El Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer el Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por su sigla en inglés) correspondiente a 2012, que contiene la publicación de la lista de países con mayor exposición al lavado de activos, entre los cuales se encuentra Colombia. Según el documento, ‘‘a pesar de que el país tiene un fuerte sistema de prevención del LA/FT (…), el lavado de dinero de la cocaína ilícita y el tráfico de heroína continúa penetrando su economía y afectando a sus instituciones financieras’’.
Principales observaciones
Alerta: riesgo en mercado de valores
Según el gobierno de EE.UU., ‘‘(…) los grupos dedicados al tráfico de drogas y al lavado de activos han influido en altos funcionarios [del sistema financiero], especialmente en el mercado de valores para eludir los controles de prevención LA/FT establecidos. (...) [Algunos] corredores colombianos, principalmente de Bogotá, Medellín y Cali, han facilitado las actividades de lavado de dinero’’.
El reporte recuerda que en enero de 2012 fue capturada una corredora de bolsa que haría parte de la organización de Manuel Madero Luzardo, alias ‘El Pato’, y quien habría logrado lavar más de U$1.5 millones de dólares producto del tráfico de droga. La acusada fue extraditada a EE.UU. en septiembre de 2012.
Mercancía de contrabando: dolor de cabeza
La mayoría del dinero lavado proviene del contrabando de mercancías, la evasión de derechos de importación, el secuestro, el tráfico de armas, la minería ilegal, la corrupción oficial y el terrorismo practicado por organizaciones como las bandas criminales y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Uno de los principales hallazgos es que ‘‘la mercancía de contrabando sigue siendo fuente del lavado de activos a través del sistema financiero no bancario’’ y se hace ‘‘visible a través de organizaciones criminales colombianas que tienen conexiones con instituciones financieras de México, China, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela’’. El estudio no explica a cuáles entidades financieras y organizaciones criminales hace referencia.
Lo que sí señala es que el intercambio del peso en el mercado negro (black market peso exchange, en inglés) es la modalidad más utilizada para lavar dinero producto del contrabando, toda vez que ‘‘muchos bienes son comprados con dólares de la droga en el extranjero, a menudo desde México. La mayoría de estos (bienes) entran de contrabando a Colombia a través de Panamá –o a veces de forma directa– evitando así el pago de impuestos, aranceles y derechos de aduana’’.
Otro de los esquemas utilizados es la sub o sobrefacturación de la mercancía. El informe señala que ‘‘de acuerdo con expertos en el intercambio del peso en el mercado negro, la evasión de los cargos de aduana frecuentemente se facilita por la corrupción de las autoridades de supervisión colombianas’’.
Otros sectores afectados
El documento también amplía el espectro incluyendo los casinos, el mercado de giros postales, las transferencias, las remesas y las tarjetas prepago. Además, agrega que ‘‘el comercio de productos falsificados que violan los derechos de propiedad intelectual (piratería) es un método cada vez más utilizado para el lavado de ganancias ilícitas’’.
El Departamento de Estado de EE.UU. también pone el ojo sobre las zonas de libre comercio en Colombia, dada la ‘‘inadecuada regulación y falta de transparencia’’. Justifica lo anterior señalando que la Ley permite las zonas francas de una sola empresa y acepta convertir plantas ya existentes en zonas francas.
En este mismo sentido, recuerda que si bien el Ministerio de Comercio administra las solicitudes para el establecimiento de zonas francas, también es cierto que no ejerce mayor vigilancia. ‘‘Las empresas que funcionan al interior de estas zonas tienen una tasa preferencial sobre el impuesto de renta y la exención de los derechos de aduana y del impuesto de valor agregado (IVA) sobre los materiales importados’’.
Se reitera la necesidad de mayor cooperación
El informe indica que ‘‘el gobierno colombiano aún debe tomar medidas para fomentar una mejor cooperación interinstitucional (…), especialmente entre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las unidades especializadas de policía judicial’’.
Es preciso recordar que en el Informe correspondiente a 2011 el Departamento de Estado también instó a la UIAF, la Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a impulsar la interacción para fortalecer el combate al contrabando en Colombia. En el citado reporte también se cuestionó la disminución en el envío de reportes desde la UIAF a la autoridad judicial.
En consecuencia, resulta evidente que desde hace años al gobierno de EE.UU. le preocupa la poca colaboración que se prestan las instituciones colombianas encargadas de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Algunos aplausos al trabajo del Gobierno
El gobierno de EE.UU. destaca que el presidente Juan Manuel Santos haya adoptado una ‘‘línea dura contra la corrupción y demuestre una intención seria para castigar a los funcionarios corruptos en todos los niveles’’. Igualmente, el Jefe de Estado ‘‘ha asignado enormes recursos a la Policía Nacional para ampliar la persecución a la minería ilegal’’.
El documento celebra, además, que en septiembre de 2012 el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera y la UIAF firmaron un memorando de entendimiento para dinamizar el congelamiento de los activos de personas y entidades designadas en la lista de terrorismo de la ONU (Resoluciones 1267 y 1373). Dicho instrumento ‘‘da autoridad legal a la Fiscalía para ordenar la confiscación de bienes de las personas y entidades que figuran en la lista consolidada de la ONU (…) y compromete a las autoridades administrativas a proporcionarle’’ al ente investigador ‘‘la información de apoyo (…) que le ayude a localizar y congelar los activos identificados en Colombia’’.
A su vez, subraya que el Gobierno colombiano trabaja actualmente en una revisión de la ley de extinción de dominio. Los principales puntos –informa el documento– incluyen la notificación expedita al personal de Fiscalía sobre decomisos (dichas notificaciones pueden tardar entre seis meses y dos años) y ‘‘la eliminación de la jerarquía de apelación que actualmente permite tres oportunidades para presentar una apelación’’. Sobre este punto no se hace mayor claridad; no obstante, InfoLAFT le hará seguimiento.
Por otra parte, reconoce el informe, el gobierno de Colombia ‘‘trabaja ampliamente’’ con los organismos estadounidenses encargados de identificar y enjuiciar a las personas presuntamente involucradas en tráfico de drogas y en delitos financieros.
Finalmente, el Departamento de Estado recuerda que en noviembre de 2012 la Unidad de Extinción de Dominio ordenó la incautación de bienes del general (r) Mauricio Santoyo, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Al parecer, Santoyo tuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En su momento se incautaron nueve fincas, cinco vehículos, un establecimiento comercial y una fábrica.
Recomendaciones
El documento le sugiere al gobierno colombiano establecer procedimientos simplificados para la liquidación y venta de los bienes incautados. Su tesis es que ‘‘la demora en la venta –que oscila entre siete y diez años– abre oportunidades de despilfarro, fraude y abuso, al tiempo que limita el efecto disuasorio que debería causar’’.
Por otra parte, señala que los fiscales colombianos deben tomar medidas no sólo para apoderarse de los activos físicos de los traficantes de drogas, sino también perseguir sus cuentas bancarias en el país. En muchos casos ‘‘este elemento no hace parte de las operaciones’’.
Por último, el Gobierno colombiano debería aumentar el número de jueces y los recursos de apoyo administrativo para acelerar los procesos judiciales en casos de extinción de dominio y lavado de activos.
La lista
La lista de países con mayor exposición al lavado de activos no se modificó en comparación con la del año anterior. De acuerdo con el Departamento de Estado de EE.UU. un total de 66 países representan mayor riesgo.
Entre estos se encuentran Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Francia, Alemania, Guatemala, Irán, Iraq, Venezuela, Uruguay, Turquía, Chipre, Islas Caimán, Panamá, México, Filipinas, Suiza, Zimbabue, Antigua y Barbuda, y Líbano.
Nota: Para consultar el Informe completo ingrese a http://is.gd/MhaOKD
