En menos de un año el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Panamá será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El examen llega en momentos difíciles para el país centroamericano.
Los últimos años no han sido nada fáciles para Panamá. A finales de 2011 fue reseñado como paraíso fiscal por parte del gobierno de Francia y en junio de 2014 fue reseñado en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) de jurisdicciones con alto riesgo de lavado de activos.
Hay más: en octubre de 2014 fue declarado como paraíso fiscal por el Ministerio de Hacienda de Colombia y también fue expulsado de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco por su sigla en inglés) por negarse a firmar un memorando de intercambio de información.
Si bien varios de estos problemas fueron solucionados en su momento, siguen apareciendo noticias que empañan la reputación de Panamá. Noticias que incluso llevaron a que durante el pasado mes de mayo Francia volviera a clasificar al país como un paraíso fiscal.
La noticia que detonó la nueva reseña fue la revelación por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij por su sigla en inglés) de los denominados ‘Panamá Papers’, escándalo consistente en la filtración de miles de documentos y correos electrónicos de una firma panameña de abogados que darían cuenta del uso indiscriminado que grandes personajes del mundo han dado a ese país para ocultar sus riquezas.
Como si lo anterior fuera poco, en mayo de 2016 la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) designó en su lista de lavadores al grupo empresarial panameño Wisa, uno de los más grandes y reconocidos del país.
Si se tiene en cuenta que el contexto, el riesgo país y la efectividad serán factores importantes en la evaluación que Gafilat hará al sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Panamá, es fácil concluir que el panorama para el istmo no es del todo el mejor.
En este punto bien vale la pena preguntar: ¿qué esfuerzos adicionales está haciendo Panamá para obtener buenos resultados en la evaluación?
El impacto de estar en la lista
Tal y como se mencionó al inicio de este artículo, Panamá fue reseñada en la lista gris de Gafi en junio de 2014 luego de una evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que develó serias fallas en el sistema de prevención LA/FT del país.
A raíz de ello el gobierno tuvo que realizar fuertes ajustes normativos para cumplir formalmente con las antiguas 40+9 recomendaciones (las cuales se tuvieron en cuenta en la prueba del FMI), lo que llevó al Gafi a sacar a Panamá de la lista en febrero de 2016. En la práctica esto quiere decir que solo hasta hace algunos meses el país cumplió con los viejos estándares.
Al ser consultada por infolaft, Ana Raquel Velasco, directora de regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, sostuvo que la presencia del país en la lista generó ‘‘algunas afectaciones de pérdidas de bancos corresponsales de una forma generalizada que pudieron ser consecuencia de esto’’ y creó un ‘‘estigma reputacional que para cualquier plaza financiera seria y transparente es nefasto’’.
Ciudad de Panamá. Foto Ralph Kranzlein
De acuerdo con información de la Dirección de Estudios Económicos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, actualmente en el país hay 94 bancos que manejan cerca de 500 líneas de corresponsalía. De ese total se calcula que unas 26 cuentas de corresponsalía se vieron afectadas.
Sin embargo, Patricio Mosquera, gerente del área de análisis financiero de la Superbancos, argumenta que ‘‘esto realmente ocurrió en bancos muy pequeños’’ y que no es posible deducir que los cierres son producto únicamente de la reseña de Panamá en la lista, sino que también se puede deber a problemas de costos debido a que muchos bancos de la región ‘‘han tenido ciertos problemas para mantener las líneas de corresponsalía porque para ellos se ha encarecido mucho el giro de negocios normal’’.
A este impacto se suman las advertencias que entidades de cada país hacen a sus vigilados, supervisados o reportantes. Por ejemplo, cuando Panamá ingresó en la lista de Gafi la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) advirtió a los bancos que allí operaban que debían hacer una debida diligencia más fuerte a cualquier relación que mantuvieran con bancos establecidos en esa plaza, lo cual ocasionó mayores costos operativos.
¿Qué está haciendo el país para no volver a la lista?
Cuando Panamá entró en la lista gris en octubre de 2014, el gobierno de turno optó por crear un grupo técnico conformado por varias autoridades con el objetivo de cumplir con el plan de acción recomendado por Gafi. Infolaft conoció que ese grupo continuará trabajando y sostendrá reuniones mensuales con miras a establecer en qué puntos hay falencias para posteriormente subsanarlas.
Por su parte, la Superintendencia de Bancos, entidad que coordina el grupo técnico y quizá la que más conocimiento tiene en prevención del LA/FT, se encuentra realizando un diagnóstico del marco regulatorio necesario para cumplir con la versión 2012 de las 40 recomendaciones del Gafi.
Efectividad: el gran ‘coco’
Al preguntarle a la directora de regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Ana Raquel Velasco, cómo hará el país para mostrar la efectividad de unas normas recién emitidas, ella se toma su tiempo y responde que ‘‘ese es el gran reto que tenemos como país: mostrar efectividad basados en un estándar’’.
Según considera, ‘‘la efectividad no se prueba aisladamente’’ y lo importante será mostrar una comunicación efectiva entre las diferentes instituciones del país. ‘‘Creo que en esta ecuación cada institución tiene claros sus roles y responsabilidades, y estamos trabajando de la mano para lograr probar efectividad en la evaluación del 2017’’.
No obstante, y por citar solo dos ejemplos, será difícil demostrar la efectividad de la nueva regulación que obliga a las fiduciarias a conocer a los beneficiarios finales de las operaciones y mostrar resultados en la Intendencia de Supervisión de Sujetos no Financieros.
Esta Intendencia fue creada bajo la tutela del Ministerio de Economía y Finanzas, y tiene la difícil tarea de supervisar a las actividades y profesiones no financieras designadas (Apnfd), entre las que se encuentran las firmas de abogados y de contadores, las inmobiliarias, las joyerías y las compañías dedicadas a la venta de metales preciosos.
Y en Panamá son conscientes de ello: Ana Raquel Velasco asegura que ‘‘en toda crisis hay oportunidades’’ y por ello ven el examen de Gafilat como la mejor forma de demostrar esfuerzo y compromiso. Además, su visión es que esta etapa de preparación de la evaluación ‘‘coadyuvará a sacar una oportunidad de esta situación que evidentemente está vulnerando a la República de Panamá’’.
La mejor de las suertes para Panamá.
