Recientemente el Banco Mundial y la UNODC publicaron el documento “Los titiriteros” (The Puppet Masters) en el cual se hace un examen detallado la manera en la que los corruptos utilizan los sistemas financieros. Entre los distintos apartes del texto, destacamos el que hace referencia a cinco elementos precisos que de acuerdo a la investigación resultan fundamentales para que el sistema financiero no siga siendo usado por aquellos que abusan del erario.
En la guerra contra las finanzas ilícitas, la lucha contra la corrupción es el frente de batalla que ha atrapado la atención de las principales autoridades y organismos, los cuales no han cesado en los últimos meses de hacer pronunciamientos sobre la importancia de hacerle frente a este fenómeno. Sin embargo, en la cabeza de muchos ronda la duda de la verdadera utilidad de dichos llamados y pronunciamientos que, a pesar de estar plenos de buenas intenciones, muchas veces carecen de propuestas concretas.
En medio de este marco es importante destacar el trabajo realizado por el Banco Mundial y la UNODC, basado en más de 150 casos de gran corrupción (ver recuadro), a partir de los cuales proponen cinco medidas que se deben perseguir a nivel institucional para atacar de manera efectiva este flagelo.
El primer resultado que arrojó el trabajo de investigación del Banco Mundial y la UNODC fue el hallazgo de determinados que se presentaron en la mayoría de casos estudiados:
• Uso de una figura corporativa (una compañía o una corporación) para apropiarse indebidamente de fondos públicos.
• El producto e instrumento de la corrupción consiste de fondos en una cuenta bancaria;
• En los casos en los que se pudo acceder a la información sobre el propietario, la figura corporativa había sido establecida o dirigida por un profesional intermediario.
Gracias a este punto de partida el estudio propone cincos puntos clave sobre los cuales deben trabajar los gobiernos con el propósito de cerrarle las puertas a la corrupción. Es importante recalcar que estas medidas no están exclusivamente asociadas a este delito y el implementarles ofrecerá resultados en otros frentes.
1. Mejor información
La información disponible para en los registros de las compañías debe ser mejorada tanto en cantidad como en accesibilidad
La información de registro de una compañía es la primera fuente a la que acuden los investigadores y los proveedores de servicios en el desarrollo de sus actividades. Dentro del contenido básico de esta información se encuentra el nombre de la persona jurídica, la dirección, los estatutos y datos sobre las directivas; esta información debe estar disponible al público general en los registros de la compañía.
Así mismo, es posible encontrar en muchos casos información sobre dueños, accionistas y miembros de una determinada persona jurídica. Esta información debería ser considerada como el mínimo que una empresa debe mantener respecto a los accionistas cuya participación es lo suficientemente grande como para considerar que tiene una posición de toma de decisiones en la misma. Igualmente, cuando el director de una empresa actúa a nombre de otra persona, este hecho debe ser debidamente anotado en el registro. Si bien la mayoría de las jurisdicciones no disponen actualmente de la experiencia ni los recursos necesarios, en el futuro sería idóneo que los registros también incluyeran información sobre el beneficiario final.
En paralelo al mejoramiento de la calidad de la información, debe realizarse una fuerte labor en términos de su disponibilidad. Es indispensable que las autoridades tengan acceso rápido y oportuno a esta información, pero el ideal es que no sean solo las autoridades quienes puedan disponer de ella. Esto significaría proporcionar un acceso gratuito en línea (sin requisitos de preinscripción o gastos de subscripción), con funcionalidades de búsqueda que permitan hacer cruzar la información para obtener mejores resultados.
Los registros de las compañías, sin embargo, distan mucho de proporcionar una respuesta integral al problema del uso indebido de las diversas figuras corporativas dado que las oficinas de registro por lo habitual no tienen recursos para elaborar verificaciones independientes. Es necesario encontrar información suplementaria que provenga de una fuente distinta a la compañía.
2. Entidades bancarias y de servicios financieros
Se deben tomar medidas para asegurar que los proveedores de servicios financieros acopien información sobre el beneficiario final y permitan el acceso a la misma
Las entidades financieras y las compañías de servicios financieros se convierten en la instancia más importante de la cual debe provenir dicha información. Este sector tiene una posición privilegiada desde la cual puede conocer de manera cotidiana cómo se comportan las finanzas de las compañías, en consecuencia es el agente idóneo para conseguir la información sobre quién es el beneficiario final y quién ejerce el control en una compañía determinada.
En los estándares internacionales ya está establecido que estas instituciones deben realizar un proceso de debida diligencia con sus clientes. Sin embargo, conviene que se vaya más allá y que esta obligación incluya también determinar quién o quiénes son los beneficiarios finales, tanto cuando se inicia la relación con el cliente, como durante su permanencia, mediante un constante monitoreo.
Este último factor es clave, pues ocultar la verdadera naturaleza financiera de una empresa se torna en una labor sencilla demasiado compleja para los criminales cuando se ven sometidos a una supervisión constante.
Es totalmente necesario que los proveedores de servicios financieros estén sujetos a la obligación de realizar la debida diligencia pues se ha constatado numerosas veces cómo, en los casos en los que se ha usado una figura corporativa de manera indebida, el intermediario es negligente, apela a la “ceguera voluntaria” o es cómplice activo.
Si por el contrario, el intermediario está legalmente compelido a reunir la información del beneficiario final, no podrá después alegar su inocencia sobre el desconocimiento del origen de los fondos de sus clientes.
Por último, no vale la pena poner a funcionar los aparatos legales de las distintas jurisdicciones para al finar obtener no más que un complejo y bien intencionado código de normas que nunca son llevadas a la práctica: es imperativo que se inviertan recursos para garantizar un cumplimiento efectivo de las normas adoptadas.
El sistema de supervisión del cumplimiento debe cobijar a los proveedores de servicios financieros y contemplar penas civiles o criminales en caso de que se compruebe que el mismo no se está llevando a cabo apropiadamente.
3. Centralizar la información
Toda la información sobre el beneficiario final debería estar disponible en la misma jurisdicción
Otro obstáculo para obtener información respecto a una persona jurídica es que la documentación relevante podría encontrarse dispersa en varias jurisdicciones (por ejemplo en casos en que una entidad es constituida bajo la normatividad de una jurisdicción pero administrada según las normas de otra), lo que conlleva un desgaste excesivo en cuanto al tiempo y los recursos invertidos.
Para evitar esto, es importante que los gobiernos se aseguren de que una persona residente mantenga la información sobre el beneficiario final para cualquier empresa que se constituya bajo sus leyes. Esta persona, que podría ser el director o un alto funcionario de la respectiva empresa, debería conservar toda la documentación financiera relacionada con la persona jurídica.
4. No instrumentos no registrados
Los títulos al portador deben ser abolidos
Los títulos al portador acarrean grandes problemas en la búsqueda de la transparencia puesto que quien se encuentre en posesión legal de los bonos es considerado como su dueño y por extensión dueño de la compañía en cuestión. Sin embargo no es posible muchas veces saber quién es dueño de estas acciones en algún punto determinado. Muchos países han invalidado estos títulos, transformándolos en títulos registrados, sin que ello haya interferido en el transcurso normal de los negocios de las compañías correspondientes, por lo tanto no hay ninguna justificación válida para perpetuar esta figura.
5. Y si la prevención falla… La capacidad investigativa debe ser reforzada
Las leyes y normas que previenen el uso indebido han sido el foco de los esfuerzos de quienes buscan evitar que las distintas figuras corporativas sean usadas de manera indebida; sin embargo el entramado legislativo no es suficiente.
Asimismo, tampoco basta con la recolección de la información y la debida diligencia por parte de las entidades de servicios financieros, cualquier sistema de prevención puede ser vulnerado. Es por esto que se requiere igualmente contar con una actividad de investigación y análisis preparada, eficiente y bien equipada.
Por lo tanto es importante que se haga una inversión que permita capacitar debidamente a las personas encargadas de realizar las tareas de investigación. El estudio conducido por el Banco Mundial y la UNODC evidenció que en este aspecto existen enormes diferencias de una jurisdicción a otra tanto en términos de capacitación, como de experiencia y de recursos tecnológicos y económicos.
Los esfuerzos para mejorar las capacidades investigativas deberían concentrarse en:
- Capacitación de los investigadores: es fundamental que un investigador que pretende afrontar un caso transnacional conozca bien la naturaleza de las diversas figuras corporativas del mundo y sus correspondientes potenciales de ser usadas indebidamente; y las técnicas y habilidades para deshacer las fachadas que pretenden ocultar manejos indebidos de una empresa.
- Desarrollo de casos transnacionales: conducir un caso transnacional es una actividad compleja y demandante: se debe viajar con frecuencia a diversas jurisdicciones; establecer contacto con las entidades pertinentes para el caso; concertar entrevistas; coordinar la investigación con contrapartes investigativas en las correspondientes jurisdicciones. Para lograr esto se debe contar con los recursos económicos y temporales, mecanismos legales y un espíritu de cooperación tanto formal como informal.
- Aproximación basada en riesgo y tipologías: cada jurisdicción debería realizar estudios sobre la manera en la que usualmente se han usado de manera indebida las diferentes figuras corporativas amparadas bajo sus legislaciones. Los hallazgos de cada análisis le permitirán a las autoridades y a las entidades de servicios financieros comprender mejor los riesgos que se manejan en cada país.
