Un reciente decreto del Gobierno de Panamá que permite el intercambio automático de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) puede no ser tan efectivo.
Las entidades financieras que operan en Panamá tendrán que informarle a la Dirección General de Ingresos de ese país los datos de cuentas que pertenezcan a colombianos.
Dichos datos serán remitidos por la autoridad panameña a su par colombiana.
De acuerdo con un comunicado de la DIAN, esa entrega se hará “de manera automática a partir de este segundo semestre” de 2020.
Concretamente, asegura la DIAN, los datos que recibirán estarán relacionados con “las cuentas financieras cuyos titulares o beneficiarios finales sean residentes fiscales colombianos, incluyendo información relativa a 2019”.
No obstante, la efectividad de esta medida genera dudas.
Según Alberto Lozano, director de Infolaft, “Panamá no es el único paraíso fiscal, hay más de 35 jurisdicciones, incluso los Estados Unidos y Europa, que son mucho más atractivas para esconder estos capitales”.
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Lozano, quien también fue director de la UIAF, sostiene que “los delincuentes usan estructuras societarias muy complejas y, por lo tanto, la información no va a venir completa”.
Y es que en Colombia no existen condenas por delitos fiscales, a pesar de que en existen desde hace varios años los tipos penales de omisión de activos y la declaración de pasivos inexistentes.
Vale la pena anotar que ambas conductas punibles son fuente del lavado de activos, de acuerdo con el Código Penal de Colombia.
Según Alberto Lozano, el decreto panameño muestra buenas intenciones, “pero habrá que probar la ley penal y la efectividad de la información que llegue”.
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