Durante los cinco años y medio que Luís Edmundo Suárez ocupó la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) tuvo varios puntos bajos: se negó a entregarle información a la Contraloría e incluso un congresista pidió su renuncia.
''Luís Edmundo Suárez renuncia a la @UIAFColombia tras una gestión impecable y resultados sin precedentes''. Ese fue el trino que se publicó en la cuenta oficial de Twitter de la Uiaf minutos después de que se conociera la renuncia del funcionario.
Lo dicho allí tiene algo de cierto, pero también mucho de exageración.
La primera -y única vez- que Suárez atendió una entrevista de Infolaft fue en septiembre de 2010. En ese momento el entonces nuevo funcionario dijo que su estrategia para perseguir el lavado de activos y la financiación del terrorismo se fundamentaría en ''tres pilares'': tecnología, participación ciudadana y seguridad de la información.
Este último pilar, quizá mal entendido por él, fue el que le generó más problemas y el que a la postre lo sacó del cargo.
La pelea con la contralora Morelli
El 16 de febrero de 2012 la Contraloría General le solicitó al director de la Uiaf un informe sobre los análisis hechos en casos como el ‘carrusel de la contratación’, el caso Nule y el desfalco a la Dian para unas investigaciones fiscales que adelantaba, pero la respuesta entregada por la Uiaf fue que a la única entidad a la que podía entregar información era la Fiscalía General.
Luego de ello la Contraloría hizo dos solicitudes de información adicionales, algo que no le gustó al director de la Uiaf y que lo llevó a instaurar una tutela aduciendo que la entrega de dicha información violaría derechos fundamentales.
La tutela se falló en contra de la Uiaf por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en el fallo dio la orden de entregar la información a la Contraloría.
Suárez se exaltó y en entrevista con Portafolio calificó el fallo como ‘‘vulgar’’ y lo impugnó en el Consejo de Estado.
No obstante, él nunca entregó la información a pesar de ser derrotado en el Consejo de Estado en dos ocasiones. ¿La razón? Mientras se tramitaba la disputa con la Contraloría, de forma simultánea la Corte Constitucional evaluaba la exequibilidad de la ley de inteligencia.
El funcionario dilató la entrega de los datos a la espera de la decisión de la Corte, la cual finalmente declaró exequible la ley.
Vale decir que si bien la ley de inteligencia restringe el acceso a la información de la Uiaf, esta no estaba vigente para el momento en el que la Contraloría hizo sus peticiones.
¿No hay tal reserva de información?
En una entrevista que Infolaft realizó en abril de 2013 a la entonces contralora Sandra Morelli, ella sostuvo que en su momento Suárez ‘‘buscó a Ligia Helena Borrero, contralora delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, y a Carlos Rodríguez, director de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional, y les dijo que él quería colaborar y les iba a entregar la información de manera informal’’.
Esa supuesta propuesta de entrega de información de manera informal se puede comparar con el suministro de datos que el director de la Uiaf sí le hizo a la periodista de The Economist sobre la riqueza de las Farc en un encuentro informal.
Lo realmente inquietante aquí es que en el propio comunicado de la Uiaf se lee que era ‘‘política’’ del director de la Uiaf hablar con periodistas en reuniones off the record (informales).
El día que un congresista pidió la renuncia de Suárez
En mayo de 2013 el entonces representante a la Cámara Simón Gaviria hizo un debate en la Comisión Tercera de esa corporación sobre el caso Interbolsa. Allí expuso por qué, a su modo de ver, en la extinta firma comisionista de bolsa se configuró un lavado de activos.
Los funcionarios citados al debate fueron el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe; el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández; y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Allí, en plena sesión, Gaviria le exigió al ministro Cárdenas retirar a Luís Edmundo Suárez del cargo de director de la Uiaf por no entregar la información a la Contraloría.
En su intervención, el Ministro propuso citar a Suárez a un debate para escuchar su versión de los hechos. Al final, nada de eso se hizo.
El Nobel no tan Nobel
En 2013 el grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera le otorgó a la Uiaf de Colombia el premio al mejor caso de inteligencia financiera del mundo (Beca por su sigla en inglés). Suárez solía presentar ese galardón como el ‘‘Nobel’’ de la inteligencia financiera.
Si bien el reconocimiento es importante, no es dable compararlo con un Nobel por dos razones: la primera porque es un premio instituido apenas en el año 2010 y la segunda porque lo entregan las unidades de inteligencia financiera en una sesión apurada en la que no hay lugar a mayores análisis de las metodologías y técnicas usadas.
Resultados regulares en la Presidencia de Gafisud (ahora Gafilat)
En diciembre de 2013 el director de la Uiaf fue elegido como presidente pro témpore (por un año) del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), el organismo regional encargado de evaluar las políticas de los países contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En ese momento Suárez presentó un ambicioso plan de acción en el que se comprometió a desarrollar cuatro tareas: buscar el entendimiento regional de la amenaza del lavado de activos, aumentar los resultados y la efectividad de los sistemas antilavado de los países de la región, fortalecer institucionalmente a Gafisud y dar continuidad a otros planes en curso.
Según el seguimiento técnico que Infolaft hace a estos temas, Suárez solo pudo cumplir con dos de los puntos: buscar el entendimiento regional de la amenaza y dar continuidad a otros planes.
Durante su presidencia Gafisud no se fortaleció institucionalmente (de hecho es un organismo técnicamente muy bien posicionado) y lo único que se hizo en este sentido fue concretar un cambio de nombre que venía de tiempo atrás a Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Por otra parte tampoco se aumentaron los resultados ni mucho menos la efectividad de los sistemas antilavado de los países, y esto se concluye luego de analizar los resultados obtenidos por los primeros países en ser evaluados por Gafilat en el marco de la cuarta ronda, donde la efectividad es un componente muy relevante.
De hecho, este era un objetivo casi utópico en la medida que depende de cada nación implementar las normas tendientes a perseguir a los delincuentes y ser efectivo en la extinción de dominio de sus bienes.
