En entrevista exclusiva con InfoLAFT, Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, reconoció que muchas cooperativas de ahorro y crédito no tienen un adecuado sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Ante esa situación, anunció que la supervisión se volverá más estricta e incluso se podría ampliar a otras organizaciones cooperativas, tales como fondos de empleados y multiactivas.
Antes de iniciar la entrevista con el equipo de InfoLAFT, el superintendente Enrique Valencia (quien lleva cinco meses en el cargo y es consciente de los riesgos de LA/FT en el sector) mostró su preocupación por la situación que viven algunos oficiales de cumplimiento de cooperativas de ahorro y crédito. ‘‘Mire, he conocido casos de oficiales que los ponen a ejercer tareas de control interno, de tesorería e incluso de atención al público. Eso no puede seguir ocurriendo, no podemos permitir que la debilidad de esa importante figura sea aprovechada por los delincuentes’’.
InfoLAFT:
¿Cómo supervisan el cumplimiento del SIPLAFT?
Enrique Valencia Montoya:
En este sentido debo decirle que nos estamos remitiendo a los informes que los oficiales de cumplimiento les hacen a los consejos de administración, pero las visitas de la Superintendencia de Economía Solidaria no incluyen revisión al SIPLAFT.
Este tema, que es preocupante, tenemos que ajustarlo. Vamos a mejorar la supervisión en las cooperativas. Próximamente, cuando nos desplacemos a las cooperativas indagaremos por el SIPLAFT para evaluar su cumplimiento.
InfoLAFT:
¿Entonces no hay sanciones por el no cumplimiento del SIPLAFT?
EVM:
La Superintendencia de Economía Solidaria no ha sancionado a ninguna cooperativa por la carencia del oficial de cumplimiento o la no aplicación del manual, pero este asunto –reitero– se revisará.
InfoLAFT:
¿Han identificado en qué negocios cooperativos existe vulnerabilidad de LA/FT?
EVM:
Actualmente no tenemos conocimiento de que alguna cooperativa de ahorro y crédito haya tenido esa problemática, ya que ellas hacen los reportes de operaciones sospechosas (ROS) directamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Por otra parte, en los informes que elevan los oficiales de cumplimiento a los consejos de administración y posteriormente a las asambleas no se ha encontrado algo al respecto.
InfoLAFT:
¿En términos generales cómo califica el SIPLAFT de las cooperativas?
EVM:
La calificación es relativamente baja porque no hay conciencia alrededor del riesgo LA/FT al interior de las cooperativas.
Hemos detectado que los oficiales de cumplimiento no están desempeñando a cabalidad su trabajo, pero no es culpa de ellos. Lo que ocurre es las administraciones les están imponiendo funciones distintas a las de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria. Foto por prensa Supersolidaria.
InfoLAFT:
¿Habrá futuras modificaciones al SIPLAFT cooperativo?
EVM:
Hasta ahora, la exigencia sólo la tienen las cooperativas de ahorro y crédito, pero estamos estudiando la viabilidad de que otras organizaciones cooperativas (fondos de empleados y multiactivas) también tengan la obligación de implementar el SIPLAFT y nombrar un oficial de cumplimiento.
Particularmente nos inquieta no solamente la amenaza del lavado de activos, sino que eventualmente haya dineros que puedan ser destinados a financiar actividades terroristas.
InfoLAFT:
El Informe de Evaluación Mutua de GAFISUD a Colombia (2009) señaló debilidades en la debida diligencia del cliente de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué medidas se han tomado para hacer frente a esa observación?
EVM:
Las cooperativas de ahorro y crédito argumentan que su calidad de entidades de índole cerrado les permite conocer perfectamente a sus asociados, por lo que es difícil que ingresen dineros sucios a sus organizaciones. Pero deben tener en cuenta que el delincuente siempre trata de salirle adelante al hombre de bien y esa tranquilidad y confianza puede ser aprovechada para LA/FT.
Nosotros venimos trabajando para darle una buena orientación a las cooperativas en ese sentido, pero debo reconocer que hasta el momento las directrices de la Superintendencia son muy generales.
InfoLAFT:
¿Cada cuanto se debe hacer la actualización de datos de los asociados?
EVM:
Esa actualización de datos se debe hacer cada año.
InfoLAFT:
¿La actualización de datos es de obligatorio cumplimiento?
EVM:
Es de obligatorio cumplimiento, la Superintendencia de Economía Solidaria está revisando el tema para verificar que eso se esté llevando a cabo.
InfoLAFT:
¿Cómo están impulsando la efectiva actualización de datos de los asociados?
EVM:
Hemos hecho reuniones recientes con los oficiales de cumplimiento de las distintas cooperativas para fomentar que sean muy exigentes en esa materia. En igual medida estamos instando a los consejos de administración a cumplir con el proceso de debida diligencia.
InfoLAFT:
Volviendo al tema de GAFISUD, el próximo examen para Colombia será hacia finales de 2013 o inicios de 2014. ¿La Superintendencia de Economía Solidaria se ha reunido con otras autoridades para preparar esa evaluación?
EVM:
Efectivamente nos hemos reunido con otras Superintendencias (tales como las de Sociedades y Financiera) y con la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Además, le quiero contar que en nuestras jornadas descentralizadas de supervisión le damos un espacio precisamente a la UIAF para que hable de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta estrategia sirve para que la dirigencia cooperativa comprenda que debe implementar mecanismos de prevención del LA/FT.
Igualmente, nos hemos reunido con el Fondo de Garantías Cooperativas para tratar este importante asunto. Recuerde que las cooperativas de ahorro y crédito deben tener la autorización de la Superintendencia de Economía Solidaria para ejercer esa actividad de ahorro y crédito, y luego inscribirse en el Fondo de Garantías para operar.
InfoLAFT:
¿Qué mensaje quiere enviarle a las entidades cooperativas respecto de la supervisión del SIPLAFT?
EVM:
Quiero hacer desde aquí un llamado a los consejos de administración y a las gerencias de las cooperativas para que se apropien de la importancia de prevenir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Los consejos de administración deben preguntarse qué pasaría si su cooperativa se ve envuelta en un caso de LA/FT. Ese hipotético caso, sin duda, representaría un riesgo reputacional bastante grande, no sólo para la cooperativa involucrada, sino para todo el sector solidario.
Es necesario que los gerentes y los consejos de administración le den la importancia que se merece al oficial de cumplimiento. Ellos no son figuras decorativas al interior de las organizaciones y no se les deben asignar funciones diferentes a las de la prevención del LA/FT.
Finalmente, es vital que las cooperativas se fijen más en la calidad de sus asociados y no tanto en ampliar su número de manera desbordada.
