Infolaft invitó a Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, a que se pronunciara sobre las obligaciones concretas que tiene esa organización en torno a la prevención del LA/FT.
Infolaft:
¿Cuáles son las obligaciones de la BVC en relación a las normas de prevención del LA/FT?JPC:
La BVC es una institución privada que impulsa el desarrollo y crecimiento del mercado de valores en el país, la cual está comprometida con la prevención y el control del lavado de activos, y trabaja de la mano con las autoridades en este propósito. Es así como de forma diligente, entrega toda la información que las autoridades judiciales le requieren y trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación, en la aclaración, reconstrucción e incorporación regular a los procesos de pruebas en casos puntuales solicitados por el organismo judicial en procesos de lavado de activos, de extinción de dominio, delitos conexos con los mencionados y embargo de bienes de personas al margen de la ley. Por su dinámica, todas las operaciones en el mercado de valores tienen trazabilidad y se convierten en prueba procesal o de expedito control por parte de las autoridades.
Pese a que en 2008 la Bolsa fue excluida por la Superintendencia Financiera como sujeto obligado de la aplicación de SARLAFT y por lo tanto del reporte de información a la UIAF, la entidad de manera voluntaria mantuvo el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo– SARLAFT, adaptado a sus particularidades pero basado en el exigido por regulación de la Superintendencia Financiera. Es de mencionar que la decisión de exclusión de la Superfinanciera no sólo incluyó a la Bolsa sino a los demás proveedores de infraestructura y algunas entidades de naturaleza especial como por ejemplo el Banco de la República, Fogafin y otras.
De esta manera, el sistema establecido y actualmente en operación, identifica y valora los riesgos asociados a clientes, proveedores, empleados y accionistas de la entidad, establece controles en los procesos de vinculación y mantenimiento y es además objeto de seguimiento por parte de los administradores y de evaluación periódica de los órganos internos de control.