La lucha contra el lavado de activos es tan difícil que el G-7 creó, en el año de 1989, una comisión temporal de altísimos expertos cuyo propósito exclusivo era dar la receta internacional para luchar contra este fenómeno. Veintitrés años después la comisión, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) sigue trabajando con gran presupuesto y todo el apoyo de la Ocde, aunque no ha encontrado todavía la solución definitiva a este flagelo.
Es cierto que para las entidades financieras (y para cualquier hombre de negocios serio) es muy fácil evitar el lavado de activos burdo: el cliente que llega con cajas llenas de efectivo, el delincuente reconocido que pretende realizar operaciones financieras o el ama de casa que quiere recibir ingresos por exportaciones de flores… Sin embargo, sólo los lavadores inexpertos –o los de las telenovelas– trabajan así. La gran mayoría de operaciones de lavado de activos son realizadas por expertos en las artes y artimañas del engaño.
Frente a esta modalidad de lavado de activos sofisticado es muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista preventivo, por lo que queda como última opción que mediante complejos y avanzados sistemas informáticos se detecten –a posteriori– operaciones sospechosas, las cuales pueden o no ser lavado. Con todo, existe un alto nivel de error en dichos modelos. Quien quiera saber más del tema puede consultar el Best Seller internacional Superfreakonomics de Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner, el documento titulado “Information Technologies for the Control of Money Laundering” de la OTA-ITC-630 o el artículo de Peter Dorrington “Detecting & Eliminating the Risk of Fraud”.
El debate que actualmente se está dando en el país se vigoriza por el caso de Interbolsa, los carruseles y carteles de la corrupción, las grandes operaciones encubiertas de los Estados Unidos y el rifirrafe entre la Contralora y el Director de la Uiaf. Este tema requiere una mirada desapasionada y constructiva. Hay muchos aspectos para profundizar en un debate como este, pero el meollo del asunto está en los roles y las responsabilidades de todos los actores del sistema. En este orden de ideas, sería conveniente analizar en primer lugar los roles y posteriormente las responsabilidades.
Los ciudadanos no pueden ni deben usurpar funciones públicas. Esto es válido para el chofer que no puede tomarse la justicia con sus propias manos y castigar al ‘raponero’ que fue sorprendido en flagrancia, o para el banco que tiene la sospecha de que su cliente es un lavador por la forma como maneja sus productos financieros. Una cosa es prevenir, otra detectar y otra muy diferente sancionar (Decreto 3420 de 2004).
En Colombia, por la situación tan grave de crimen organizado que hemos tenido que vivir, varios sectores de la economía han sido llamados a colaborar en la lucha contra el lavado de activos. Así lo manifestó la Corte Constitucional al revisar la ley de la UIAF: “(…) la prevención, investigación y sanción efectiva del lavado de activos, especialmente en el contexto colombiano, demanda de la cooperación de las entidades financieras…” (Sentencia C-851 de 2005). De hecho, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 95, numeral 7°, que son deberes de la persona y del ciudadano colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Con todo, hay que resaltar el concepto de colaboración, pues no se han delegado funciones públicas. Esta colaboración o asistencia se centra en la prevención y en la detección, conceptos que hay que precisar.
Prevenir es desplegar los recursos razonables para que una situación no se presente. Retomando nuestro concepto de lavado burdo y lavado sofisticado, es claro que a los ciudadanos (incluyendo las empresas) se les puede exigir que eviten el lavado burdo, pero no el sofisticado; en este tipo de operaciones se les puede pedir –tal vez exigir- un esfuerzo, pero no resultados utópicos o heroicos. Hay varios argumentos prácticos que sustentan la imposibilidad de prevenir totalmente el lavado de activos: los particulares no tienen acceso a la información judicial o de inteligencia que permite conocer quién es delincuente, en este tipo de operaciones se utilizan personas sin antecedentes, los delincuentes modifican y varían sus métodos para no ser detectados y la base del lavado es el engaño.
Una vez la operación cursó y no se pudo evitar, queda la ilusión de detectarla y concluir con un margen de error aceptable que efectivamente se trata de lavado. La herramienta conceptual que se utiliza para detectar es lo que se conoce como señal de alerta. Solo podemos detectar el lavado de activos que previamente hemos visto. Es cierto que existen alertas complejas, inclusive se ha probado con inteligencia artificial, pero no hay otra forma de detectar el lavado de activos que aprendiendo de la experiencia, es decir, de los errores.
Los líderes mundiales en materia de detección son los grandes bancos internacionales, los cuales invierten decenas de millones de dólares en estos sistemas; de hecho, según los expertos, el estimado de los costos de prevención en Estados Unidos es de aproximadamente 7 billones de dólares. Sin embargo, los resultados todavía dejan mucho que desear. A los particulares, principalmente a las entidades financieras, no se les puede pedir que tengan sistemas de detección ciento por ciento infalibles y oportunos. Esto no se puede exigir porque no es técnicamente posible.
El Grupo Wolfsberg, que aglutina algunos de los bancos más grandes del mundo en materia de prevención de lavado de activos, reconoce que “resulta difícil –a veces imposible– para las entidades distinguir entre las transacciones legales y las ilegales, aunque la entidad en cuestión haya desarrollado y adoptado un planteamiento prudente (…) en su programa de prevención de blanqueo de capitales” (Guía para un planteamiento basado en el riesgo en la gestión del riesgo de blanqueo de capitales).
La crisis actual del sistema anti lavado en Colombia se debe a que los conceptos de prevención y detección, que son la piedra angular para definir el rol de las entidades financieras en materia de colaboración en la lucha contra el lavado de activos, no están claros aún. Y tampoco están claros los roles de las autoridades que intervienen en la lucha contra este flagelo. La absurda discusión pública, con tutela y descalificación de por medio, entre la Contralora y el Director de la Uiaf muestran que no hay confianza entre las instituciones y que no existe el concepto de lucha integral contra el lavado de activos. Estamos viviendo una tragicomedia en la cual erróneamente se le reclama a la Contraloría que no debería investigar, a la Superintendencia que no hubiera descubierto el concierto para delinquir, a la Uiaf que no hubiera evitado la corrupción, a la Bolsa que no hubiera supervisado y a los bancos que no hubieran puesto freno a las transacciones. Este es un claro ejemplo de lo que la palabra caos significa.
Para empezar a desenredar este desbarajuste y avanzar en la lucha contra el lavado de activos hay que comenzar por entender y aceptar las limitaciones del sistema, pero sobretodo, hay que iniciar aclarando y cumpliendo los roles. De lo contrario este partido –es decir, la lucha contra el mal– se perderá por estar todos corriendo detrás de un mismo balón, como ocurre en los partidos de fútbol de niños de jardín infantil.
En Colombia, la legislación vigente es muy clara: la Superintendencia supervisa, la Uiaf aporta información a las autoridades competentes y el sector financiero colabora. La culpa de este enredo la tienen las mismas autoridades, que hoy sufren de las a veces injustas acusaciones, pues no han sido claras en sus roles y en lugar de explicarlos y defenderlos, prefieren callar y apuntar el dedo hacia otro lado para señalar culpables: Yo no fui, fue él.
