En lo que es considerada una de las grandes victorias en la lucha contra el lavado de activos y la evasión tributaria, el gobierno del Reino Unido informó que, a partir del año 2020, empezará a exigir que sus territorios de ultramar envíen a las autoridades británicas la información secreta relacionada con las estructuras de propiedad de las sociedades registradas en ellos.
Dentro de las conductas identificadas como riesgosas vinculadas a estos territorios dependientes de la corona inglesa están el blanqueo de capitales, la evasión y elusión tributaria y el desvío de recursos públicos provenientes de la corrupción en países en vías de desarrollo.
Al respecto de la medida el Primer Ministro de las Islas Vírgenes Británicas, Orlando Smith, se declaró "profundamente perturbado" por considerar que la nueva política de transparencia es "profundamente defectuosa".
"No es solo una falta de confianza, sino que cuestiona nuestra propia relación con el Reino Unido y los derechos constitucionales de las personas de las Islas Vírgenes Británicas", dijo el premier en un comunicado.
En paralelo, el gobierno inglés también informó que está trabajando en una enmienda a la ley nacional para establecer un registro centralizado de la propiedad de las compañías en todos los territorios dependientes de la corona.
Aunque la enmienda cobija a jurisdicciones como Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, no se aplica a la Isla de Man ni a las Islas del Canal, porque el parlamento británico no tiene competencia para imponer este tipo de legislación sobre ellas.
