Un nuevo reporte del centro de pensamiento con sede en Washington, EE.UU., Centro de Estudios Avanzados en Defensa, titulado ‘Castillos de arena – evasión de sanciones a través del mercado inmobiliario de Dubai’, señaló que los especuladores de la guerra, los terroristas y los narcotraficantes sancionados por diferentes gobiernos han utilizado el mercado inmobiliario de Dubai como un refugio para sus activos.
El informe se basa en los datos filtrados de propiedades de Dubai, que evidencian que durante el proceso de auge inmobiliario en esa ciudad-Estado de los Emiratos Arabes Unidos se invirtieron, al menos, USD 100 millones en apartamentos y casas de los cuales un 30% pertenecería directamente a individuos sancionados por Estados Unidos y un 70% a testaferros de estos individuos.
El centro de pensamiento, conocido por el acrónimo C4ADS, dijo que Dubai tiene un "mercado inmobiliario de lujo de alta gama y un entorno regulador laxo que premia el secreto y el anonimato por encima de todo" y que "la naturaleza permisiva de este entorno tiene implicaciones de seguridad global mucho más allá de las arenas de los Emiratos Árabes Unidos".
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Las propiedades en cuestión incluyen villas de millones de dólares en el archipiélago artificial Palm Jumeirah y un apartamento en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Otros inmuebles menos llamativos son apartamentos de una habitación en barrios más asequibles de Dubai.
Entre los individuos de más alto perfil nombrados en el informe está Rami Makhlouf, primo del presidente sirio Bashar Assad y uno de los hombres de negocios más ricos de ese país. Los EE. UU. sancionaron a Makhlouf, propietario del mayor operador de telefonía móvil, Syriatel, por utilizar "intimidación y sus estrechos vínculos con el régimen de Assad para obtener ventajas financieras inadecuadas a costa de los sirios comunes".
En cuanto a los latinoamericanos, el documento identificó propiedades de Hassein Eduardo Figueroa Gómez, un ciudadano mexicano acusado en los Estados Unidos de importar cantidades masivas de precursores químicos necesarios para fabricar metanfetamina.
En relación con la financiación del terrorismo, el informe identificó USD 21 millones adicionales en bienes inmuebles que estarían en manos de personas asociadas con la organización de lavado de dinero Altaf Khanani, una red paquistaní que ayudaba a traficantes de drogas y extremistas islámicos como al-Qaida a través de sus casas de cambio.
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