Una investigación periodística pone de presente las dificultades de los oficiales de cumplimiento para cumplir con sus funciones.
La más reciente publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en inglés), publicada el 20 de septiembre, ha dado mucho de qué hablar.
Son varios los motivos. El primero, porque se basa en la filtración de más de 2100 reportes de operaciones sospechosas (ROS) que estaban en manos de la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos (Fincen en inglés).
Además, cuestiona la efectividad de los sistemas antilavado de activos implementados por los bancos en ese país y muestra una presunta complicidad entre estos y varias organizaciones criminales para mover recursos de origen ilegal.
Sin embargo y más allá de esta información, expuesta con detalle bajo el nombre de Fincen Files, llama la atención la referencia que hacen sobre los oficiales de cumplimiento.
¿Poco poder de decisión?
El informe del ICIJ se refiere así sobre los oficiales de cumplimiento: “dentro de los grandes bancos, los sistemas para detectar flujos de efectivo ilícitos se basan en personal con exceso de trabajo y falta de recursos”.
Además, agrega que estos profesionales “normalmente trabajan en oficinas administrativas lejos de la sede y tienen poca influencia dentro de sus organizaciones”.
Para el reportaje, asegura el ICIJ, consultaron a más de una docena de exoficiales de cumplimiento del HSBC, quienes “cuestionaron la efectividad de los programas contra el lavado de dinero del banco”.
Algunos de esos profesionales dijeron que el banco no les dio el tiempo suficiente para analizar las operaciones con grandes cantidades de dinero.
Incluso señalaron que cuando solicitaban información sobre los beneficiarios finales de las millonarias transacciones, las sucursales de HSBC fuera de los Estados Unidos a menudo los ignoraban.
Según Alexis Grullon, exintegrante de cumplimiento del HSBC, al momento de pedir información las otras sucursales decían: “claro, nos comunicaremos contigo. Pero nunca lo hacían”.
Vale la pena recordar que en 2012 el HSBC recibió una sanción conjunta por más de USD1900 millones de dólares, luego de aceptar un acuerdo de juicio diferido por omitir miles de señales de alerta.
Reducido acceso a información
Dentro del informe del ICIJ también se lee que las “búsquedas básicas en Google” son de las pocas herramientas de las que disponen muchos trabajadores de cumplimiento en Estados Unidos para conocer a los beneficiarios finales.
Como resultado, añaden los periodistas, los bancos presentan reportes de operaciones sospechosas “solo después de que una transacción o un cliente se convierte en el tema de un artículo de noticias negativo o una investigación del gobierno”.
Lo complejo es que los ROS, generalmente, se entregan “después de que el dinero se ha ido”.
Persecución y amenazas incluidas
La investigación del ICIJ asegura que algunos empleados del Standard Chartered Bank que objetaron una serie de transacciones ilegales “fueron amenazados, acosados y despedidos”.
Tal afirmación se basa en el texto de una demanda presentada por dos de ellos, Julian Knight y Anshuman Chandra, en diciembre de 2019 ante un tribunal federal en Nueva York.
Según la demanda, Chandra y Knight afirmaron que el banco reconoció solo una fracción de varias violaciones a las sanciones de OFAC en 2007 y “mintió sobre cuándo se detuvieron las transacciones ilegales”.
Es importante recordar que el Standard Chartered fue sancionado por permitir millonarias transacciones a entidades sancionadas por Estados Unidos en Irán, Libia, Sudán y Myanmar.
Tal conducta sucedió durante varios años y generó miles de millones de dólares. En palabras de Chandra, “alguien en la cima [del banco] debería haber hecho la pregunta: ¿cómo estamos ganando este dinero?”
