La constructora más grande del Perú, Graña y Montero, se vio salpicada por el escándalo de Odebrecht luego de que autoridades peruanas anunciaran que la empresa será llamada dentro de la investigación en curso por la entrega de más de USD 20 millones en sobornos por parte de la constructora brasilera a funcionarios públicos peruanos, entre ellos a expresidentes de la república, para hacerse a contratos estatales.
El pasado martes, Graña y Montero confirmó que un juez citó a representantes de la empresa para responder un interrogatorio para incorporar al expediente a varias sociedades del grupo empresarial Graña y Montero por ser socias en empresas conjuntas y otro tipo de estructuras jurídicas con Odebrecht.
En efecto, durante 2015 y 2016 Graña y Montero fue aliada de Odebrecht para la construcción de un oleoducto en el norte del país justo cuando la empresa brasilera reconoció haber entregado sobornos para mantener u obtener contratos de infraestructura en el Perú.
Frente a esta acción, la compañía rechazó todas las acusaciones y, en un comunicado de prensa, señaló que el grupo empresarial no ha sido y no es una plataforma para canalizar coimas a funcionarios corruptos y que el conglomerado corporativo está en permanentemente lucha contra este tipo de conductas.
Graña y Montero reiteró que si hubo alguna conducta irregular de sus funcionarios o colaboradores fueron casos aislados, que no tenían conocimiento del entramado de corrupción y que está dispuesta a colaborar con las investigaciones de los fiscales.
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