El secretario de transparencia, Camilo Enciso, explicó en entrevista con infolaft qué etapa se encuentra el anunciado decreto que crearía una lista de cargos públicos que permitiría a las entidades contar con un insumo para identificar personas expuestas políticamente (PEP). El funcionario también entregó detalles de la ventanilla única de denuncias de corrupción, un canal que se prevé entre en funcionamiento próximamente.
Infolaft:
Hace algunas semanas la Secretaría de Transparencia anunció la emisión de un decreto que al parecer firmaría el Ministerio de Hacienda acerca de un listado de cargos públicos o PEP. ¿Eso en qué va?
Camilo Enciso:
Tenemos un primer borrador que hemos estado trabajando con la Uiaf, con el Ministerio de Hacienda, con la Superintendencia Financiera y con el área jurídica de la Presidencia de la República. Es un proyecto de decreto que busca determinar de manera clara quiénes se consideran personas expuestas políticamente (PEP), de forma tal que las entidades del sistema financiero puedan tener una mayor seguridad jurídica sobre cuáles serían los sujetos a quienes, como mínimo, deberían realizar una supervisión más acuciosa con relación a sus movimientos financieros.
Este es un tema que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) ha puesto sobre la mesa en diversas reuniones que hemos tenido. Ellos sienten que la existencia de este decreto contribuiría a disminuir los riesgos de corrupción y además facilitaría las labores de inteligencia, de vigilancia, de inspección y de judicialización de los casos en los cuales funcionarios públicos se vean beneficiados por pagos indebidos como fruto de sus actividades profesionales.
Infolaft:
¿Sería un solo listado?
CE:
Es un documento que establece una lista conformada por categorías de cargos públicos que se considera deberían formar parte de los listados de personas expuestas políticamente, sobre los cuales las entidades financieras deberían hacer particular vigilancia.
Infolaft:
¿Qué cargos inicialmente están ahí o cuál es el criterio para incluirlos?
CE:
Básicamente el criterio que estamos utilizando es el de las personas que tengan facultades como ordenadores de gasto o que tengan alguna capacidad política o administrativa para influir en la toma de decisiones al interior de la entidad de manera significativa. En principio estamos incluyendo a los ministros, directores de departamento administrativos, los secretarios que trabajan para la oficina del Presidente de la República y los secretarios generales.
Infolaft:
¿Dónde se encuentra ese borrador?
CE:
Hay unas mesas de trabajo con las distintas entidades y estamos haciendo algunos ajustes por recomendación de varias de ellas.
Infolaft:
¿Ajustes en qué sentido?
CE:
No le puedo dar los detalles. Hay unas especificaciones técnicas que están siendo discutidas sobre si algunos cargos, por ejemplo, deberían ingresar a la lista o no, o sobre el tipo de actividad que podrían realizar las compañías financieras de forma adicional sobre los [funcionarios] que están incluidos en la lista.
La posición que hemos sostenido hasta el momento es que la lista establece el mínimo de funcionarios que se consideran PEP, pero no es de ninguna manera una lista exhaustiva y las entidades financieras, por sus propios criterios de cumplimiento normativo (compliance en inglés) o de prevención de riesgos de fraude y corrupción, por supuesto pueden trabajar con unas listas más amplias, tal y como hoy en día algunas lo hacen.
Infolaft:
En diciembre de 2014 Transparencia por Colombia publicó un informe según el cual al país no le ha ido bien en la aplicación de la Convención de la Ocde contra el soborno trasnacional. ¿Qué se está haciendo desde esta Secretaría para fortalecer ese tema?
CE:
Estamos haciendo muchas cosas. Nos parece que la afirmación de Transparencia por Colombia es francamente injusta porque los esfuerzos que está haciendo el país en la materia son muy grandes: por un lado, la Convención –digamos- tiene una serie de elementos que no estaban, que no habían sido incorporados a nuestra legislación y lo que hemos venido haciendo durante los últimos años de trabajo es ajustar la normativa interna a los estándares de la Convención Antisoborno de la Ocde, y por esa razón al final del año pasado llevamos al Congreso un proyecto de ley que busca ajustar los tipos penales consagrados en el Código Penal para poder cumplir de manera más precisa con las disposiciones de la Convención.
Ese proyecto le otorga unas facultades adicionales a la Superintendencia de Sociedades de manera tal que pueda ejercer unas mayores funciones de vigilancia, control y sanción en contra de las sociedades que se vean involucradas en el pago de sobornos a funcionarios en el extranjero. Entonces, estamos dándole herramientas a la Superintendencia de Sociedades para que pueda desarrollar ese trabajo y estamos estableciendo una serie de sanciones muy duras en contra de las compañías que se vean involucradas en ese tipo de prácticas.
Pero no solo eso, sino que adicionalmente hemos estado trabajando en capacitaciones a funcionarios de la Fiscalía, de la Superintendencia de Sociedades, de la Dian y de otras entidades que tienen alguna relación con la prevención del soborno trasnacional. La Uiaf, por supuesto, también ha formado parte de ese equipo junto con funcionarios del CTI. Digamos que hemos abordado a todas las entidades que tienen algo que ver con la implementación de la Convención Antisoborno de la Ocde y las hemos ayudado al darles las herramientas adicionales para que puedan desarrollar de mejor manera su trabajo.
El 4 y 5 de diciembre de 2014 hicimos un evento grande al que trajimos fiscales, investigadores y funcionarios de las entidades que son el equivalente a nuestra Superintendencia de Sociedades a un foro en el que capacitamos a personas de todas esas entidades. Ese foro tuvo la participación de por lo menos 100 funcionarios de primer nivel de cada una de las entidades y fue muy interesante porque los expositores eran funcionarios que ya han tenido experiencia concreta en la investigación de este tipo de casos, que además han sido exitosos, que vinieron a compartir sus experiencias sobre métodos de investigación, desafíos jurídicos que trae la aplicación de la Convención Antisoborno, dificultades que han tenido en los juicios como tal y desafíos en materia de colaboración internacional porque, por supuesto, estos casos son de naturaleza trasnacional y tiene que haber cooperación internacional.
Aquí lo que estamos haciendo es apretar el acelerador con el fin de que todo el Estado colombiano esté listo para poder aplicar de mejor manera la Convención Antisoborno, pero hay una cosa que es importante tener en cuenta: la Convención regula el soborno de los funcionarios públicos en el extranjero y hay que tener en cuenta que Colombia hasta hace apenas unos años empezó a avanzar por la senda de la inversión extranjera, por la inversión de Colombia en el exterior. Tradicionalmente Colombia ha sido un país receptor de inversión extranjera y ese es un punto de quiebre muy importante que se debe resaltar porque en el descubrimiento de casos concretos de soborno trasnacional por parte de colombianos se exige que haya inversión de Colombia en el exterior y esa tendencia hace apenas ocho o nueve años empezó a crecer. Eso por supuesto –creemos- eleva el riesgo, pero al mismo tiempo justifica la necesidad de avanzar cada vez más rápido en la implementación de la Convención, y lo que vemos es que en la medida en que Colombia se vuelva un país que hace más inversión afuera, el riesgo va a ser mayor y hay que tomar las medidas necesarias desde ahora.
Infolaft:
Hace algunos meses también se habló de la implementación de una ventanilla única de denuncias por parte de la Secretaría de Transparencia. ¿Para cuándo se prevé que esté funcionando?
CE:
Aquí nosotros tenemos que hacer un trabajo muy exigente desde el punto de vista de procedimientos y de ajuste jurídico para que la ventanilla única de denuncias pueda ser una realidad. En una primera fase vamos a hacer un trabajo de consultoría con el propósito de ver cómo se pueden hacer compatibles los distintos instrumentos de administración informática que tienen las diferentes entidades para poder cruzarlos y que permitan, sin ir en detrimento de las competencias institucionales de cada uno, hacer un proceso de compartir información, de direccionarla y de poder prender alertas tempranas en los casos de corrupción, que es lo que más nos interesa.
Todo el proceso de la ventanilla única es importante para el ciudadano, pero sobre todo es importante para la administración pública porque es lo que nos permitirá identificar en tiempo real dónde hay fenómenos de corrupción que podamos intervenir de manera oportuna. Lo que ocurre hoy en día es que llegan las denuncias y a veces tardan mucho en el proceso de asignación o de revisión por parte de las autoridades competentes, y cuando llegan [las autoridades] al lugar de los hechos o a la entidad en la que se cometió la irregularidad ya es demasiado tarde. Acá necesitamos unos canales mucho más directos que nos permitan llegar a tiempo.
En este sentido hay algo que quizá usted no sabe y es que recientemente expedimos una directiva presidencial en la cual se ordenó a todos los jefes de control interno de la Rama Ejecutiva del orden nacional darle de manera inmediata a la Secretaría de Transparencia la información de casos concretos de corrupción de los cuales tengan conocimiento; de esa manera lo que estamos haciendo es atar a los jefes de control interno con la Presidencia de la República de tal forma que podamos intervenir a tiempo en los casos de corrupción.
Lo que teníamos antes era que las oficinas de control interno daban unos reportes bimestrales que incluían demasiados temas y que terminaban siendo una montaña de información que no era posible procesar fácilmente. En este caso lo que estamos haciendo es pidiéndoles que de inmediato, tan pronto tengan conocimiento de conductas punibles, de delitos contra la administración pública o de irregularidades graves que atenten contra la función pública, las pongan en conocimiento de nosotros.
Infolaft:
¿Qué directiva presidencial es?
CE:
Directiva presidencial 01 de 2015.
Infolaft:
¿Qué próximos documentos, estudios o informes publicará la Secretaría de Transparencia, o cuáles está apoyando respecto a temas de corrupción?
CE:
Estamos trabajando en varios proyectos. Estamos fortaleciendo el observatorio de la Secretaría de Transparencia en equipo con las demás entidades que reportan información, que nos ayudan a cargar la información. En este sentido, en el observatorio ustedes van a poder encontrar información actualizada sobre el número de sanciones penales, disciplinarias y fiscales, e información sobre el monto al que ascienden los recursos que están siendo objeto de investigación o de procedimientos fiscales por parte de la Contraloría General.
Adicionalmente, estamos trabajando en un mapa de riesgos en el sector carcelario. Es un sector que nos preocupa y en el cual hay unos riesgos de corrupción graves: estamos empezando a trabajar en un caso que llegó a nosotros desde la costa caribe.
