El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el informe de evaluación del sistema panameño contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el documento se denota que el país centroamericano tiene mucho trabajo pendiente.
Los últimos dos años no han sido fáciles para Panamá en lo que respecta a la lucha contra el lavado de activos. Por ejemplo, en abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij por su sigla en inglés) reveló los Panamá Papers, que básicamente fueron miles de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca que cuales daban cuenta de cómo esa empresa ayudó a líderes políticos de todo el mundo a crear sociedades off shore para –presuntamente– evadir impuestos y lavar activos.
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Además, en mayo de 2016 el grupo Wisa –uno de los conglomerados empresariales más importantes del país– fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y reseñado en la lista Clinton, y en diciembre de 2017 el país fue incluido en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea.
Por todo lo anterior era muy grande la expectativa en Panamá por la publicación de esta evaluación.
De acuerdo con el documento, revelado este martes 30 de enero, el país obtuvo buenas calificaciones en 32 de las 40 recomendaciones, cumplió parcialmente siete recomendaciones y no cumplió la recomendación 24.
En términos generales estos resultados son aceptables, más si se tiene en cuenta que en la pasada evaluación –realizada por el Fondo Monetario Internacional en 2014– Panamá solo cumplió con una recomendación e incumplió con 19 recomendaciones.
Sin embargo, una lectura juiciosa del informe de evaluación permite concluir que todavía hay mucho trabajo por hacer.
Según el organismo regional de lucha contra el LA/FT, uno de los principales riesgos que enfrenta Panamá es el ingreso de dinero y otros activos financieros producto de delitos fiscales cometidos en el exterior, y “este riesgo no ha sido considerado” dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR).
Es más, el Gafilat cuestiona que “los delitos fiscales no están tipificados como delito base ni como determinantes de lavado de activos, lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de activos (…)”.
Una de las consecuencias de no tipificar el delito fiscal como fuente del lavado, según el Gafilat, es que se afecta negativamente la efectividad de los procesos de decomiso y de las medidas de incautación de recursos de origen ilícito.
Autoridades deben trabajar con enfoque basado en riesgo
Uno de los cuestionamientos más fuertes lanzados por el Gafilat consiste en que “(…) las políticas y actividades nacionales implementadas por parte las autoridades competentes no son consistentes con todos los riesgos identificados en el país”.
De acuerdo con el informe, los recursos ilícitos provenientes de actividades como el narcotráfico, tráfico de armas y personas, contrabando, delitos financieros y corrupción no están siendo enfrentados adecuadamente debido a que existen vulnerabilidades en los servicios societarios, las zonas francas, el sector inmobiliario y el sector financiero, todos catalogados de alto riesgo dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo.
Pocos aportes de la UAF a las investigaciones
Si bien el Gafilat reconoce que la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) está en capacidad de comunicar los resultados de sus análisis y tiene acceso a información de inteligencia, “es muy bajo el aporte que [la UAF] realiza al Ministerio Público para investigar y rastrear activos criminales relacionados con lavado de activos, delitos determinantes y financiación del terrorismo, debido a la baja cantidad de trabajos diseminados por la misma [UAF]”.
Es más, el organismo señala que en algunos casos relacionados con otras autoridades competentes no ha sido posible verificar si los aportes de inteligencia de la UAF y las asistencias técnicas brindadas han sido de utilidad.
De acuerdo con el informe, el uso de la información de inteligencia financiera que la UAF produce para nutrir las investigaciones “resulta ser escaso, en atención a la baja cantidad de informes diseminados por la UAF y, en algunos casos, de otras autoridades competentes”.
Los hallazgos del Gafilat respecto a la UAF son preocupantes si se tiene en cuenta que las mismas observaciones fueron realizadas en 2014 por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En su momento, el FMI señaló que la UAF solamente identifica ‘‘unos pocos casos de lavado significativos’’ y proporciona una cooperación muy limitada a sus contrapartes extranjeras.
Además, cuestionó que los informes que la UAF entregaba a la policía de Panamá carecían de la documentación de respaldo suficiente, algo que limita su valor y menoscaba la eficacia de las investigaciones y actuaciones judiciales.
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No hay ROS por financiación del terrorismo
Los evaluadores del Gafilat encontraron que en Panamá “no se han presentado casos de reportes de operación sospechosa (ROS) o reportes de transacciones en efectivo y cuasi efectivo (RTE) relacionados con financiación del terrorismo”.
De hecho, asegura el informe, los sujetos obligados no tienen una comprensión alta del riesgo de financiación del terrorismo ni tienen la capacidad de identificar posibles casos.
Las Apnfd no entienden el riesgo de lavado de activos
Las actividades y profesiones no financieras designadas (Apnfd) tampoco se salvan de las observaciones del Gafilat.
En uno de los apartes del informe se lee que “las medidas de mitigación en Apnfd se encuentran en una etapa más incipiente de desarrollo” y que este sector no entiende íntegramente los riesgos de lavado de activos, lo cual afecta el cumplimiento de las obligaciones.
En cuanto a la supervisión, el informe asegura que la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros elaboró una evaluación sectorial que abordó los riesgos de forma muy general y no profundizó en los tipos de instituciones ni en los riesgos inherentes a cada una de ellas.
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