Fallas de SARLAFT en cooperativa. Imagen Freepik
Por medio de la resolución 2024100008375 del 17 de diciembre de 2024, la Superintendencia de Economía Solidaria tomó posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una importante cooperativa multiactiva de desarrollo integral.
Un conjunto de presuntas omisiones e inconsistencias en estados financieros, renuencias a entregar información, incumplimiento en valoraciones de inversiones y fallas en el SARLAFT llevaron a la Superintendencia de Economía Solidaria a tomar posesión de una de sus vigiladas.
Durante una visita de inspección la autoridad de supervisión encontró que la cooperativa vigilada –cuyo nombre conocemos, pero nos abstenemos de mencionar– tenía múltiples transacciones sin identificar en su relación de comprobantes de ingresos y egresos del año 2023.
Según se lee en la resolución, entre mayo y diciembre de 2023 hubo 54 consignaciones y traslados de fondos sin mayor información, cuyo valor asciende a 3054 millones de pesos (cerca de USD 774.000 dólares).
Además, en la conciliación bancaria de la cuenta principal de la cooperativa se detectaron “partidas conciliatorias desde el año 2022 sin identificar el beneficiario”.
Las inspecciones también permitieron evidenciar, agrega la Superintendencia, que dentro del manual de políticas SARLAFT no se identificaron controles para este tipo de operaciones, “considerando la importancia en la identificación de los factores de riesgo y el riesgo inherente a las operaciones realizadas por la entidad”.
Con base en esta evidencia, asegura la autoridad, “se infringe lo dispuesto en el Título V de la Circular Básica Jurídica, aprobada mediante Circular Externa 20 de 2020, en lo que corresponde al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”.
La Superintendencia de Economía Solidaria recordó que el SARLAFT, “además de generar mecanismos de prevención y detección del riesgo, permite que [los hechos] sea[n] reportado[s] antes de que pueda[n] generar algún tipo de afectación, con el fin de anticiparse y actuar con agilidad y eficiencia”.
Fallas en la debida diligencia de asociados
Otro de los hallazgos consistió en que dentro de la base de asociados se observó, en conjunto con el listado de asociados inactivos, “que existen asociados que sólo permanecieron activos durante un período de uno, dos o tres meses”.
Al consultar a la cooperativa vigilada acerca de esta novedad, la respuesta recibida fue que “correspondía a asociados que sólo se asocian y no siguen cancelando los aportes sociales, haciendo énfasis en que la mayoría demográficamente eran de estratos bajos”.
Finalmente, la Superintendencia cuestionó que el formato de admisión de asociados “no cuenta con la información necesaria para conocer las características financieras y transaccionales del asociado, puesto que no es posible identificar la procedencia de sus ingresos”.
Según el análisis de la Supersolidaria, esta situación “podría configurar un riesgo operativo y a su vez la posible materialización de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo”.
