El país centroamericano ha promulgado varias leyes e incluso creó una nueva superintendencia para superar sus deficiencias.
Panamá y Las Bahamas son las únicas dos jurisdicciones del continente americano reseñadas en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Esta especie de sanción internacional, también conocida como lista gris, es emitida por el Grupo de Acción de Acción Financiera Internacional (GAFI) y se basa en los resultados obtenidos por cada jurisdicción en su informe de evaluación.
El país del istmo ingresó a la lista gris en junio de 2019 y desde entonces ha venido realizando algunos ajustes normativos con miras a cumplir con las exigencias de su organismo evaluador, en este caso el Gafilat (grupo regional tipo GAFI para Latinoamérica).
De acuerdo con un reporte publicado por Telemetro, desde el pasado 8 de enero varios delegados del gobierno panameño sostienen reuniones con representantes del Gafilat, en las cuales han socializado una reciente reforma al Código Penal que castiga el envío de remesas ilegales en el país.
Los panameños también están exponiendo el ajuste normativo que permite la creación de un Sistema de Registro Único de Beneficiarios Finales, así como la creación de la Superintendencia de Sujetos no financieros.
Con estas tres reformas Panamá busca mostrar su compromiso con la mejora de su sistema contra el LA/FT, y así salir de la lista gris de GAFI en este año 2020.
