Recientemente Estados Unidos ha presenciado el mayor escándalo de sobornos para ingreso a la educación superior de toda su historia. En efecto, según el FBI, grupos de individuos con grandes caudales financieros pagaban a consultores privados con el fin de recibir instrucciones de cómo falsear los exámenes de ingreso o de cómo pagar sobornos a entrenadores deportivos para viabilizar la aceptación de aspirantes que no cumplían los requisitos para ser admitidos.
Aunque las universidades aún no son un sector regulado de manera general en el mundo, el número creciente de casos ha llevado a pensar que estas organizaciones necesitan implementar sistemas que bloqueen el ingreso de dineros provenientes de la corrupción con el fin de preservar su reputación.
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Todas estas universidades vinculadas al escándalo, e inclusive aquellas que no han participado en situaciones de soborno, tienen la posibilidad de blindarse frente al fenómeno sin hacer un esfuerzo excesivo. En efecto, el sistema anti-soborno contenido en la norma internacional ISO 37001 es especialmente adecuado para ayudar a manejar estas situaciones de riesgo de soborno.
La norma ISO 37001 aborda los riesgos operativos mediante una evaluación sistemática y documentada del riesgo de soborno para organizaciones, sin discriminación alguna. Así, no se debe desconocer que cuando dicha norma señala los escenarios de riego se debería entender que en ellos también están incluidas las algunas oficinas de admisión de universidades y de departamentos de deportes.
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Antecedentes
En Estados Unidos las universidades más prestigiosas del país, como la Universidad de California (Berkeley), la Universidad Cornell y la Universidad de Nueva York (NYU), entre muchísimas otras, han adoptado desde las décadas de los 80 y 90 estándares de conducta ética para sus organizaciones con el fin de mantener y proteger su reputación, que en el campo académico estadounidense se constituye en uno de los principales activos generadores de riqueza y en motor principal de la actividad. La mayoría de estos estándares están integrados por una declaración de principios y algunos procedimientos de sanción que se dirigen a todos los funcionarios, contratistas, profesores, estudiantes y otros terceros que tengan la facultad de actuar a nombre de la universidad. Con este alcance, las universidades no sólo garantizan una cobertura universal de los principios éticos, sino que tienen cómo demostrar diligencia y gestión en la promoción de la transparencia en caso de cuestionamientos. Tras un análisis de algunos de estos documentos, y de cara al caso expuesto al inicio de este artículo, Infolaft se permite plantear la inquietud de si se debe obligar a las universidades colombianas, públicas y privadas, a implementar sistemas de ética organizacional que desincentiven estas prácticas y que doten a las autoridades universitarias y gubernamentales de herramientas para perseguir y castigar estas conductas. Dentro de los temas que un sistema de ética aplicado a las universidades debería incluir se encuentran:- Declaración de principios en los que se señale que la adopción de los más altos estándares éticos y el respeto al marco legal y contractual es obligatorio para toda persona vinculada a la universidad.
- Capítulo relativo a los conflictos de interés en el que se establezca que siempre prima el interés general misional de la universidad por sobre cualquier interés privado. El capítulo además debe explicar qué casos se consideran conflictos de interés (incluida la prohibición de entablar relaciones íntimas con estudiantes) y cómo se deben reportar en caso de conocerse o encontrarse incurso.
- Política de recepción de regalos en el marco de una comunidad académica y especial prohibición de recibir o dar presentes como mecanismo para dar u obtener un beneficio indebido.
- Descripción y prohibición del abuso de poder en todas las relaciones en que se establezca un vínculo de jerarquía entre actores de la Universidad.
- Registro y archivo de toda la información producida en el marco del sistema de ética universitaria.
- Canales de denuncia, que deben ser varios y anónimos para incentivar el involucramiento de la comunidad académica.
