La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de beneficiarios finales de personas jurídicas.
Panamá estaba advertido: en abril de 2016 –unos días después de la publicación de los Panamá Papers– el Gafilat publicó un comunicado en el que recordó que los países deben obligar a “los bancos, abogados, contadores y otros negocios de riesgo” a conocer al propietario y al controlador de las operaciones.
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En su momento, el organismo regional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) se abstuvo de hacer comentarios directos sobre el escándalo, pero aprovechó su magnitud para ‘‘enfatizar la importancia de que los países implementen de manera efectiva los estándares del Gafi’’.
Pues bien, casi dos años después el Gafilat cambia de postura y hace serias observaciones a las autoridades del país centroamericano derivadas de la filtración de los papeles.
Dentro del informe de evaluación el Gafilat reconoce que la filtración de los Panamá Papers, así como la inclusión del país en la lista gris del Gafi en 2014, “ha afectado la reputación del país a nivel internacional en los últimos tres años”. Producto de esa afectación, agrega el Gafilat, Panamá ha reforzado su marco legal e institucional.
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Según Gafilat, los Panamá Papers pusieron en evidencia “la vulnerabilidad de ciertas actividades relacionadas con la creación y monitoreo de personas y estructuras jurídicas creadas en Panamá y que pueden ser mal utilizadas en el exterior”.
De ahí que la única recomendación que el país centroamericano no cumple es la 24, la cual exige transparencia e identificar a los beneficiarios finales de las personas jurídicas.
Pero el error viene desde el diagnóstico y por se encontraron contradicciones dentro de la Evaluación Nacional del Riesgo (ERN) del país.
Por un lado los abogados y las firmas de abogados que actúan como residentes de las estructuras jurídicas fueron identificados como un sector de alto riesgo; sin embargo, en la misma ENR se plantea que el impacto de las vulnerabilidades de este sector es bajo.
Sumado a lo anterior, apenas el 12 % de los agentes residentes habilitados estaban inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para entregar reportes al momento de la visita de los evaluadores.
Quizá por esa razón el Gafilat concluye que este sector “no ha presentado medidas de mitigación de riesgo proporcionales, ni controles adecuados relativos a la verificación del beneficiario final de estructuras jurídicas y su uso al exterior”.
En conclusión, la filtración de los documentos de la firma Mossack Fonseca no solo impactó negativamente la imagen de Panamá a nivel internacional, sino que también produjo una mala calificación en uno de los estándares antilavado más importantes a nivel internacional.
