Javier Gutiérrez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), también dijo en entrevista exclusiva con Infolaft cuáles serán los principales elementos del nuevo CONPES contra el LA/FT y qué le falta a Colombia para salir del seguimiento intensificado impuesto por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Infolaft:
¿Cuáles son las tres principales novedades que trae la Evaluación Nacional del Riesgo 2019 (ENR)?
Javier Gutiérrez:
Es la primera vez que se hace una Evaluación Nacional de Riesgo tan rigurosa. La ENR 2019 tuvo una participación que duplicó la de las versiones anteriores: en esta evaluación participaron más de 100 entidades de 21 sectores.
En total, cerca de 500 personas apoyaron la construcción del diagnóstico y la recolección de información.
Frente a esto último, la ENR 2019 fue la primera evaluación que se desarrolló con insumos previos asociados a datos estadísticos, objetivos y confiables, sobre los cuales los participantes pudieron discutir y tomar decisiones.
En segundo lugar, aplicando la metodología actualizada del Banco Mundial, la ENR incluyó de forma completa al sector real y a las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
También tuvo en cuenta a todos los tipos de productos en los distintos sectores, elementos que en las versiones anteriores no fueron caracterizados de manera completa.
En tercer lugar, se realizó un taller de políticas públicas sin precedentes, que además fue todo un éxito. Este taller permitió la construcción, en muy poco tiempo, del árbol de problemas, de manera coordinada y consensuada.
Gracias a esto, el componente de participación sectorial para la proyección de la nueva política antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, fue cubierta con grandes resultados.
Infolaft:
¿Para cuándo se prevé que se publique la nueva política pública contra el LA/FT, y cuáles son sus principales cambios en relación con el CONPES 3793 de 2013?
Javier Gutiérrez:
La Unidad continúa trabajando con dedicación para que esté publicada durante este semestre o principios del siguiente.
Estamos diseñando una política antilavado consistente con los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 y el plan de acción correspondiente.
En esta ocasión contamos con un diagnóstico más completo porque realizamos una ENR más completa.
Otro de los insumos importantes para la configuración de esta nueva política pública fue el Informe de Evaluación Mutua, publicado por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) en el 2018.
Se trata de un ejercicio muy completo que está empleando la metodología SISCONPES.
Además, partimos de la base un sistema más consolidado y articulado. Por esa razón, este nuevo CONPES se ocupará de aumentar la efectividad para prevenir, detectar, investigar, judicializar y sancionar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y, por primera vez, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y desarrollar instrumentos que permitan combatir estos delitos.
El objetivo es fortalecer las capacidades existentes, generar ejercicios activos de simplificación de norma y aumentar los procesos judiciales con fallos efectivos y las sanciones administrativas orientadas a extinguir el dominio de los bienes asociados a actores ilegales.
Esperamos que, al igual que el Conpes 3793, este sea un nuevo hito en la historia del Sistema ALA/CFT.
Infolaft:
Hace algún tiempo se habló de la posibilidad de unificar los SARLAFT de los diferentes sectores para facilitar la supervisión y seguimiento, ¿esa idea se ha retomado o se prevé retomarla?
Javier Gutiérrez:
Esa idea ya es una realidad y se llama Pacto de Supervisores. En el año 2019 la UIAF lideró la firma de tres pactos con los supervisores del sector financiero, del sector real y el de las APNFD.
El objetivo es, precisamente, elevar y estandarizar el nivel de supervisión. Esta alianza se asocia, además, a la Recomendación 2 y 34 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La firma de estos pactos ha sido un paso necesario dentro del proceso de unificación de los sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, uno de los avances más importantes en materia de prevención.
El primero se firmó con el sector financiero ampliado, como es reconocido por el GAFI. En este participaron la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de la Economía Solidaria, además de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
El segundo pacto se firmó con los supervisores de las APNFD. Aquí participaron la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Junta Central de Contadores y Coljuegos.
Mientras que el tercer pacto se firmó con los supervisores del sector real, es decir, con la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Transporte, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como el Ministerio del Deporte y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.
En todos los casos participó la UIAF como firmante, ya que somos coordinadores del sistema y los principales impulsores de estos pactos.
El objetivo, además de unificar y llevar a las mejores prácticas los sistemas de administración de riesgos (ajustados a la realidad de cada sector) es aprovechar el conocimiento de quienes tienen más experiencia y han desarrollado a lo largo de los años mejores instrumentos, para impulsarlos y aplicarlos en las demás superintendencias.
Infolaft:
¿Colombia ha solicitado o solicitará recalificación en alguna de las recomendaciones de su Informe de Evaluación Mutua (IEM)?
Javier Gutiérrez:
El IEM es de noviembre de 2018 y pese a que Colombia ha mostrado grandes avances en su sistema ALA/CFT desde que se hizo la visita in situ e incluso desde la fecha del IEM, las mejoras regulatorias que sustenten una sólida y contundente solicitud de recalificación están siendo minuciosamente estudiadas.
Hicimos las alianzas con los sectores público y privado en aras de buscar los consensos y los acuerdos que se requieren para avanzar en este sentido.
La idea es que mucho antes de la visita del quinquenio (2023) hayamos subido, como mínimo, la calificación de la Recomendación 10, que es crítica dentro de todo el esquema de evaluaciones mutuas, puesto que, si no se sube, no podemos salir de seguimiento intensificado.
Con todo, la Comisión de Coordinación Interinstitucional Contra el Lavado de Activos (CCICLA) ha aprobado un plan de acción para iniciar con el ajuste regulatorio necesario que permita subir las calificaciones en las recomendaciones que tenemos como parcialmente cumplidas.
Infolaft:
¿Qué tipo de trabajos se han realizado en los últimos meses para actualizar el Decreto 1674 de 2016 (Decreto PEP)?
Javier Gutiérrez:
Hemos hecho reuniones y comentarios al proyecto de modificación de ese Decreto. Esta modificación resulta muy importante para el país, es alinear nuestra legislación con los estándares y regulaciones internacionales en la materia, y más que eso, es blindar a nuestras empresas del riesgo de LA/FT, sobre todo en el manejo de recursos públicos.
Infolaft:
¿Para cuándo se prevé que salga la nueva versión del Decreto PEP?
Javier Gutiérrez:
Esperamos que lo más pronto posible.
Infolaft:
Recientemente el Consejo de Seguridad Nacional adoptó un listado de organizaciones terroristas vinculantes para el país. ¿La UIAF tuvo participación en dicha medida?
Javier Gutiérrez:
Fue una lista que se adoptó a instancias del Consejo de Seguridad Nacional, la UIAF no hace parte del mismo. Fue una decisión de Estado que estábamos en mora de tomar.
En efecto, hay compromisos internacionales que Colombia ha asumido con fundamento en la Resolución 1373 de 2001 de la ONU para la lucha contra el terrorismo y la adopción de medidas como la de una lista que tenga efectos jurídicos vinculantes en nuestro ordenamiento interno es una de ellas.
Aún faltan muchos compromisos, por ejemplo, el de congelamiento preventivo y el de establecer planes de acción para evitar el retorno de terroristas, entre otras.
Infolaft:
¿La UIAF considera que se deben agregar nuevas listas al listado del Consejo de Seguridad Nacional?
Javier Gutiérrez:
Es un trabajo que hay que coordinar con el Gobierno Nacional y organismos internacionales.
Infolaft:
Actualmente en el Congreso de la República cursa el proyecto de ley 05 de 2019, el cual propone que los oficiales de cumplimiento sean sujetos activos del delito de omisión de control. Como uno de los agentes más relevantes del sistema nacional ALA/CFT, ¿qué opinión tiene acerca de esa iniciativa?
Javier Gutiérrez:
La hemos estudiado y estamos haciendo las evaluaciones pertinentes. Consideramos, en todo caso, que hay que buscar un texto que cumpla su cometido y que no desfallezca en su intención de prevenir y sancionar penalmente el lavado de activos.
Considero que los oficiales de cumplimiento son conscientes del rol tan importante que juegan en la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, y que esa preponderancia también les demanda un nivel de cuidado, diligencia, pericia que de llegar a infringirse puede ocasionar no sólo sanciones penales sino también administrativas.
Esta responsabilidad está hoy en las leyes colombianas, y ha estado allí desde hace mucho tiempo.
Infolaft:
¿Qué medidas se prevé implementar para fomentar el congelamiento preventivo, en cumplimiento de las recomendaciones 6 y 7 del GAFI?
Javier Gutiérrez:
El informe de evaluación mutua indicó que si bien es cierto teníamos implementadas medidas para congelar bienes o cualquier clase de activos de personas u organizaciones designadas como terroristas por el CSNU (las cuales son obligatorias para Colombia) estas pendían de un trámite judicial.
Lo que quiere el estándar en esta materia es que el congelamiento sea inmediato e independiente de un proceso judicial. Esto es complejo porque nos lleva a una colisión con nuestro sistema constitucional, el que precisamente protege de manera fehaciente el derecho a la propiedad y el cual además señala que aquella sólo podrá limitarse por orden de un juez.
Hay que pensar bien esta medida, insisto, que tiene su fundamento en obligaciones internacionales que asumió Colombia, pero sin que ello a su vez desemboque en un choque con nuestro sistema legal.
Estamos buscando, junto con otros actores del sistema, consensos, acuerdos para la iniciativa legislativa y recibiendo asistencia técnica de organismos internacionales a fin de cumplir con esta exigencia internacional.
Infolaft:
¿La UIAF está trabajando en algún tipo de iniciativa encaminada a fortalecer los procesos de conocimiento de beneficiarios finales?
Javier Gutiérrez:
Sí, los pactos de supervisores son el escenario en el cual estamos trabajando esta iniciativa.
