Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus actividades ilícitas o para lavar sus ganancias delictivas”, asegura el GAFI.
Una de las premisas mundialmente aceptadas sobre el lavado de activos es que ningún sector está exento de ser utilizado para intentar dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
Con ese principio en mente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se dio a la tarea de elaborar un informe que detalla los riesgos.
De acuerdo con el organismo mundial, el mal uso de los bienes raíces “permite que las redes de delincuentes prosperen y crezcan utilizando las ganancias de sus actividades ilegales”.
Incluso, agrega el GAFI, “estas prácticas también contribuyen a hacer subir los precios de los bienes raíces, haciendo que la vivienda sea inaccesible para muchos, además de incentivar aún más la actividad delictiva”.
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¿Por qué el GAFI se fija en los bienes raíces?
Las evaluaciones que el GAFI y sus organismos regionales han realizado a los países acerca del cumplimiento de los estándares mundiales contra el lavado de activos han puesto de presente múltiples deficiencias.
Dentro de los hallazgos se destaca el hecho de que “el sector inmobiliario a menudo tiene una comprensión deficiente de estos riesgos [de LA/FT] y regularmente no los mitiga”.
El informe del GAFI sostiene que las vulnerabilidades identificadas incluyen la explotación por parte de personas expuestas políticamente PEP, así como la compra de bienes inmuebles de lujo.
También se han identificado riesgos derivados del uso de activos virtuales y el uso de empresas anónimas como instrumentos para lavar el producto del delito.
“El sector necesita tomar las medidas apropiadas para mitigar adecuadamente estos riesgos”, aseveró el GAFI.
¿Qué medidas se pueden tomar?
Según el GAFI, el sector de bienes raíces debe implementar medidas efectivas de debida diligencia del cliente.
Además, se requiere que las empresas inmobiliarias accedan a la información sobre los verdaderos beneficiarios finales de las transacciones.
Por su parte, las autoridades de supervisión “deben aumentar su comprensión de los riesgos que enfrenta el sector inmobiliario y asegurarse de que se aborden adecuadamente”.
Esto se puede lograr a través de capacitaciones, sesiones de divulgación y esfuerzos regulares de supervisión, puntualizó el GAFI.
