El Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) reveló el pasado 11 de septiembre un extracto de su Informe 2012, titulado ‘Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia’. Según ellos, se trata de una ‘‘caracterización de orden tipológico de las actuaciones de los grupos armados ilegales con relación al sector extractivo’’.
El estudio del CITpax se divide en seis partes (introducción, observaciones metodológicas, la atracción de los recursos naturales, el modus operandi de los grupos armados ilegales, la difícil tarea del Estado colombiano y conclusiones). Al inicio del documento –que consta de 55 páginas– se recuerda que uno de los factores que habrían propiciado el auge de la minería ilegal en Colombia sería el incremento inusitado en los precios de varios minerales.
Para citar tres ejemplos, la onza de oro pasó de 300 dólares en 2002 a 1.850 dólares en 2011; la tonelada de carbón de 90 dólares en 2004 llegó a 160 en 2011; mientras que el barril de petróleo subió a 100 dólares en promedio en la actualidad, luego de costar 23 dólares en el año 2002.
Según el estudio, las siguientes serían las principales razones del aumento de la minería ilegal:
- En la medida en que los precios del oro aumentaban considerablemente, la explotación ilegal del oro empezó a representar un complemento muy atractivo a los cultivos ilícitos u otras actividades ilegales para los actores armados al margen de la ley.
- Al mismo tiempo, entre más utilidades para las empresas multinacionales y más empresas operando en el país, significaría más posibilidades para los actores armados ilegales de captar recursos a través de la extorsión o de empresas contratistas.
- Con el aumento de las regalías que pagan las empresas del sector extractivo al Estado colombiano, y que éste redistribuye a las regiones (gobernaciones y municipios), los actores armados ilegales también incrementaron sus recursos provenientes de la captación ilegal de esas regalías.
Cifras, cifras
CITpax indica que algunas estimaciones señalan que ‘‘la producción de oro proveniente de la minería ilegal es cada día más importante’’, ya que en 2010 apenas el 14% de la producción total de oro fue legal, mientras que el 86% restante fue extraído por mineros artesanales, explotadores informales y organizaciones al margen de la Ley.
En los primeros años de este siglo (2000 y 2003) la inversión extranjera directa en la minería llegaba a los 531 millones de dólares y en el petróleo a 216 millones, pero en 2009 dicha inversión en el primer sector ascendió a 3.050 millones de dólares y en el segundo a 2.400 millones. Lo anterior permitió evidenciar que el sector minero-energético equivalía al 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
La creciente producción genera necesariamente aumento en las regalías que perciben los municipios, ante esa realidad los grupos armados ilegales han conseguido, ya sea por la fuerza o por acuerdos, que los mandatarios de regiones productoras de minerales y petróleo les entreguen parte de esos millonarios recursos en físico o a través de contratos.
La influencia de los grupos ilegales
El primero en su orden en el sector de la minería ilegal serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con presencia en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Nariño y Tolima. Luego se ubica el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con influencia en el Sur de Bolívar, Chocó, Nariño y Santander. Por su parte, las Bandas Criminales (BACRIM) llegan a Antioquia, Sur de Córdoba, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
Tipologías
Participación directa
- Explotación directa: los miembros de grupos ilegales al margen de la Ley compran maquinaria y hacen ellos mismos la explotación de los recursos minerales, para lo cual reclutarían menores y establecerían alianzas con otras organizaciones delictivas.
- Minería a través de empresas fachada: los ilegales obtienen títulos de explotación minera legales a través de empresas ficticias, lo que les permite darle apariencia de legalidad a sus recursos.
- Arriendo de minas legales: los grupos armados al margen de la Ley toman en arriendo las minas que ya poseen títulos de explotación minera legales para evitar ser detectados por las autoridades.
- Compraventas de oro: estos negocios son montados por los delincuentes para lograr concertar negocios con grandes empresas, lo que les permite disfrazar su origen ilegal.
- Procesamiento de crudo: se ha encontrado que los ilegales roban crudo de los oleoductos para procesarlo ellos mismos con el fin de obtener gasolina, la cual es usada en el proceso de producción de droga.
Participación indirecta
- Proveedores de protección: ante el ataque de la guerrilla a varias zonas petroleras y mineras, las Bandas Criminales (BACRIM) les ofrecen seguridad a las grandes empresas.
- Vacunas a mineros artesanales: los ilegales les imponen pagos a los mineros que explotan las minas. En ocasiones, se ha encontrado que los obligan a trabajar para ellos. En otros casos contrarios se ha encontrado que dejan trabajar a los mineros en zonas externas a las minas (donde hay poco oro) para evitar quejas y ser detectados por las autoridades.
- Extorsión a las grandes empresas: les cobran un ‘impuesto’ a las multinacionales para dejarles entrar maquinaria y personal. También les piden un porcentaje de la producción, en ocasiones de forma diaria o en otras por producción total.
- Despeje del camino: los grupos ilegales ‘‘a través de amenazas, intimidaciones y homicidios selectivos ayudarían a despejar las zonas, para que puedan operar las grandes empresas del sector’’.
Modalidades más sofisticadas de captación
- Servicios de seguridad: la vigilancia en las zonas de explotación se presta –en muchas ocasiones– por empresas conformadas por desmovilizados de varios grupos ilegales. Aquí se debe aclarar que si bien existe la presunción de inocencia de los excombatientes tras el proceso de desmovilización, hay sospechas alrededor de posibles vínculos existentes con grupos ilegales.
- Sobrefacturación a través de empresas contratistas – extorsión con cheque: empresas de propiedad de grupos ilegales sobrefacturan los precios de algunos servicios (por ejemplo, venden un almuerzo a 10 mil pesos y no a 5 mil pesos) y así logran extorsionar a las multinacionales. En este punto el estudio recuerda que el empresario Jaime Maya Blanco en alguna ocasión reconoció que una de sus empresas (legales) sirvió de intermediaria para que la Drummond financiara a los paramilitares. Según él, la modalidad consistió en que su empresa debía subir el precio de cada almuerzo vendido a Drummond en un 10%, para entregarle posteriormente ese excedente al grupo armado ilegal.
- Suministro de mano de obra: los ilegales ponen a sus hombres como trabajadores de las zonas minero-energéticas. En Puerto Gaitán, Meta, –por citar un por ejemplo– lo harían a través de la infiltración a la Junta de Acción Comunal que maneja el Registro Único de Mano de Obra (RUMO). También se han conocido casos de mineros vinculados con narcotraficantes de Antioquia y el Urabá chocoano que han llegado a explotar minas en Cauca.
- Presión social al interior de las empresas: hay indicios de amenazas por parte de las Bandas Criminales a organizaciones sindicales precisamente cuando se negocian acuerdos con las empresas. Como contraparte, la guerrilla estaría detrás de varias manifestaciones y paros.
- Votos cautivos, trabajadores cautivos y captación de regalías: en muchas ocasiones para que una persona aspire a un trabajo en Puerto Gaitán debe estar inscrito en el Registro Único de Mano de Obra (RUMO). Para ganar puntos en el RUMO los candidatos deben vivir en el municipio y certificar que ese es su lugar de votación. Ante eso, se presume que los grupos ilegales habrían promovido un fuerte caudal electoral a través del cual habrían logrado cuidar sus intereses.
Sobre los anteriores puntos el informe aclara que ‘‘aunque existen fuertes correlaciones entre la presencia de los grupos armados ilegales, la presencia de las empresas multinacionales del sector extractivo y violaciones a los derechos humanos, no significa que existiera necesariamente una relación de causalidad entre esos tres elementos’’. Aunque señala que una consecuencia cierta es que las multinacionales se han beneficiado de los fenómenos reseñados.
