Hace algunos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó al Congreso de ese país la edición 2019 del
Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés). Este informe evalúa los esfuerzos de alrededor de 70 gobiernos extranjeros para reducir la producción, el tráfico y el uso de drogas ilícitas, así como su trabajo para contrarrestar el lavado de activos y otros delitos financieros relacionado con el narcotráficos.
En relación con México, el Incsr comentó que “
los actores ilícitos lavan anualmente miles de millones de dólares de ganancias del narcotráfico a través del sistema financiero mexicano”, para luego afirmar que el dinero ilícito, de manera general, proviene de “el narcotráfico, la corrupción, el contrabando de efectivo a granel, el secuestro, la extorsión, el robo de combustible, las violaciones de los derechos de propiedad intelectual, el fraude, el tráfico de personas y el tráfico armas de fuego”.
Según Estados Unidos, las autoridades mexicanas han tenido cierto éxito en sus investigaciones y sanciones financieras para bloquear las cuentas de sospechosos de lavado de activos y de otros actores ilícitos, pero también han demostrado un progreso “extremadamente limitado” en el procesamiento exitoso del lavado y de otros delitos financieros.
“Los delitos de lavado de dinero continúan mientras el gobierno lucha para procesar los delitos financieros y confiscar bienes y activos ilícitos conocidos”, señaló el informe antes de recomendar que, para aumentar la cantidad de condenas por financiamiento ilícito, el gobierno necesita combatir la corrupción, mejorar su capacidad judicial y reformar las engorrosas leyes de decomiso de activos.
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Vulnerabilidades frente al riesgo de lavado de activos
El flujo financiero proveniente del tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos es la principal fuentes de fondos objeto de lavado a través del sistema financiero mexicano. “Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas lavan fondos utilizando una variedad de métodos, como el uso de dólares ilícitos en Estados Unidos para comprar artículos al por menor con fines de exportación y reventa en México”, señaló el Incsr.
Asimismo, el sector de comercio exterior mexicano resulta riesgoso porque los grupos de crimen organizado utilizan en gran medida importaciones y exportaciones falsas para justificar la transferencia de grandes sumas de fondos al sistema financiero.
El informe también revela que
los actores ilícitos en México invierten en activos reales, como propiedades, negocios y artículos de lujo. “El lavado de dinero a través del sector inmobiliario de lujo sigue siendo una preocupación por ser vehículos utilizados con fines de lavado de los recursos ilícitos obtenidos de la corrupción pública”.
Por último, el Departamento de Estado de los Estados Unidos destaca que los ingresos relacionados con narcóticos también se lavan a través de casas de cambio sin licencia, aunque el principal regulador bancario de México emite regulaciones y tiene una unidad especial para reducir el número de casas de cambio sin licencia en funcionamiento. “Las autoridades mexicanas han estado monitoreando cada vez más el potencial de explotación criminal de la tecnología financiera, incluidas las monedas virtuales convertibles como el Bitcoin”, concluyó.
En este capítulo el Incsr expuso dos tipologías de lavado populares en México: (i) la apertura de cuentas y la realización de depósitos fraccionados cuyo origen son dólares americanos ilegalmente ingresados al país, y (ii) las cuentas de embudo que consisten en que desde varias cuentas en Estados Unidos se realizan envíos de dinero a una sola cuenta en México, desde donde se retira lo más rápidamente posible.
Regulación e institucionalidad
La ley mexicana ALA/CFT cubre correctamente todos los delitos graves y cobija a las personas tanto naturales como jurídicas de manera criminal y civil. Además, las normas de Debida Diligencia del Cliente alican a la mayoría de las entidades del sector financiero y, ahora, también a las empresas de tecnología financiera.
Respecto a la institucionalidad, Estados Unidos destaca que en octubre de 2017 el Tribunal Supremo dictaminó que la congelación de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera viola las protecciones constitucionales de la ley y los derechos al debido proceso, mientras que una decisión posterior en noviembre de 2017 restringió aún más la capacidad de la UIF de presentar registros financieros durante los procedimientos judiciales. Estos fallos han llevado a que varias entidades de alto perfil sancionadas hayan empezado a buscar el descongelamiento sus cuentas y la desestimación de sus casos, por lo que Estados Unidos alertó de su inconveniencia.
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Condenas por lavado
En 2017 solo hubo 22 condenas, una cifra que Estados Unidos justificó afirmando que "esta relativa falta de sentencias es representativa de las altas tasas de impunidad en México”. “Actualmente, México tiene un juez federal y dos fiscales asignados para procesar los delitos de lavado de dinero en todo el país. Se espera que la transición a un sistema judicial acusatorio pueda mejorar el índice de enjuiciamiento en México a mediano y largo plazo”, finalizó el informe.
