Pocas novedades trae para el país el informe mundial sobre lavado de dinero del Departamento de Estado de EE.UU. Básicamente los sectores y productos de mayor riesgo de lavado de activos en Colombia son los giros postales, mercados de valores, casinos, juegos de suerte y azar, además del contrabando de gasolina, licores, aparatos domésticos. También las remesas, monedas electrónicas y tarjetas prepago.
Cada mes de marzo el Departamento de Estado de EE.UU. publica su informe ‘Estrategia Internacional de Control de Narcóticos’, cuyo segundo volumen se enfoca en analizar la problemática de lavado de dinero y delitos financieros en la mayoría de países del mundo.
En el capítulo dedicado a Colombia, se señala que el tráfico de drogas y la minería ilegal siguen penetrando la economía y afectando las instituciones financieras del país.
El contrabando, al igual que en años anteriores, genera preocupación. Según el documento, por medio del mercado negro del cambio de pesos (también conocido como black market peso exchange) se compran bienes y productos con dinero ilegal que luego son introducidos de contrabando en Colombia a través de Ecuador, Venezuela y otros países vecinos.
Otros sectores y productos de riesgo son los giros postales, mercados de valores, casinos, juegos de suerte y azar, además del contrabando de gasolina, licores y aparatos domésticos, así como las remesas, monedas electrónicas y tarjetas prepago.
Por otra parte, llama la atención la poca mención que se hace en el informe a las Farc y a las Bacrim. El único aparte en el que las referencian sostiene que ‘‘el lavado de dinero es una importante vía para la financiación del terrorismo en las zonas geográficas controladas tanto por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y las bandas criminales (Bacrim)’’.
Los problemas de las autoridades
El Departamento de Estado asegura que entidades como Coljuegos tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones debido a la falta de recursos, la falta de familiaridad con la forma de procesar y compartir información con los fiscales y la policía judicial, y la falta de acuerdos de intercambio de información con otras agencias reguladoras y de inteligencia.
En uno de los apartes del documento también se lee que ‘‘la legislación colombiana limita la eficacia de la aplicación de la ley’’ mediante la restricción de la divulgación de la información de la Uiaf solamente a la Fiscalía General. Los estadounidenses también comentan que es engorroso que los fiscales tengan que revisar los datos ya analizados por la Uiaf, lo cual ‘‘aumenta el tiempo de tramitación’’ de los casos.
Otra de las observaciones gira en torno a la ‘‘falta de familiaridad’’ del sector judicial con la ley 1708 de 2014, también conocida como código de extinción de dominio, lo cual puede reducir su efectividad.
Finalmente, EE.UU. le recomienda a Colombia:
- Ampliar el número de autoridades para perseguir los delitos financieros.
- Delimitar claramente las funciones y responsabilidades de las autoridades.
- Ampliar la capacidad y las herramientas de análisis de las instituciones reguladoras.
- Incluir desde el principio a los fiscales en los análisis de la Uiaf y de las instituciones reguladoras.
- Formar adecuadamente a los funcionarios que intervienen en la supervisión, investigación y procesamiento del LA/FT.
- Aumentar el número de jueces entrenados en lavado de dinero y confiscación de bienes, tanto en Bogotá como en las regiones.
