Los recientes casos de presunta corrupción al interior de Petrobras, Pdvsa, Oceanografía y PetroTiger evidencian que las malas prácticas siguen presentes en muchas compañías a pesar de lo que ordenan sus manuales de ética. A continuación, infolaft describe cada una de las tipologías usadas para cometer fraudes o lavar activos, con el fin de identificar en qué se debe mejorar.
Oceanografía: le sacó provecho al factoraje
En febrero de 2014 la Secretaría de Hacienda de México, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional Bancaria anunciaron, a través de un comunicado, la investigación de un posible caso de fraude llevado a cabo por la empresa Oceanografía S.A. de C.V. (OSA) en contra del Banco Nacional de México (Banamex). El ilícito supera los U$500 millones de dólares.
El aparente caso de corrupción se comenzó a evidenciar el 11 de febrero de 2014, probablemente debido a una coincidencia, cuando la Secretaría de Gobierno anunció una sanción de un año, nueve meses y doce días en contra de Oceanografía para contratar con las entidades federativas, al parecer por haberse excedido en el cobro de sus servicios a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). La Circular N° OIC-PEP-AR-18.575.005/2014 comunicó ‘‘(…) a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral Oceanografía, S.A. de C.V.”.
Tras conocerse la sanción, Banamex inició, junto con Pemex, la revisión del financiamiento otorgado a Oceanografía, trayendo como resultado el hallazgo de varias operaciones inusuales en el programa de factoraje (descuento de cuentas por cobrar). Según da cuenta el informe de estados financieros consolidados de Banamex para el año 2013, el banco tenía una cartera comercial por un monto aproximado de U$500 millones de dólares derivados del programa de factoraje con Oceanografía. ‘‘Bajo este programa, OSA descontaba cuentas por cobrar que mantenía con Petróleos Mexicanos (Pemex)’’, sostiene el informe.
En el documento se evidencia lo siguiente: ‘‘con base a (sic) la revisión llevada a cabo por Banamex, que incluyó información proporcionada por Pemex, Banamex ha estimado que puede sustentar la validez de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2013 por un importe aproximado de $2420 [cerca de U$158 000 dólares]’’. Luego de dicha revisión, Pemex le informó a Banamex que gran parte de las cuentas por cobrar que Oceanografía presentó ante el Banco Nacional de México para obtener financiación tenían carácter fraudulento, dado que el dinero reportado producto del programa de factoraje era mucho menor.
¿En qué consistía el fraude?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México explica que el factoraje es una modalidad con la que las empresas pueden disponer anticipadamente de sus cuentas por cobrar generándoles mayor liquidez; la idea es que a través de una factura por cobrar la empresa le ceda a otra, que es especialista en factoraje, el cobro de estas obligaciones consiguiendo así el pago anticipado de sus servicios.
Por tanto, Oceanografía habría aprovechado el programa de factoraje para cometer el ilícito. Así lo explicaba Jesús Murillo Karam, quien para la fecha oficiaba como Procurador General de México, en una entrevista publicada el 9 de abril de 2014 en la página web de la entidad: ‘‘la Procuraduría tiene constancias de un fraude que le comete una empresa a un banco, falsificando documentos que tienen que ver con Pemex, pero que por fortuna, cuando se los presentaron a Pemex, Pemex dijo que eran documentos falsos y en consecuencia no tuvo una afectación Pemex, esa es la realidad’’.
Para ser más exactos, teniendo en cuenta los informes oficiales, Oceanografía presentó a Banamex cuentas por cobrar por un precio aproximado de U$500 millones de dólares, por los cuales y gracias al factoraje, OSA habría recibido una gran cantidad de dinero; sin embargo, se comprobó que gran parte de las cuentas por cobrar eran falsas.
Los implicados y las sanciones
De acuerdo con la información suministrada por la Procuraduría General de México, el accionista mayoritario de Oceanografía, Amado Yañez Osuna, se encuentra en arraigo domiciliario acusado del delito de falsedad de datos. Un juez le negó la libertad el pasado mes de febrero al considerar que el delito por el cual se encuentra respondiendo ante la justicia es tipificado como grave.
En tanto, Banamex fue multado por la Comisión Bancaria y de Valores (Cnbv) y deberá pagar cerca de U$2 millones de dólares. Un comunicado de prensa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fechado el 15 de octubre de 2014, advierte que la sanción se dio ‘‘con motivo de su participación en operaciones a las disposiciones de carácter prudencial que deben ser observadas en el desarrollo de la actividad crediticia (…)’’. Además, 11 personas fueron despedidas del banco porque al parecer los controles que aplicaron fueron muy laxos.
La PGR investiga a más de 20 funcionarios de Pemex entre los que se encuentra Mario Alberto Ávila Lizarraga, subdirector de la filial Pemex Exploración y Producción (PEP). Esta investigación no ha arrojado resultados.
La caída de Petrobras
Lava Jato es el nombre con el que se conoce al caso más grande de corrupción en Brasil. Se le llama así debido a que inicialmente la investigación de la Justicia Federal de Curitiba, llevada a cabo a mediados de 2013, tenía como objetivo realizar seguimientos a una red de gasolineras y lavado de autos en donde se indagaba si eran usadas por ‘doleiros’ (operadores de cambio del mercado paralelo que forman un sistema bancario informal y clandestino) para lavar dinero producto de actividades ilegales.
Estas investigaciones llevaron a que el 23 de abril de 2014 el Ministerio Público Federal acusara a 10 personas, entre las que se encontraban los empresarios Alberto Youssef y Paulo Roberto Costa, por organizar una red criminal de lavado de dinero y crímenes contra la administración pública, según consta en el documento Processo penal Nº 5026212-82.2014.404.7000
Al hacer seguimiento a Youssef se estableció que él estaba pagando millonarias sumas de dinero de manera fraudulenta a Costa, quien fue director de abastecimiento de Petrobras, lo que hizo que los arrestos acapararan las primeras páginas de medios de comunicación del gigante sudamericano.
Así funcionaba la red de corrupción
“En este esquema, que duró por lo menos diez años, empresas organizadas en cartel pagaban sobornos a altos ejecutivos de la estatal y otros políticos. Los valores de los sobornos variaban entre 1% al 5% del monto total de los billonarios contratos que eran inflados por los directivos. Este soborno era distribuido por medio de operadores financieros del esquema”, cita el portal combateacorrupcao.mpf.mp.br, creado por el Ministerio Público Federal brasileño con el fin de combatir la corrupción.
En su investigación, la Justicia Federal halló que estas empresas se reunían clandestinamente con funcionarios de Petrobras con el fin de acordar quién ganaría la licitación y cuál sería el precio de los sobornos inflando las licitaciones, lo que sacaba de competencia a otras empresas cuando se presentaban dichas licitaciones. El esquema criminal tenía incluso un reglamento donde se definía cómo sería la distribución de las obras y se ocultaba el crimen con transacciones fraudulentas que llegaron a ser, entre otros, pagos de bingos, según consta en el documento del Departamento de Policía Federal de Paraná ‘Operação LAVA-JATO 07 IPL no 791/2014 auto de apreensão N. 1117/2014 ITEM. 123’.
Alberto Youssef y Paulo Roberto Costa comenzaron a testificar y a acusar a otros empresarios y directivos, lo que resultó en el arresto de 21 personas entre el 10 y el 18 de noviembre de 2014. Trece de las personas siguen detenidas y entre ellas se encuentran los gerentes de las mayores empresas de Brasil. El 13 de enero fue arrestado el exdirector internacional de Petrobras, Néstor Cerveró, acusado de corrupción masiva y lavado de dinero. Aunque los implicados han testificado que algunos políticos también serían cómplices en la red de corrupción, hasta ahora ninguno ha sido capturado.
A raíz de este escándalo la petrolera se apresuró a tomar cartas en el asunto. El 29 de diciembre de 2014 decidió prohibir firmar contratos futuros con empresas incluidas en el caso de corrupción, tales como Alusa, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Carioca Engenharia, Construcap, Egesa, Engevix, Fidens, Galvão Engenharia, GDK, Iesa, Jaraguá Equipamentos, Mendes Junior, MPE, OAS, Odebrecht, Promon, Queiroz Galvão, Setal, Skanska, Techint, Tomé Engenharia y UTC.
También se modificó el manual para contrataciones de la estatal, incluyendo el ítem 4.6.2. en donde se especifica que ‘‘Petrobras y las empresas proveedoras de bienes o prestadoras de servicios deben respetar las disposiciones contenidas en el código de ética del Sistema Petrobras, en la Guía de Conducta de Petrobras y en la Política de Responsabilidad Social de Petrobras’’ con el fin de que los contratistas externos se ciñan a los reglamentos de la compañía.
En el código de ética manejado por la entidad está claramente especificado, en el parágrafo 4.6 sobre el fraude y la corrupción, que ‘‘Petrobras rechaza todas las formas de fraude y corrupción en todos los niveles en los sectores público y privado’’, y en su ítem 4.6.1 solicita ‘‘rechazar y denunciar situaciones de fraude y corrupción en cualquier forma, directa o indirecta, activa o pasiva, que implique o no intercambio de dinero en efectivo’’. Además, en su guía de conducta en el aparte 8.8 dice ‘‘rechazar cualquier práctica de corrupción y soborno, manteniendo procedimientos formales de control y sus consecuencias en cualquier transgresión’’.
Este caso ha sido un terremoto a nivel gubernamental y económico para Brasil. La actual presidenta, Dilma Rousself, integró parte del consejo administrativo de la compañía durante siete años, tiempo en el que se llevaron a cabo varias de las licitaciones cuestionadas y eso hizo tambalear su posible reelección, la cual ganó finalmente en octubre de 2014. No obstante, actualmente su popularidad está por el piso y las protestas en contra del caso y de la gestión de su gobierno no se han hecho esperar.
A nivel económico el panorama no es esperanzador puesto que Brasil se encuentra en una recesión técnica y las dudas que se ciernen sobre empresas relacionadas con Petrobras hacen que las acciones de la petrolera hayan perdido la mitad del valor que tenían hace seis años.
Durante un evento del programa ‘Mi casa, mi vida’, realizado el pasado 14 de abril en la ciudad de Duque de Caixas, la presidenta afirmó que ‘‘Petrobras limpió lo que tenía que limpiar’’ y destacó la capacidad de innovación y transformación que tiene la empresa ganando incluso el premio OTC Distinguished AchievementAward for Companies, Organizations, and Institutions que la petrolera recibirá por tercera vez. Sin embargo, las pesquisas continúan y para la mayoría de expertos falta mucho por limpiar.
PetroTiger: una historia de soborno por un contrato
En uno de sus apartes, el código de ética de PetroTiger manifiesta que ‘‘la Compañía expresamente prohíbe a sus colaboradores pagos en dinero o en especie para la consecución de contratos o de condiciones especiales en el trato con terceras personas (…) ’’. No obstante, esta máxima parece no haberse cumplido a cabalidad tras la investigación contra varios de sus funcionarios por presuntamente pagar sobornos en Colombia.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, exfuncionarios de la firma PetroTiger ltd. habrían pagado sobornos a colombianos relacionados con Ecopetrol a cambio de la obtención de un contrato de servicios petroleros. Para más exactitud, en un comunicado oficial, emitido por la petrolera colombiana, se asegura que las irregularidades tienen que ver con un convenio de producción y mantenimiento en Campo Nare. Bien vale recordar que en este contrato, firmado en 2010, Mansarovar Energy Colombia Limited oficia como socia y operadora del pozo.
En el escrito de acusación presentado en el Tribunal del Distrito de New Jersey se establece que Joseph Sigelman, Knut Hammarskjold y Gregory Weisman, todos altos ejecutivos de PetroTiger, se habrían confabulado para ofrecer y entregar sobornos a David Orlando Durán, exingeniero de proyectos de Ecopetrol. Dicho Tribunal advierte que Sigelman fue el “responsable de negociar los términos” y asegura que “el caso fue puesto en conocimiento del Departamento a través de una divulgación voluntaria por PetroTiger.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha podido establecer que Mauricio Vesga Niño, exgerente de ventas de PetroTiger en Colombia, también estuvo involucrado en los hechos y que además habría realizado otros pagos de sobornos en más proyectos en el país. Vesga ha decidido colaborar con la justicia y está ad portas de un principio de oportunidad.
La tipología
Las investigaciones hechas por la Fiscalía arrojaron como resultado que PetroTiger consignaría U$335 000 dólares, producto del soborno, a David Durán a través de su esposa Elgui Hohanna Navarro Carvajal, con quien suscribieron supuestos contratos de consultoría. Sin embargo, más adelante en la investigación se pudo comprobar que Navarro era estilista y nada podía saber del negocio petrolero.
Una de las alertas que se generaron en el sistema bancario fue el ingreso de importantes sumas de dinero a las cuentas de David Orlando Durán, al parecer en al menos cuatro transacciones. Por lo menos así se asegura en uno de los documentos oficiales del fiscal federal del Distrito de Nueva Jersey, Paul J. Fishman. Vale anotar que el dinero no pudo ser consignado a la cuenta de Navarro Carvajal porque cuando intentaron hacer la operación escribieron mal su nombre y la transacción rebotó.
El papel de Ecopetrol
En el documento ‘Estrategias Anticorrupción de 2014’, elaborado por Ecopetrol, la compañía asegura que ha prestado toda la colaboración para llevar a buen término la investigación por este caso de corrupción. Según el documento, ‘‘en enero de 2014, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y Ecopetrol, una vez conocida la información divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pusieron una denuncia contra un grupo de personas que habrían participado en pagos irregulares dentro de un contrato suscrito en 2010 entre PetroTiger Services de Colombia Ltda. y la asociada Mansarovar Energy Colombia Limited, empresa operadora del campo Nare’’.
Ecopetrol ha aclarado en reiteradas ocasiones que David Orlando Durán dejó de trabajar para la compañía en abril de 2011 y que jamás ocupó cargos directivos; sin embargo, es válido preguntar ¿por qué PetroTiger contactó a Durán si no tenía injerencia en la entrega de contratos?, ¿habrá más implicados? La Fiscalía será la encargada de responder estos cuestionamientos.
La petrolera colombiana implementó una auditoria especial y de sistematización de la información para los procesos de contratación con el fin de darle mayor transparencia a estos escenarios, según se informó en sus resultados anticorrupción 2014.
¿Cómo va la investigación?
El Juzgado 28 Penal del Circuito de Bogotá imputó a David Durán cargos de cohecho propio, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito a favor de particulares, mientras que Elgui Hohanna Navarro Carvajal está siendo procesada por lavado de activos y falsedad en documento privado. Por su parte, Mauricio Vesga Niño aceptó el cargo de falsedad en documento privado y afirmó que seguirá colaborando con la justicia.
Joseph Sigelman fue acusado de conspiración para violar la ley anticorrupción estadounidense (Fcpa por su sigla en inglés), además de conspiración para lavar dinero y está a la espera de que se le realice el juicio. Gregory Weisman se declaró culpable ante el Distrito de New Jersey por conspiración para violar la Fcpa y por cometer fraude electrónico, mientras que Knut Hammarskjold también se declaró culpable a principios del año 2014.
Caso Pdvsa
La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) es la cuarta empresa petrolera mundial y la primera a nivel latinoamericano en producción de petróleo. Cuenta con el segundo complejo de refinería más grande del mundo y tiene control total sobre las reservas petroleras más grandes del planeta, según se puede encontrar referenciado en su página web. Sin embargo, la petrolera ha sido duramente cuestionada en los últimos años por irregularidades en su gestión y casos de corrupción, lo que empaña estas cifras que enorgullecían a los venezolanos.
El escandalo más reciente se dio el pasado 6 de marzo de 2015 por cuenta de ser mencionada por la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés), a través de la notificación 4810-02 (Billing code), en la cual señala que la estatal petrolera habría lavado por lo menos U$2000 millones de dólares a través de la Banca Privada de Andorra (BPA). Aunque Fincen se centra en los casos de lavado de activos presuntamente realizados por el banco europeo que incluyen a empresarios españoles y panameños, la sola mención de Pdvsa en el informe resulta escandalosa y evidencia el declive institucional que vive la estatal petrolera por estos días.
De ser ciertas estas acusaciones, se trataría de uno de los casos de corrupción más grandes del país sudamericano, lo cual traería consecuencias nefastas para la organización gubernamental, pues sus proveedores y bancos vinculados podrían desistir de seguir con acuerdos comerciales que tienen o podrían tener con ellos para preservar su imagen.
Bajo la constitución de 1999 Pdvsa quedó adscrita al Ministerio de Energía y Petróleo del Gobierno Bolivariano de Venezuela, donde se establece que no puede ser adquirida por particulares teniendo el Estado el manejo total de los hidrocarburos en el país, según el decreto 1510 con rango y fuerza de la Ley Orgánica de Hidrocarburos establecida el 2 de noviembre de 2001.
Aunque la petrolera puede manejar y tener negocios con empresas particulares, algunas de las decisiones y hasta sus directivas son nombradas por el gobierno, lo que ha llevado a la cabeza de la organización a militares y adeptos al modelo político, económico y socialista establecido por el presidente Hugo Chávez desde su elección en 1998. Esta situación ha llevado a que se fortalezcan programas sociales de la compañía, pero dejando de lado la modernización y renovación de sus refinerías.
¿Qué hace la petrolera conra la corrupción?
En materia de lucha anticorrupción el panorama es confuso. Venezuela hace parte de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Cicc) aprobada en Caracas en marzo de 1996 y desde entonces el gobierno acata las recomendaciones para la implementación de dicha convención. Referente a Pdvsa en el informe de avances en el periodo de diciembre de 2010 a febrero de 2013 se informa que la ‘‘Dirección contra la Corrupción, en lo atinente a la materia contra la corrupción, ha realizado la capacitación de: mil cien funcionarios (1100) adscritos a empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa)’’.
Además de esto no existe mayor información sobre los temas contra la corrupción que maneja la petrolera. En su sitio web se informa que la empresa se rige bajo la ley contra la corrupción, publicada en Gaceta Oficial No. 5637 del 7 de abril del 2014. En su artículo 6 dice que ‘‘en la administración de los bienes y recursos públicos, los funcionarios y empleados públicos se regirán por los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad’’. Las sanciones contempladas independientemente de su carácter civil, penal, administrativo o disciplinario llegan a las 500 unidades tributarias (aproximadamente U$11 000 dólares al cambio oficial).
Sin embargo, estas disposiciones parecen insuficientes a la hora de controlar la corrupción y los malos manejos que se viven en la petrolera: el 20 de marzo de 2015 el Ministerio Público de Venezuela acusó al director ejecutivo de producción de Pdvsa Occidente, José Luis Parada, debido a irregularidades en la contratación de empresas de servicios. Situación parecida habría ocurrido dos años antes (2013) con el gerente de división de consultoría jurídica de la petrolera en el estado Monagas, Jannimett de Los Ángeles Flores Quijada, y un cómplice, ya que están acusados de realizar cobros ilegales a una empresa contratista.
Infolaft trató de obtener alguna declaración con trabajadores de la petrolera pero estos se negaron a darla diciendo desconocer los señalamientos que se estaban haciendo por parte del Departamento de Tesoro estadounidense y temiendo hablar de estos temas por miedo a ser despedidos.
