La Fiscalía General de la Nación solicitó la intervención del Consejo Superior de la Judicatura para dar celeridad a los procesos que se adelantan por las irregularidades que se habrían presentado en la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) y que ocasionaron presuntos sobrecostos patrimoniales por un valor superior a los COP 610 mil millones, en el que es considerado el más grave escándalo de corrupción en la historia del país.
Según la fiscalía, “18 meses han transcurrido desde el pasado 30 de noviembre de 2017 cuando el fiscal de conocimiento radicó el escrito de acusación en contra de dos presidentes, un vicepresidente jurídico, un líder del grupo legal y el revisor fiscal de Reficar y el vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol, así como contra dos altos ejecutivos de la compañía CB&I. A la fecha no ha sido posible concluir, significativamente, esta etapa procesal de la acusación”.
El proceso se encuentra actualmente pendiente de la reanudación de la audiencia de acusación, y en ella se han presentado 11 recursos por parte de los abogados defensores. El último recurso presentado tiene relación con una apelación que está por resolver el Tribunal Superior de Bogotá, desde el mes de febrero del año en curso.
En su comunicación al Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, manifestó que la fiscalía encuentra que la dilación que se presenta en este proceso obedece también a que su juzgamiento se tramita ante un despacho judicial que debe atender la carga ordinaria de trabajo, condición que impide que el curso de la actuación se surta sin demora injustificadas.
“En garantía de los derechos de los colombianos a obtener verdad, justicia y reparación en los graves actos defraudatorios que se investigan, y de los propios acusados a que resuelva su caso en un plazo razonable, me veo en la obligación de acudir ante su Despacho para solicitarle que considere la posibilidad de designar un juez con dedicación exclusiva para atender este proceso, o que se adopte cualquiera de las medidas a disposición de la Corporación a su cargo para evitar que los esfuerzos de la administración de justicia se vean frustrados”, solicitó el fiscal.
Lea también: 30 señales de alerta sobre corrupción
Las razones de las dilaciones según el fiscal
- El proceso se adelanta en contra de siete personas, asistidas judicialmente por apoderados diferentes.
- Las audiencias de imputación y medida de aseguramiento se extendieron por cerca de seis meses, desde el 25 de julio de 2017 hasta el 17 de enero de 2018, al punto de que a la fecha, más de un año después de haberse culminado, aún no se ha resuelto la segunda instancia del auto que decidió sobre las medidas de aseguramiento solicitadas.
- El abrupto desarrollo de las audiencias concentradas llevó a que el escrito de acusación se presentara el 30 de noviembre de 2017. Sin embargo, la primera sesión de la audiencia de acusación soló pudo llevarse a cabo seis meses después, esto es, el 30 de mayo de 2018.
- Instalada la audiencia de acusación el 30 de mayo de 2018, la defensa de los imputados impugnó la competencia alegando que el asunto debía ser de conocimiento del Distrito Judicial de Cartagena, pretensión que fue rechazada de plano por la Corte Suprema de Justicia.
- A pesar de que la Corte Suprema de Justicia resolvió en 28 días la definición de Competencia jurisdiccional, el Juzgado de conocimiento reprogramó la continuación de la audiencia para el 29 de noviembre de 2018, es decir, cinco meses más tarde, fecha en la que la defensa presentó 80 aclaraciones del escrito de acusación.
- Aun cuando las observaciones de los defensores fueron precisadas, el 28 de enero de 2019 solicitaron la anulación de la acusación. Esta pretensión fue despachada de manera desfavorable por el juez de instancia y se encuentra en la actualidad bajo el conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá, a la espera de la decisión que resuelva la impugnación presentada.
