Riesgos de lavado de activos en Colombia. Imagen Freepik
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de cumplimiento de todos los sectores.
Según el documento publicado, la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) es un ejercicio de identificación, valoración y evaluación de los riesgos LA/FT/FP de un país, consistente con lo definido en la recomendación 1 del GAFI.
Dicha recomendación solicita a los países identificar, evaluar, y entender sus riesgos para tomar medidas y disponer de recursos orientados a asegurar que se mitiguen eficazmente, mediante un enfoque basado en riesgo (EBR).
Dentro del informe se identificaron, analizaron y valoraron los riesgos específicos para el sector financiero, sector real y sector de actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
Es importante precisar que para determinar los riesgos sectoriales se tuvieron en cuenta dos variables: la primera de vulnerabilidades inherentes y la segunda relacionada con los controles de lavado de activos.
Teniendo en cuenta la importancia de esta evaluación, Infolaft resalta a continuación algunos de los aspectos más relevantes para las áreas y oficiales de cumplimiento.
Sector financiero: alta calidad de controles, pero problemas con beneficiarios finales
Para efectos de la evaluación, el sector financiero quedó conformado por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP), comisionistas de bolsa, compañías de seguros, establecimientos financieros de ahorros y crédito, organizaciones solidarias financieras, empresas de giros postales nacionales, profesionales de compra y venta de divisas, profesionales de servicios de activos virtuales y sociedades fiduciarias.
Respecto a la amenaza, se concluyó que, de los nueve sectores evaluados, siete obtuvieron una calificación de riesgo de nivel medio, mientras que dos obtuvieron un nivel medio alto.
Los dos subsectores con la calificación de riesgo de nivel medio alto correspondieron a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y los profesionales de compra y venta de divisas.
En cuanto a la vulnerabilidad, dos de los sectores evaluados se ubicaron en nivel medio bajo y seis se clasificaron en nivel medio. Solo uno se evaluó con vulnerabilidad media alta: de nuevo el sector de los PSAV.
En general, la evaluación resaltó la alta calidad de los controles al evidenciar programas de cumplimiento basados en riesgos, buen conocimiento de antilavado de activos por parte de las organizaciones, las capacitaciones en tipologías de lavado de activos enfocadas al sector y la disponibilidad y efectividad de los controles de entrada.
Sin embargo, hubo un hallazgo de menor efectividad relacionado con la identificación y el acceso a la información de beneficiarios finales.
Otro de los puntos claves de la evaluación, según los expertos, consistió en el énfasis que se hizo respecto a que “para consultar datos e información de personas se debe tener la autorización de dicha persona” y que “la ley de habeas data restringe el acceso a información relevante en muchos casos y la información de dominio público no es suficiente o puede estar con errores”.
Los productos y servicios que registraron mayor nivel de vulnerabilidad inherente fueron, en su orden: cuentas de ahorros, remesas, cuentas corrientes, giros, cartas de crédito de exportación e importación, tarjetas de crédito y compraventa de divisas.
Sin embargo, al aplicar los respectivos controles la vulnerabilidad se redujo a un nivel medio bajo. Es importante mencionar que, en relación con las cuentas de ahorro y corrientes, la vulnerabilidad estuvo asociada con la frecuencia de las transacciones.
Otra de las figuras en las que se observó una vulnerabilidad fue en el desistimiento de fiducias inmobiliarias, en los cuales los recursos del adquirente ingresan al proyecto y posteriormente son retirados.
Por otra parte, en el subsector de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), los productos de billeteras digitales y las propias criptomonedas obtuvieron un nivel de vulnerabilidad inherente media alta.
Sector real: riesgos en obras de ingeniería civil y pocos ROS
Para determinar el riesgo de lavado de activos en el sector real fueron evaluados 10 subsectores de la economía, entre ellos el agrícola, pecuario y transformación de materias primas, comercio exterior, entidades sin ánimo de lucro (ESAL) e hidrocarburos.
También fueron considerados los sectores de obras de ingeniería civil, organismos deportivos que intregran el sistema nacional de deporte, organizaciones solidarias no financieras, sector salud, servicios de vigilancia y seguridad privada, y servicios de transporte.
Respecto a la amenaza y vulnerabilidad en el sector real, de los 10 subsectores calificados solo el sector de obras de ingeniería civil (infraestructura nacional y servicios públicos) obtuvo una calificación de medio alta, la cual resultó como el nivel más alto de amenaza en el sector evaluado, ya que el resto de los subsectores obtuvieron una calificación de nivel medio.
En cuanto a las características particulares de cada subsector, se resalta que en comercio exterior hay muy pocos reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Además, se observó que las importaciones no son un servicio vulnerable por sí solo, aunque son un mecanismo utilizado por algunos importadores para contrabandear mercancías.
Caso contrario ocurre con las exportaciones, las cuales resultan más vulnerables debido a que son el medio usado históricamente por los grupos delincuenciales para enviar al extranjero mercancías producto del narcotráfico.
Frente al subsector de obras de ingeniería civil, los evaluadores señalaron que se deben reforzar los programas de capacitación antilavado de activos para conocer y comprender los deberes y responsabilidades, tanto en el sector de infraestructura, como en las interventorías y los ministerios.
APNFD: riesgos diversos
En total fueron seis los subsectores evaluados para determinar el nivel de riesgo de lavado de activos de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD): abogados, agencias de finca raíz, comerciantes de metales y piedras preciosas, contadores, juegos de suerte y azar (JSA) y notarios públicos.
Respecto a la amenaza, cuatro subsectores obtuvieron una calificación de nivel medio y dos subsectores (comerciantes de metales y piedras preciosas y juegos de suerte y azar) fueron calificados en medio alta.
En cuanto al subsector de finca raíz, los intermediarios y tramitadores representan un alto riesgo debido a la falta de formalización y profesionalización.
Así mismo, el reporte señala que la laxitud en los requisitos de creación y operación de las sociedades por acciones simplificadas (SAS) ha impulsado la constitución de varias empresas en el sector, lo que ha conllevado a la informalidad en la operación e inexistencia en los procesos de rendición de cuentas.
Por su parte, el subsector de comerciantes de metales y piedras tiene altos riesgos de lavado de activos debido a la problemática de la minería ilegal.
Finalmente, la evaluación resalta que la Junta Central de Contadores no está facultada como organismo de supervisión de este sector y no tiene un área especializada en lavado de activos.
De igual forma, frente a los procesos de monitoreo y entrega de ROS, los profesionales contables no están capacitados y la mayoría no tienen cómo soportar que llevan a cabo registros y monitoreo contra el lavado de activos.
