Transparencia Internacional publicó los resultados de la Décima Edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, encuesta de opinión realizada a la ciudadanía sobre la corrupción y sus experiencias con el soborno. Entre enero y marzo de 2019, se encuestaron más de 17.000 ciudadanos en 18 países de la región.
En Colombia, el 52% de los encuestados señala que durante los últimos 12 meses la corrupción aumentó. En la región, Perú y Colombia registran el porcentaje más alto de ciudadanos que consideran que la corrupción en el gobierno es uno de los problemas más graves de su país, con 96% y 94% respectivamente. Por su parte, el 57% de los encuestados cree que el gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, siendo esta percepción mayor entre los jóvenes, es decir cudadanos entre 18 y 35 años (66%).
Para Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “estas cifras podrían reflejar que hay una generación que está siendo más crítica frente a la labor del Estado, por lo que nos encontramos en un momento clave en donde la ciudadanía reclama resultados al gobierno en esta materia, exige menos retórica y más acciones concretas”.
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Percepción de corrupción en las instituciones
Los miembros del congreso (64%), el presidente y funcionarios cercanos (55%), y los empleados públicos (48%) son considerados como las personas más involucradas en hechos de corrupción en Colombia. Además, preocupa el aumento de percepción de corrupción en los Jueces y Magistrados con el 47% (10% más con respecto a 2017) y de la Policía con el 42% (41% en 2017).
“Que los jueces y magistrados sean percibidos tan negativamente por la población puede ser resultado de la fórmula de la impunidad que hace que la corrupción continúe siendo un negocio que paga”, comentó Andrés Hernández, para luego advertir que “los vencimientos de términos, los beneficios de casa por cárcel a personas involucradas en estos hechos y las bajas sanciones penales han incrementado la demanda ciudadana por lograr mayores castigos a los corruptos.
Experiencia con el soborno
El 20% de los encuestados que utilizaron servicios públicos afirma que en los últimos 12 meses pagaron un soborno. A pesar de que los niveles de esta conducta presentan una disminución significativa (10% menos que en 2017), el fenómeno se sigue presentando, sobre todo en los funcionarios más propensos a pedir o recibir sobornos que son la policía (26%) y los prestadores de servicios públicos (20%).
Del total de encuestados que afirmaron haber pagado un soborno durante el último año, el 32% indicó que el soborno le fue solicitado, el 24% afirmó que lo realizó debido a que se esperaba un pago extraoficial, el 16% pagó sobornos para que las cosas se hicieran más rápido o mejor, y el 20% lo hizo para expresar agradecimiento por el servicio recibido.
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Denuncias de corrupción y represalias
Aunque denunciar los casos de corrupción ante las autoridades es fundamental para luchar contra la conducta, en Colombia el 78% de los encuestados sostiene que si las personas denuncian los casos de corrupción sufrirán represalias. Adicionalmente, el 58% afirma que es poco probable que el reportar un hecho de corrupción conduzca a la adopción de medidas.
Es por esto que Transparencia por Colombia insiste en la urgencia de desarrollar un marco legal para la protección de denunciantes y testigos de corrupción.
Elecciones y compra de votos
El 40% de los encuestados manifiesta que durante los últimos 5 años les ofrecieron sobornos o favores especiales a cambio de votos específicos en una elección nacional, regional o local. “Esta cifra resulta alarmante en el contexto colombiano, dado que nos encontramos ad portas de las elecciones territoriales y que la compra de votos es uno de delitos que pone en riesgo las elecciones, en la medida en que aumentan los costos ocultos de las campañas e introduce un desnivel a favor de los candidatos que incurren en estas prácticas”, manifestó Transparencia Internacional.
Extorsión Sexual
Por primera vez, el Barómetro Global de la Corrupción incluye datos sobre los casos de extorsión sexual, una de las formas más significativas de corrupción basadas en el género y que ocurre cuando un funcionario público dice que dará un beneficio del gobierno, como un servicio más rápido, aprobación de documentos, un trabajo, o evitar una multa o prisión, a cambio de un favor sexual.
En Colombia, el 82% de los encuestados cree que la extorsión sexual ocurre ocasionalmente y el 16% dice haber vivido o conocido un caso de extorsión sexual, siendo las mujeres las más afectadas por esta situación.
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