Colombia y su próxima regulación de PSAV. Imagen Freepik
El proyecto legislativo que propone dar reconocimiento jurídico a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ya surtió tres de los cuatro debates para convertirse en ley.
Una iniciativa legislativa está cerca de marcar un hito en Colombia: se trata del proyecto de ley 267 de 2022 Senado, el cual busca emitir regulación hacia los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
Durante la sesión del pasado 30 de mayo de 2023, en la Comisión Sexta del Senado, la propuesta surtió el tercero de los cuatro debates que se requieren para convertirse en ley nacional.
Así las cosas, solo resta el debate en la plenaria del Senado de la República –así como el trámite de sanción presidencial– para que el texto otorgue un reconocimiento jurídico a los PSAV.
¿Quién supervisará a los PSAV?
Respecto a la supervisión de los PSAV, el artículo 12 propone facultar al Gobierno Nacional para determinar cuál será la institución encargada de las funciones de inspección, vigilancia y control.
Sin embargo, el artículo 12 del proyecto de ley parece ir encaminado a asignar dicha responsabilidad de supervisión a la Superintendencia de Sociedades.
Le puede interesar: fuerte llamado de atención del GAFI por falta de regulación de criptoactivos
Dicho artículo señala que el Ejecutivo determinará la entidad responsable en razón a que “las plataformas deben estar constituidas como sociedades comerciales”, deben cumplir unos requisitos y tendrán deber de registro.
Vale la pena señalar que, en sus inicios, el proyecto de ley proponía que la Superintendencia Financiera se encargara de la supervisión. No obstante, esa propuesta fue retirada en el trámite legislativo.
Obligaciones para prevenir LA/FT
Según el senador Gustavo Adolfo Moreno, la propuesta no busca regular el mercado de los criptoactivos ni la tecnología utilizada, y tampoco pretende crear políticas públicas ni tipos penales relacionados con este tipo de transacciones.
Además, durante la sesión señaló que “las plataformas no son las responsables de fraudes, ni de la volatilidad del mercado, ni de la financiación al terrorismo o el lavado de activos”.
En todo caso, el artículo 7° señala que los PSAV “deben adoptar medidas de control apropiadas y suficientes” para evitar ser utilizadas en operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo.
Por su parte, el artículo 4° del proyecto plantea obligar a los PSAV a “reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero la información que de manera general o particular le sea requerida”.
Así mismo, el artículo en mención busca que los PSAV tengan que “implementar medidas de conocimiento del cliente y de debida diligencia de cliente”.
Respecto a los detalles sobre el sistema o modelo de prevención del LA/FT que deberán adoptar, dicha definición quedará en cabeza de la entidad de supervisión que sea seleccionada por el Gobierno.
Registro único de proveedores de servicios de activos virtuales RUPSAV
Finalmente, el senador Gustavo Adolfo Moreno afirmó que el proyecto permitirá crear un registro de PSAV, el cual sería administrado por las cámaras de comercio.
Eso sí, el senador precisó que dicho registro solo tiene fines de publicidad hacia los usuarios y no se constituye como un permiso de funcionamiento.
¿Existe un plazo para aprobar el proyecto de ley?
A pesar de que el proyecto de ley ha surtido tres de cuatro debates para convertirse en ley, tiene un alto riesgo de hundirse.
De acuerdo con el marco normativo colombiano, para que un proyecto legislativo se convierta en ley debe aprobarse en un período máximo de dos legislaturas.
Básicamente, una legislatura es un período de un año de sesiones. En Colombia las legislaturas inician el 20 de julio de un año y finalizan el 20 de junio del año siguiente.
Por ejemplo, la legislatura actual es la 2022-2023 y corresponde al período comprendido entre el 20 de julio de 2022 y el 20 de junio de 2023.
Teniendo en cuenta que la iniciativa que busca regular a los PSAV fue radicada el 27 de julio de 2021 ante la Cámara de Representantes, su plazo máximo para ser aprobada como ley termina el próximo 20 de junio de 2023.
