Durante un reciente foro organizado por Infolaft la directora de prevención y control de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, Claudia Milena Porras, expuso las debilidades más recurrentes encontradas en la segmentación de los factores de riesgo y en los procesos de medición, control y monitoreo de las entidades vigiladas.
Las fallas por procesos
Según lo expuesto por Claudia Milena Porras, en el proceso de segmentación de los factores de riesgo es muy común que las entidades vigiladas no apliquen metodologías, no segmenten todos los factores de riesgo (solo se concentran en los clientes) y no utilicen las variables mínimas de segmentación o utilicen variables sobre las cuales no poseen información.
Respecto al proceso de medición la funcionaria sostuvo que muchas entidades ‘‘se quedaron en la medición a 1º de julio de 2008’’ y no alimentan el sistema con datos reales de la entidad.
Finalmente y haciendo referencia a la calidad de la información en las bases de datos, Porras aseguró que en general existen ‘‘debilidades en el poblamiento de los campos’’, hay alto porcentaje de campos con inconsistencias (especialmente los relacionados con información financiera) y persiste la desactualización en la información, incluso de grandes clientes.
Las fallas de las diferentes áreas
La exposición de la directora de prevención y control de lavado de activos de la Superfinanciera también se centró en las debilidades encontradas en el área de revisoría fiscal, en la junta directiva y en el oficial de cumplimiento.
La revisoría fiscal, según Porras, continúa haciendo sus análisis bajo el esquema Sipla, no se pronuncia sobre aspectos estructurales del Sarlaft (por ejemplo, las etapas), utiliza informes proforma para cumplir con su trabajo y no se preocupa por buscar pruebas que permitan determinar el real cumplimiento del Sarlaft.
A su vez, varias juntas directivas no reciben de forma presencial los informes del oficial de cumplimiento, no se pronuncian sobre dichos informes, asignan pocos recursos y en general carecen de conocimiento del régimen y esquema Sarlaft.
Los oficiales de cumplimiento también tienen debilidades: en algunos casos entregan informes que no contienen pronunciamientos sobre los mínimos exigidos y no evalúan el Sarlaft para promover mejoras o ajustes. También se observa que en varias entidades estos profesionales no cuentan con los recursos humanos y tecnológicos necesarios, ni tampoco reciben ‘‘el nivel que requiere el desempeño de sus funciones’’.
