Con la finalidad de identificar, comprender y mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesto el Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú (SBS), recientemente publicó en su página web los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos 2021 (ENR 2021).
Por: Verónica Boza Santaolalla*
Primera evaluación nacional del riesgo
La primera evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se realizó con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2010, aun cuando para esa época realizar este tipo de evaluaciones no era un requisito establecido en los estándares internacionales del GAFI.
Como consecuencia, el Perú, junto con Uruguay, fueron los primeros países de la región en desarrollar estos estudios, que, a su vez, para el caso específico de Perú, conllevó a la emisión del primer Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aprobado en el año 2011.
Experiencias y productos de la segunda ENR
La segunda evaluación nacional de riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se desarrolló en el año 2016, esta vez con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Para esa fecha los estándares del GAFI ya contemplaban –en su primera recomendación– que los países debían identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y tomar acciones, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos.
Con base en esa evaluación, los países debían aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR) a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados.
Producto de esta segunda evaluación nacional de riesgos, en 2017 el Perú aprobó la primera Política Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como el segundo Plan Nacional para la lucha contra dichos delitos para el periodo 2018-2021.
¿Cuáles fueron los hallazgos del GAFILAT en 2018?
Durante el año 2018, el Perú fue sometido al proceso de Evaluación Mutua por parte del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), en el que se evaluó el nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones emitidas por GAFI, así como el nivel de efectividad de los sistemas de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, implementados en el país.
Entre los resultados obtenidos en dicha evaluación se observó la existencia de distintos niveles de comprensión del riesgo de lavado de activos por las autoridades competentes y el sector privado, lo que –se señaló– podía estar limitando la capacidad del país de implementar acciones y/o políticas de mitigación específicas para los riesgos identificados.
Asimismo, el Informe de Evaluación Mutua al Perú del año 2018, señaló que no se logró evidenciar una comprensión común del riesgo de financiamiento del terrorismo, y que los sujetos obligados mostraban una comprensión limitada de este fenómeno.
ENR 2021: clave para subsanar hallazgos
La ENR 2021 presenta información detallada dirigida a facilitar la comprensión de los riesgos de lavado de activos por parte de los distintos actores del sector público que conforman el sistema de lucha contra el lavado de activos, los sujetos obligados de la totalidad de sectores económicos, y por parte del público en general.
En esta misma línea, como parte del proceso de elaboración de la ENR 2021, se han desarrollado documentos específicos sobre la percepción del riesgo del lavado de activos por parte de cada sector.
Esta información se pondrá a disposición de los oficiales de cumplimiento en el portal de prevención del LA/FT. Su propósito es presentar un panorama general del comportamiento de los diferentes sectores ante el fenómeno del lavado de activos, con el propósito de coadyuvar a una mejor interpretación y entendimiento de los riesgos identificados en la ENR 2021.
De igual manera, el objetivo es contar con información específica por sector, que pueda ser utilizada en las propias evaluaciones de riesgo que desarrollan los sujetos obligados.
Asimismo, considerando que los fenómenos de financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva presentan un comportamiento distinto al delito de lavado de activos y representan un problema público diferente, la ENR 2021 centra su evaluación en este último delito y recomienda que, para los otros dos casos, se desarrolle una evaluación de riesgos que aborde ambos delitos de forma exclusiva.
La ENR 2021 es el resultado de un proceso participativo y colaborativo liderado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), en el que participaron representantes de 51 entidades del sector público, 3203 sujetos obligados a informar a la UIF, 11 gremios de diversos sectores económicos, tres colegios profesionales, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés).
Asimismo, se contó con el apoyo operativo de la Cooperación Alemana en el Perú, implementada a través de GIZ, durante la etapa inicial del proceso de carga de cuestionarios y procesamiento de las repuestas a los mismos, así como en la etapa de edición y diagramación de los documentos finales para su publicación.
El referido estudio se desarrolló utilizando como referencia la metodología del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) y sus resultados se sustentan en diversas fuentes de información estadística a las que tiene acceso la UIF de Perú.
Además, vale la pena mencionar que la información obtenida a lo largo de todo el proceso se recabó mediante cuestionarios y entrevistas realizadas a los principales actores del sistema de lucha contra el lavado de activos en el país.
Riesgo de LA/FT/FPADM actualizado en Perú
La ENR 2021 identifica y valora 23 amenazas y 66 vulnerabilidades que afectan la lucha contra el lavado de activos en el Perú.
El resultado de dicha valoración indica que las principales amenazas para el lavado de activos en el Perú son: la minería ilegal, los delitos contra la administración pública, el tráfico ilícito de drogas, los delitos tributarios y los delitos contra el patrimonio.
De la misma manera, las principales vulnerabilidades son: la falta de concientización social sobre las consecuencias del lavado de activos, la existencia de corrupción en los operadores de justicia y la existencia de condiciones que facilitan la corrupción pública, entre ellas la tolerancia.
Adicionalmente, el estudio identifica amenazas emergentes ocasionadas por la pandemia del COVID-19, los ciberdelitos y el uso de activos virtuales.
Como resultado de la etapa de análisis y valoración de amenazas y vulnerabilidades, se obtuvo la valoración final de los riesgos de lavado de activos, identificándose que los principales riesgos de lavado de activos en el Perú son los provenientes de la minería ilegal y de los delitos contra la administración pública, representando en ambos casos un nivel de riesgo muy alto.
A su vez, a fin de mitigar los principales riesgos identificados, la ENR 2021 recomienda implementar una serie de acciones, entre las que destacan:
- Incluir nuevos sectores de sujetos obligados, tales como los proveedores de servicios de activos virtuales y las sociedades gestoras de fondos.
- Implementar regulación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicable a sectores como los operadores de juegos y apuestas a distancia, y sectores de abogados y contadores.
- Dotar a las autoridades que participan en la lucha contra el lavado de activos de los recursos necesarios para contar con peritos, expertos y asesores para la investigación del delito.
- Fortalecer los protocolos para el intercambio de información, mecanismos de cooperación e investigaciones conjuntas entre las instituciones públicas involucradas en la lucha contra el lavado de activos.
- Promover la aplicación del enfoque basado en riesgo, tanto por parte de los sujetos obligados en la implementación de sus sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como por parte de los entes supervisores en sus acciones de supervisión.
- Realizar campañas de concientización a la población, en general, sobre los riesgos y consecuencias del lavado de activos.
Los resultados de la ENR 2021 constituyen el principal insumo para el desarrollo de la nueva Política Nacional contra el Lavado de Activos del Perú, considerando que las acciones específicas que dicha política incluya estarán enfocadas en la mitigación de los principales riesgos identificados en la ENR 2021.
En este contexto, el Perú se verá en una mejor posición para demostrar el nivel de cumplimiento de los estándares internacionales emitidos por el GAFI.
Dicho todo lo anterior, la ENR 2021 es una herramienta sumamente relevante para los sujetos obligados, ya que es el marco de referencia para que todos los sectores implementen sus sistemas de prevención del lavado de activos con un enfoque basado en riesgos.
Adicionalmente, es importante señalar que la UIF de Perú tiene previsto para el próximo mes de junio de 2022 dar inicio al proceso de evaluación nacional de riesgos del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual se contará con la asistencia técnica brindada por GIZ.
*Intendente de Análisis Estratégico de la UIF de Perú.
