Luego de que el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, confirmara que actualmente se adelanta una investigación contra los miembros del Grupo Nule por un presunto lavado de activos, el equipo de Infolaft buscó información que permitiera identificar señales de alerta, tipologías y sectores de riesgo en este caso particular que involucra contratación con el Estado.
Durante la conferencia de prensa que entregó el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, al cierre del XII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo realizado en Cartagena, InfoLAFT le preguntó si adelanta alguna investigación contra los Nule por lavado de activos, ante lo cual el Jefe del Ente Acusador confirmó: ‘‘si, hay una investigación en curso por un eventual lavado de activos en el caso del Grupo Nule’’.
Entrevista al exapoderado de la Contraloría
La respuesta del fiscal Montealegre dio pie a InfoLAFT para comenzar la reconstrucción de los hechos que configurarían el posible lavado de activos del otrora mayor grupo empresarial en desarrollo de infraestructura que tuvo Colombia.
Para hacerlo, entrevistó a Edgar Ortíz Ricaurte, exabogado de la Contraloría General de la República y quien fue la primera persona en plantear que la conducta irregular de los Nule se enmarcaría en un típico caso de LA.
InfoLAFT:
¿Por qué la Contraloría pidió investigar a los Nule por un presunto lavado de activos?
Edgar Ortíz Ricaurte:
Teniendo como fundamento una muestra obtenida por la Contraloría General de la República en una de las empresas del Grupo Nule y valorada como evidencia fiscal a efectos del proceso de responsabilidad fiscal originado en su contra, fue que se dio origen a la teoría de una posible configuración de lavado de activos, ya que hubo pruebas sólidas y abundantes.
La tesis para dicha acción nació en la apropiación de dineros públicos por parte de los Nule (aceptada como delito de peculado por apropiación), lo que les sirvió como base de inversiones con apariencia de legalidad en otras entidades o sociedades, lo que nos planteó un típico caso de lavado de activos. Por esa razón solicité vehementemente a la entonces fiscal general, Viviane Morales, que estudiara el caso para establecer su existencia.
InfoLAFT:
¿En qué consistía ese material probatorio?
EOR:
Eran 280 folios en los que encontramos los ingresos del Grupo Nule producto de los anticipos de los contratos y también identificamos el destino de ese dinero, como se dijo a terceros, blanqueando su proveniencia.
Debo recordar que los anticipos tienen una finalidad específica, la cual es el cumplimiento de las obras y por ende de los contratos, pero eso no pasó. El dinero se trasladó a terceras personas –según evidencia la Contraloría– para darles una apariencia de legalidad. Es decir, ese dinero tuvo un propósito diferente al inicialmente establecido.
Esa evidencia nos dio pie para solicitarle a la Fiscalía que estudiara este caso en dos ópticas: la primera para investigar el posible lavado de activos y la segunda para analizar la aplicación de una acción de extinción del derecho de dominio, pues lo adquirido no tenía piso ni justificación de legalidad, toda vez que era producto del ilícito ya aceptado por los señores Nule. Incluso fueron incorporados bienes de Inocencio Meléndez para estudiarlos bajo la óptica de la extinción.
InfoLAFT:
¿Esas empresas a donde fue el dinero eran de los Nule?
EOR:
Había varias sociedades que no eran propiedad del Grupo Nule.
InfoLAFT:
¿En qué sectores se ubican esas empresas de las que usted habla?
EOR:
Son sociedades del sector de la construcción mayoritariamente. Nuestra investigación nos permitió establecer que había uniones temporales rotativas que –presuntamente– se habrían conformado para ganar licitaciones y para evitar los controles.
Aquí quiero decir que el trabajo realizado nos arrojó como conclusión que el sistema antilavado colombiano tiene falencias, ya que esto se habría tenido que identificar a tiempo. Nunca hubo verificaciones contractuales, algo obvio que debió existir incluso a nivel internacional. Personalmente estoy trabajando en la academia en tal dirección.
InfoLAFT:
¿Cuanto dinero sería el que se habrían apropiado los Nule?
EOR:
Aproximadamente 220 mil millones de pesos sólo en el contrato de la malla vial de la 26 en Bogotá. Pero en concreto la apropiación implica mayores montos, ya que la Contraloría adelanta otras investigaciones a lo largo del país.
InfoLAFT:
¿Por qué nunca se identificaron las irregularidades?
EOR:
Porque las licitaciones y los contratos fueron perfectos. Casi que se podrían llevar a las universidades del país para enseñarle a los alumnos de derecho cómo hacer contratos sin ningún resquicio.
Los contratos tenían su objeto bien establecido, los plazos bien determinados y los requisitos fueron admitidos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), es decir, la parte contractual no tuvo ningún reparo. Definitivamente eran muy buenos contratos.
Hay una cosa que es cierta: la corrupción se hace sobre la legitimidad de las contrataciones. La corrupción es muy sofisticada y no puede darse sobre la ilegalidad de los contratos, ya que si así fuera sería muy fácil de encontrarla.
El sistema de prevención del lavado de activos debería sofisticarse de la misma manera como lo ha hecho la delincuencia, pues no debe ser la auditoria pacífica que de manera rutinaria y periódica se efectúa. Hay que saber investigar, hay que saber definir los parámetros por donde se desvían los recursos.
InfoLAFT:
¿Dónde estaría ese dinero?
EOR:
Hay dinero y propiedades en el exterior. Mire, cuando comenzó todo esto nosotros quisimos detectar y congelar los bienes, pero fue difícil porque hubo entrabamientos por el carácter fiscal de la Contraloría y por la poca sincronía a nivel mundial frente al tipo de lavado de activos.
La situación fue muy simple: como la Contraloría no hace parte de la rama judicial no tenía capacidad de embargo y por eso no pudo solicitar el congelamiento del dinero, toda vez que eso sólo lo puede ordenar un Tribunal. En ese punto encontramos un vacío jurídico que nos puso un gran obstáculo.
InfoLAFT:
¿El entramado empresarial se habría creado para ocultar los anticipos?
EOR:
No se si el entramado empresarial de los Nule fue creado para ocultar el dinero, pero lo que si es cierto es que se usó con ese fin. Además, con ese dinero los Nule compraron casas, apartamentos, acciones de sociedades e hicieron giros a cuentas de terceros en otros países del mundo.
Por otra parte, las empresas ajenas a los Nule que recibieron enormes cantidades de dinero tendrán que explicar en algún momento por qué concepto fueron objeto de esas transferencias.
Edgar Ortíz Ricaurte
Ortíz Ricaurte es abogado de la Universidad Externado y tiene varias especializaciones en derecho penal y es candidato a Doctor. Ha sido consultor de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y recientemente se desempeñó como Director de Vigilancia Fiscal del Sector Defensa y Justicia de la Contraloría General de la República desde donde venía estudiando mecanismos para combatir la corrupción en el sector público. Fue igualmente apoderado de la Contraloría frente a todos los procesos penales derivados del llamado “carrusel de la Contratación”.
Aclaración del entrevistado: al finalizar la entrevista, el abogado Edgar Ortíz Ricaurte aclaró que su postura ‘‘nunca está por encima del estudio que haga la Fiscalía’’, lo que solicita es que el Ente Acusador, con base en una evidencia recaudada durante su trabajo en la Contraloría, investigue los hechos y tome una decisión.
La voz de la Contralora
Para conocer más detalles, InfoLAFT también contactó a la contralora General, Sandra Morelli Rico, quien confirmó que actualmente es la Fiscalía la que se encuentra investigando a los Nule por el presunto lavado de activos.
En el mismo sentido, Morelli señaló que ‘‘si no se han recuperado los dineros defraudados al Estado cuando llegue el momento procesal, la Contraloría continuará con las gestiones necesarias que permitan tal fin a nombre de las entidades públicas’’.
Por último, la Jefe del Ente de Control le dijo a InfoLAFT que el traslado a la Fiscalía por el presunto lavado de activos del Grupo Nule se hizo por varios hallazgos adicionales a los de las contrataciones de las obras en la calle 26.
