucha contra esos delitos. Según esta directriz, para el año 2006 el país debía contar con una regulación especial para el sector financiero, dentro de la que debía incluirse un capítulo referido a las personas expuestas políticamente (PEP).
El ente encargado de expedir los lineamientos regulatorios de las PEP es el Comité de Regulación y Fiscalización del Mercado Financiero, de Capitales, Asegurador, de Previsión y Capitalización (Coremec), que en diciembre de 2006 señaló que “se consideran personas políticamente expuestas [a] los agentes públicos o sus familiares u otros vinculados que desempeñen, o hayan desempeñado en los cinco años anteriores, cargos, empleos o funciones públicas relevantes en Brasil o en países, territorios o dependencias extranjeras. Se consideran familiares los parientes en línea directa en primer grado, así como el cónyuge o compañero o compañera y los hijastros”.
Además de la definición genérica, el Coremec estableció un catálogo enunciativo de PEP que especifica cuáles cargos deben ser tenidos especialmente en cuenta por los sujetos obligados y que incluye: los funcionarios del poder ejecutivo y legislativo de elección popular; los funcionarios del poder ejecutivo con carácter de ministros de Estado o equivalente; los funcionarios del poder ejecutivo que ostenten cargos de presidentes, vicepresidentes, directores o equivalentes de autoridades, fundaciones públicas, empresas públicas o sociedades de economía mixta; los miembros del Consejo Nacional de Justicia, del Supremo Tribunal Federal y de los Tribunales Superiores; los gobernadores de estados o el distrito federal, entre otros.
Posteriormente, en julio de 2012, el congreso de Brasil reformó, a través de la Ley 12683, el marco legal de prevención de los riesgos de lavado de activos y estableció en la nueva normatividad más delitos fuente e incluso se incorporaron delitos menores, se amplió el espectro de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, se incrementaron las sanciones y se establecieron mayores controles de debida diligencia sobre las personas expuestas políticamente (PEP).
No obstante y a pesar de los esfuerzos, pasados dos años desde que se emitió la reforma y a 13 años de la expedición de la Estrategia Nacional, la UIF de Brasil (Coaf) ha detectado que si bien las entidades financieras han implementado sus sistemas antilavado, los nuevos sujetos obligados, que en su mayoría son ajenos al sector financiero, no han procedido a establecer parámetros de conocimiento de clientes por desconocimiento de los nuevos lineamientos.
Adicionalmente, algunos expertos del sector privado achacan la culpa a la misma UIF bajo el argumento de que no tiene la capacidad operativa para tramitar todos los reportes que se derivan de la regulación.
Caso Ecoteva (Perú)
El 22 de abril de 2016 se conoció que el juzgado 16 penal de Lima, dirigido por el juez Abel Concha Calla, abrió un proceso por el presunto delito de lavado de dinero contra el expresidente del Perú Alejandro Toledo (2001–2006), en un sonado caso de corrupción denominado Ecoteva.
Además de la indagación sobre el expresidente, el juez Concha informó que también procesará en calidad de coautores a la exprimera dama de la república y esposa de Toledo, Eliane Karp; a su amigo, el empresario Josef Maiman; al ejefe de seguridad de la presidencia, Avraham Dan On; y al abogado David Eskenazi.
El nombre del caso se deriva de la razón social de la empresa Ecoteva que, al tiempo con las sociedades Ecostate y Ashdan, fue creada en 2003 en Costa Rica por orden de los procesados y con la venia del entonces presidente, Alejandro Toledo, como compañías fachada para ocultar recursos provenientes del presunto pago de sobornos de las constructoras Odebrecht y Cabargo y Correa para hacerse adjudicatarias del contrato de construcción de tres tramos de la vía Interoceánica que conecta a Perú con Brasil.
Alejandro Toledo. Foto San Francisco Foghorn
Estos hechos se conocieron en el año 2013 cuando se supo que Eva Fernenbug, la octogenaria suegra de Toledo y exdirectora de Ecoteva, adquirió una casa en el barrio las Casuarinas de Lima y una oficina en el barrio de Surco por un valor total de U$5 millones de dólares mientras estuvo al frente de la empresa, sin poder justificar el origen de los recursos.
Adicionalmente salió a la luz que mientras Fernenbug dirigió Ecoteva, gestionó a través de la compañía el pago de dos hipotecas por valor U$500 000 dólares que pesaban sobre dos inmuebles de Alejandro Toledo en el distrito de Santiago de Surco de la capital peruana y en el balneario Punta Sal en la región de Tumbes.
Aparte de estos hechos, en Costa Rica y durante la lectura de la acusación también se expuso que en el año 2002, por indicación del presidente Toledo, el empresario Josef Maiman creó una sociedad offshore en Panamá y abrió una cuenta en el banco LGT con sede en Suiza a través de las cuales se canalizaba el dinero de la corrupción desde el Perú hacia las empresas Ecoteva y Ecostate en Costa Rica.
El mismo día de la acusación, Toledo se pronunció a través de una serie de trinos que publicó en su cuenta de Twitter en los que afirmó: “estoy en Lima desde el viernes. Yo no me corro. Estoy aquí para enfrentar las acusaciones sin fundamento”. Esa declaración coincide con la de su abogado para el caso, Luciano López, quien expresó su repudio al fallo de acusación, al que tildó como arbitrario.
Regulación de las PEP en Perú
La definición, contenida en la Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS Nº 2660-2015, señala que las PEP son “personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público”.
La misma norma señala que respecto de las PEP las empresas deben reforzar sus procedimientos de conocimiento del cliente tanto al momento de vincularlos como en caso de que adquiera la calidad de PEP luego de haber sido vinculado.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP también ha dicho en algunas normas específicas, que respecto de las PEP también se deben tener en cuenta los parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o de afinidad, al cónyuge o compañero y a las sociedades donde la PEP tenga el 25% o más de la propiedad.
Guatemala: ‘La Línea’ de Otto Pérez y Roxana Baldetti
El jueves 3 de septiembre de 2015 el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunció a su cargo luego de que el Congreso de la República le levantara el fuero presidencial para que fuera juzgado como un ciudadano común dentro del escándalo de corrupción que implicó, al menos, a 50 personas del gobierno incluida la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Durante el primer semestre del año pasado investigadores guatemaltecos identificaron y desarticularon la red de corrupción denominada ‘La Línea’ en la que las autoridades aduaneras del país cobraban sobornos a empresarios y usuarios aduaneros a cambio de una tasación menor de las cargas impositivas que debían pagar al Estado. Además del sistema de coimas, la red ayudaba en operaciones de contrabando y en otros fraudes aduaneros.
En desarrollo de la pesquisa, los detectives alcanzaron a interceptar más de 80 000 llamadas y 5 000 correos electrónicos en los que, en reiteradas ocasiones, había extrañas menciones en clave a “el uno”, “la dos” y “la Señora” que, según la Fiscalía General, correspondían al presidente Otto Pérez y a su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Otto Pérez. Foto por Minex Guatemala
Además de ellos, en la acusación también fueron incluidos el director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco, y el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Monzón. Aunque no se ha cuantificado el total del desfalco, algunos expertos se han atrevido a calcular que solo por concepto de fraude aduanero la red captaba poco menos de U$200 000 dólares por semana.
En mayo de 2015 la vicepresidenta renunció a su cargo después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un organismo de la ONU en el país, develara fuertes acusaciones contra ‘La Línea’. La salida de Baldetti, lejos de calmar los ánimos en el país, produjo una serie de marchas multitudinarias en las que los ciudadanos exigían la caída del presidente, que se dio finalmente en septiembre de 2015.
En agosto de ese mismo año las autoridades capturaron a la exvicepresidenta Baldetti acusada de defraudación al fisco, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Con posterioridad fue enviada a una prisión en la que ya lleva 9 meses. Casi un mes después, a finales de septiembre de 2015, Otto Pérez también fue enviado a la cárcel.
A lo largo de los últimos meses Guatemala ha sido testigo de una larga serie de audiencias y diligencias judiciales en las que se ha buscado esclarecer el caso. A finales de abril de 2016 se llevó a cabo una de las más impactantes, en la que Juan Monzón, el presunto cabecilla de la organización, expuso detalles acerca de cómo se adjudicó de forma ilegal una concesión portuaria por instrucción de Pérez Molina y Baldetti, quienes recibieron una coima de más de U$24 millones de dólares que se repartieron entre miembros de la banda.
Aún faltan varias etapas procesales para llegar al final del escándalo y, con seguridad, en las semanas por venir nuevos hechos saldrán a la luz que, de comprobarse, significarían varios años de prisión para los procesados.
Regulación de las PEP en Guatemala
La regulación de las PEP en Guatemala tiene la ventaja de que la Superintendencia de Bancos, en cumplimiento de los estándares emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), expidió un listado enunciativo de los cargos públicos en el país que deben tener procedimientos reforzados de conocimiento de clientes por tratarse de PEP.
El objetivo práctico de la lista es que los sujetos obligados identifiquen y conozcan a sus vinculados de conformidad con las normas de la Superintendencia, además de que otorga seguridad jurídica en los procesos de juzgamiento y sanción de lavado de activos.
En total son 212 los cargos públicos indexados. Cabe recordar que en Guatemala tales cargos son aquellos que se originan en elecciones populares o nombramientos directos de acuerdo con la legislación vigente y que implica el ejercicio de autoridad, competencia otorgada por ley, representación oficial de una municipalidad, dependencia, entidad u organismo estatal.
Según la norma, la calidad de PEP se ostenta mientras dure el encargo y durante los dos años siguientes a la separación de su función.
